El Gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis ha dado los primeros pasos de lo que será a partir de ahora la nueva política de migración de Grecia: menos congestión de los campamentos en las islas mediante más traslados al continente, pero sobre todo mediante más control marítimo y más deportaciones.

Ante la llegada repentina este jueves de más de medio millar de migrantes a Lesbos en menos de una hora, el Gobierno decidió acelerar los planes de una política que ya formaba parte del programa electoral de Mitsotakis.

En una reunión extraordinaria del Consejo de Defensa y Exteriores celebrada hoy se decidieron una serie de medidas, de las cuales la más urgente tiene carácter humanitario: reunificar a 116 menores no acompañados que se encuentran en las islas con sus familiares en otros países de la Unión Europea con los que ya se ha llegado a un acuerdo.

Según informó el Gobierno, en las próximas semanas serán trasladados además otros 250 niños a estructuras de acogida en el territorio continental. El protocolo firmado por la Unión Europea y Turquía en 2016 solo permite el traslado a la parte continental de refugiados cuya solicitud de asilo haya sido aceptada o que pertenecen a grupos vulnerables (mujeres, niños o enfermos), uno de los motivos que han llevado a la superpoblación de los campamentos en las islas.

La reunión de hoy se celebró no solo por el caso de Lesbos, sino ante un repunte de llegadas que se ha venido experimentando en los últimos meses pero que se ha acentuado a lo largo de todo agosto, lo que hace temer una nueva crisis en esta parte del Mediterráneo, sobre todo ante los nuevos enfrentamientos en el noroeste de Siria.

Probable acuerdo con Turquía

El ministerio de Exteriores presentó el viernes una protesta formal ante el Gobierno de Ankara, al que emplazó a cumplir a rajatabla el protocolo firmado con la Unión Europea en 2016. Uno de los puntos de este acuerdo prevé que Turquía hará todo lo posible por evitar la llegada de refugiados a territorio comunitario.
Entre las medidas aprobadas hoy figura además una encaminada a acelerar las devoluciones a Turquía de personas a las que se les ha denegado el asilo político, una de las piezas clave del citado acuerdo.

El Gobierno acordó abolir la posibilidad de que un peticionario al que le ha sido rechazada su solicitud en primera instancia pueda apelar esta decisión, una herramienta jurídica que salvó a muchos migrantes de ser deportados.

De ahora en adelante, señaló el Gobierno, una denegación de la petición de asilo conducirá a la devolución inmediata de la persona en cuestión a su país de origen. En la reunión se acordó además incrementar la vigilancia fronteriza en cooperación con Frontex, los socios europeos y la OTAN, y aumentar las patrullas policiales para detectar a migrantes cuyas solicitudes hayan sido rechazadas y expulsarles.

El Gobierno acusó al Ejecutivo anterior, presidido por el izquierdista Alexis Tsipras, de "inactividad" ante todo el problema, por ejemplo, de no haber puesto en marcha el Sistema Nacional Integrado de Vigilancia Marítima, dotado con 50 millones de euros, que contempla interconectar los sistemas de la Guardia Costera y la Marina y reforzar la vigilancia con cámaras, drones y otro tipo de equipos de observación.

El aumento de las llegadas ha llevado a que en las islas griegas haya actualmente más de 20.000 personas repartidas en instalaciones diseñadas para albergar a 6.000.

El campamento más afectado es el de Moria, en Lesbos, donde se hacinan más de 10.000 personas, lo que triplica sus capacidades. Las organizaciones humanitarias llevan años denunciando la situación de un campamento con condiciones de vida inhumanas, y han reprochado a Grecia no querer mejorarlas adrede, para evitar así que haya un efecto llamada.

Incluso los trabajadores del propio campamento manifestaron este viernes su indignación por la situación. "La situación ha llegado a su límite y existen riesgos de epidemias, muertes ante la llegada del frío invernal, suicidios, levantamientos o comportamientos violentos por parte de los migrantes, ya que viven en condiciones miserables", señalaron en un comunicado.