BOGOTÁ.- Después de tres años de negociaciones, se ha iniciado en La Habana la fase final y definitiva para poner fin a la violencia política que azota Colombia desde hace más de medio siglo.

Las delegaciones del Gobierno y de la guerrilla de las FARC deberán acordar antes del 23 de marzo el cese el fuego bilateral y definitivo, el abandono de las armas y reincorporación de los insurgentes a la vida civil y la formula para refrendar los acuerdos que impida una vuelta atrás una vez lograda la paz.

Hace cuatro años, tras meses de negociaciones secretas, el hermano del presidente, el periodista Enrique Santos Calderón, y los jefes de las FARC acordaron una agenda de cinco puntos para lo que titularon Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. De aquella agenda ya han acordado el Gobierno y la guerrilla los puntos relativos al desarrollo agrario integral, participación política de la guerrilla una vez se desmovilice, la solución al problema de las drogas ilegales y el de víctimas y justicia.

Este último ha sido el más trabajoso de lograr, con discusiones que han durado más de 17 meses. Además del reconocimiento y reparación a las víctimas del conflicto, a lo que los comandantes de las FARC se han mostrado plenamente dispuestos, prevé la creación de todo un sistema de justicia con cuatro salas: de reconocimiento de la verdad y responsabilidad y determinación de hechos y conductas, de amnistía o indulto, de “definición de situaciones jurídicas” y de investigación y acusación”.

Más de 14.000 investigaciones sobre civiles implicados en la guerra

Lo más nuevo y problemático es que por esta Justicia de Paz, además de la guerrilla, han de desfilar militares, policías, empresarios, políticos, funcionarios o ganaderos que tuvieron algo que ver con el apoyo a fuerzas irregulares, principalmente la formación y financiación del paramilitarismo y sus centenares de masacres llevadas a cabo durante décadas. En algunos casos, para confrontar la influencia guerrillera; en la mayoría, para apropiarse de territorio con el desplazamiento de más de cinco millones de colombianos. La fiscalía tiene archivadas más de 14.000 investigaciones sobre civiles implicados en la guerra.

De estos sectores, de la potente industria de seguridad (que quedará fuera de juego con la paz y de los fieles al expresidente Álvaro Uribe, cuya única bandera es la oposición al proceso de paz del actual jefe del Estado, Juan Manuel Santos), provienen los mayores enemigos al fin político del conflicto.

Ahora se inicia formalmente en La Habana la negociación para el abandono de las armas y la desmovilización de los guerrilleros para lo que, paralelamente a la mesa formal, trabaja una subcomisión formada por militares en activo y comandantes de la guerrilla.

El enigmático general Naranjo dirige la negociación sobre la seguridad de los guerrilleros tras el acuerdo

El punto pendiente más delicado, junto a la futura firma de los acuerdos de paz por la población colombiana, sobre el que están enfrentadas las propuestas del Gobierno y las FARC, es el de la seguridad de los guerrilleros una vez reincorporados a la vida civil.

En nombre del Gobierno Santos, preside la negociación en este punto su antiguo director de la Policía, el enigmático general Oscar Naranjo.

Está muy presente el recuerdo de la Unión Patriotica, la fuerza civil surgida de las FARC tras la negociación con el expresidente Belisario Betancur en 1985 y que se convirtió por las urnas en la tercera fuerza política de Colombia. En poco tiempo fue laminada por los paramilitares y las fuerzas de seguridad, con el asesinato de más de 3.000 de sus miembros, entre ellos dos candidatos la presidencia y la desaparición más de mil de sus miembros.

La vigencia del paramilitarismo que, con distintos nombres, está presente en más de veinte departamentos de Colombia, es la mayor inquietud que expresan en sus conversaciones con Público en La Habana los máximos jefes negociadores de la guerrilla, Pablo Catatumbo e Iván Márquez. No en vano este último tuvo que echarse de nuevo al monte en 1986, con su acta de diputado de la Unión Patriótica en el bolsillo.
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