Un tribunal militar marroquí condenó en febrero de 2013 a 25 saharauis acusados de organizar el campamento de protesta pacífica Gdeim Izik, a las afueras de El Aaiún, en octubre de 2010, y de la muerte de 11 militares durante el desmantelamiento del mismo. Contra ocho de los procesados se dictó cadena perpetua. Una de esas condenas fue la de Hassanna Aalía, el joven activista de 26 años que se encontraba en España durante la celebración del juicio y al que ahora el Gobierno español le ha denegado el asilo político.

“Si Hassanna regresa al Sáhara ocupado, lo meterán en la cárcel y lo van a torturar. Pero también podría desaparecer. En ese caso lo matarían y como no hay constancia oficial de que esté en manos de la policía marroquí, el reino de Marruecos no sería responsable”, explica Francisco Serrano, abogado, presidente de la Asociación de Juristas Andaluces por el Sáhara (AJASÁHARA) y uno de los observadores en el proceso judicial que se siguió contra los activistas saharauis. “Su vida corre peligro”, insiste.

Serrano presenció en Rabat, junto a observadores de diferentes países y organizaciones en defensa de los derechos humanos, cómo un tribunal militar condenaba a unos civiles en un contexto de desprotección jurídica y de violación de las garantías procesales.

"El juicio fue una farsa auténtica. Las presuntas víctimas eran militares, por lo que el tribunal no podía ser también militar, ya que eso no garantiza la imparcialidad. La propia milicia no puede ser juez y parte en el mismo proceso”, especifica Serrano, que acudió a Rabat con el Consejo General de la Abogacía.

Serrano:“El Gobierno legitima el juicio pero esperemos que recapacite y no permita este atropello a la justicia, a la legalidad internacional y a los DDHH"

Huelga de hambre

Este viernes, una delegación de activistas de diferentes organizaciones pro saharauis ha comenzado una huelga de hambre en el aeropuerto de Barajas (Madrid), una acción que se suma a otras como la manifestación en Bilbao este sábado 31 y el respaldo institucional del parlamento de Navarra, del Ayuntamiento de Durango y de medio centenar de eurodiputados.

La Policía ha tratado de disolver la pequeña concentración que se ha formado en el aeropuerto madrileño, donde a última hora del viernes todavía permanecía un puñado de personas en señal de protesta por la denegación del asilo a Hassanna Aalía.

"Nos han identificado y nos han dicho que podrían ponernos multas de hasta 45.000 euros", ha explicado a Público Roberto Mesa, uno de los activistas. "No estamos molestando ni interrumpiendo a nadie, ni gritando. Nos quieren echar por una cuestión política", añade.

Prohibidos los tribunales de excepción

Otro rasgo de la falta de garantías tuvo que ver con la propia composición del tribunal: “La Constitución de Marruecos, aprobada en 2011 y presentada como el adalid de las constituciones de los países africanos, prohíbe los tribunales de excepción, y un tribunal militar lo es”, asegura Serrano.

Además, durante el proceso se vulneró un derecho fundamental, el de la tutela judicial efectiva, tal y como apunta el jurista: “Los imputados habían sido torturados, así lo manifestaron ante el juez, y en ningún caso se abrió una investigación para conocer la verdad. Este hecho no le importó al tribunal. Tampoco tuvieron abogados durante sus declaraciones, ni fueron examinados por médicos forenses”.

Precisamente, uno de los acusados denunció una violación con una barra de hierro. “Estuvo dos meses sangrando”. Pero el tribunal se negó a comprobar esta circunstancia. “No quisieron mandarle a un médico forense”, asegura Serrano. “Otro no podía mantenerse en pie por las palizas que le habían dado. Y todo, con la total omisión del presidente del tribunal”, denuncia.

Un juicio con pruebas manipuladas

En el apartado de las pruebas presentadas durante el juicio, Serrano relata cómo percibieron los observadores la manipulación de las mismas. “Presentaron unos machetes, armas blancas, y en ninguno había huellas dactilares que les inculparan. Además, en cualquier sistema penal serio, cuando se presenta una prueba debe estar bajo custodia del secretario judicial para que no se manipule. Allí fue el propio ejército el que sacó una vitrina de tela metálica en color blanco donde estaban expuestas las armas, pero con la particularidad de que la vitrina estaba recién pintada e incluso olía a pintura. Es decir, que esas pruebas no se encontraban bajo custodia judicial”.

La acusación del tribunal militar hacia los 25 saharauis también dejó lugar a las dudas, ya que el procurador les señaló como los responsables de “secuestrar a las 20.000 personas que conformaban el campamento Gdeim Izik”.

11 muertos sin cadáveres

Respecto a la responsabilidad de los saharauis en la muerte de 11 militares marroquís, Serrano asegura que “nada se supo sobre los cadáveres”. “Cuando hay un militar muerto lo suelen enterrar con honores, se sabe dónde está el cuerpo y en qué morgue permaneció. Pero en este caso no hubo autopsias ni datos que probaran que los militares fueron asesinado por las armas que allí se expusieron. Tampoco se supo dónde les habían enterrado, ni en qué morgue estuvieron”.

Por otro lado, no se tuvo en cuenta el concepto de la “legítima defensa”, que habría amparado a los saharauis que se manifestaban de forma pacífica hasta que su protesta fue interrumpida con violencia. “El uso de la fuerza para legítima defensa está permitido en algunos casos, y este es uno de ellos. Es un derecho que tiene toda persona”, aclara Serrano.

En definitiva, según este observador, en el juicio no se presentó “ninguna prueba incriminatoria de ninguna de las acusaciones”. Con todo, el Ministerio de Interior español ha denegado el asilo político a uno de los condenados a cadena perpetua. “El Gobierno legitima este juicio pero esperemos que recapacite y no permita este atropello a la justicia, a la legalidad internacional y a los derechos humanos”, anhela Serrano.

Interior deniega el asilo

Acudió a España para realizar un curso de derechos humanos y, mientras, Marruecos lo condenaba a cadena perpetua. Hassanna Aalía afronta un nuevo varapalo tras ver cómo el Gobierno español, a través del Ministerio de Interior, le ha denegado su solicitud de asilo como refugiado político. El departamento que dirige Jorge Fernández Díaz le remitió el pasado 19 de enero la “invitación obligatoria” a salir del país antes del próximo 4 de febrero.

En el escrito, Interior reconoce a Aalía como un activista político, pero al mismo tiempo legitima el tribunal militar marroquí que dictó cárcel perpetua contra él, considerando acorde a derecho el proceso judicial al que fue sometido “en rebeldía”, es decir, sin estar presente y, por tanto, sin que Aalía pudiera ejercer su derecho a defensa.

Ahora, este joven saharaui nacido en El Aaiún apura el tiempo en recabar apoyos y tramitar los recursos necesarios.

Condena por participar en una protesta pacífica

Los hechos por los que Aalía ha sido condenado se remontan a 2010. Entre octubre y noviembre de ese año, más de 20.000 saharauis levantaron sus jaimas (tiendas) a las afueras de El Aaiún como símbolo de una protesta pacífica con la que reivindicar la mejora de sus condiciones de vida.

El ejército de Marruecos puso fin al campamento, denominado Gdeim Izik, de forma violenta, prendiendo fuego a las jaimas y provocando unos enfrentamientos que se saldaron con la muerte de 11 policías, según las autoridades marroquíes, 41 saharauis, según el Frente Polisario, y cientos de heridos y desaparecidos. Aalía, participante en el campamento, fue detenido en los días siguiente al desmantelamiento del mismo, sometido a torturas y, finalmente, juzgado por un tribunal civil de El Aaiún en enero de 2011. Fue condenado a cuatro meses de cárcel, pero esta pena no llegó a ejecutarse.

“Desde entonces salí varias veces del Sáhara; me fui al Foro Social Mundial de Dakar y vine en varias ocasiones a España”, relata Aalía en conversaciones con Público. “Después de cada viaje siempre regresaba a casa, sin problemas”, añade.

Hasta que un día, en octubre de 2011, mientras asistía en Bilbao a una formación para activistas en materia de derechos humanos, Marruecos emitió una orden de búsqueda y captura contra él. Al poco, Aalía, solicitó el estatuto de refugiado político en España.

Dos años después, en febrero de 2013, comenzó en Rabat un juicio militar contra 25 civiles saharauis acusados de organizar el campamento Gdeim Izik. Entre los acusados se encontraba Hassanna Aalía. “Una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo motivo, pero así ha pasado en mi caso: el tribunal militar me ha juzgado por unos hechos sobre los que ya tenía una sentencia y me ha condenado a cadena perpetua. Además me juzgaron en rebeldía, y no pude tener defensa”, lamenta.

Su defensa la encarna el abogado Javier Canivell, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). “Los argumentos que tenemos son los que nos han dado todos los observadores internacionales que estuvieron en el juicio del tribunal militar en Rabat, donde no hubo ninguna garantía para ser considerado justo”, apunta Canivell. “Hay elementos de peso en este caso”, concreta.

Con todo, la actitud del Gobierno español no es muy proclive a otorgar la condición de refugiado político. En 2013, de las 4.502 solicitudes de protección internacional presentadas en España, solo se concedieron 206.

“Ningún país acoge a tan pocos solicitantes de asilo. Y es en este contexto donde se le deniega el asilo a Hassanna”, clarifica Canivell.

Aalía reconoce una trayectoria de militancia comprometida con la independencia de su pueblo: “Llevo desde los 17 años participando en la lucha pacífica, acudiendo a manifestaciones reivindicando el derecho a la autodeterminación, y a lo largo de estos años me han detenido varias veces, he estado en comisarías y he sufrido torturas”.