El Gobierno griego cierra su televisión pública

La radiotelevisión pública griega ERT dejó de existir la pasada medianoche, si bien centenares de los 2.656 trabajadores que forman la plantilla siguen manteniendo ocupada su sede en Atenas. El ministerio de Finanzas anunció poco antes de la medianoche que a partir de ese momento ERT dejaba de existir, la sede debía ser desalojada y la programación suspendida "hasta la aprobación de una ley que establezca la creación de una nueva cadena pública".

Las señales empezaron a caer una a una poco antes de la medianoche, mientras los trabajadores de ERT emitían información continua en directo. La plantilla había decidido autogestionarse y luchar contra un cierre anunciado inesperadamente unas horas antes por el portavoz de Gobierno, Simos Kedikoglu.

Millares de personas se congregaron ante la sede del ente para protestar contra esta medida, muchas de las cuales aguantaron hasta entrada la madrugada.

La troika exige a Grecia despedir a 2.000 funcionarios este años y 15.000 en 2014

Para esta mañana hay prevista una nueva manifestación y el sindicato de medios ha convocado para el miércoles una huelga de 24 horas en las cadenas de televisión y el jueves en la prensa escrita. Mientras, ERT sigue por el momento retransmitiendo por su canal digital.

El anuncio del cierre cayó como un jarro de agua fría no solo en el mundo del periodismo, sino también entre los intelectuales, deportistas, la Iglesia y la diáspora, para la que con frecuencia el canal internacional de la televisión pública es el único nexo con su país de origen.

Al anunciar la desaparición de ERT, Kedikoglu señaló que en lugar del actual ente se creará "cuanto antes" otra empresa pública "moderna", más eficiente y con una plantilla "mucho más pequeña". El portavoz dijo que con esta decisión, el Gobierno ponía punto final a un "despilfarro" de fondos públicos y demostraba su "voluntad política" de reformar el sistema de radiodifusión pública.

Entre los políticos nadie ha puesto en duda la necesidad de modernizar la radiotelevisión pública, ni siquiera el principal partido de la oposición, el izquierdista Syriza, pero la reacción de rechazo al cierre drástico ha sido unánime. Incluso los dos socios de la coalición tripartita, socialdemócratas e izquierda moderada, cuyos ministros no firmaron el decreto, manifestaron su rechazo y anunciaron que votarán en contra en cuanto el texto sea sometido al Parlamento, lo que puede suponer una prueba de fuego para el Gobierno de Andonis Samarás.

"ERT no es propiedad del Gobierno sino del pueblo griego", declaró el portavoz de Syriza  

La decisión del Gobierno griego pondrá en la calle a los 2.800 trabajadores de la televisión cumpliendo de un plumazo con las imposiciones de la troika, que le exige despedir a 2.000 empleados públicos este año y 15.000 el siguiente. El plan del Ejecutivo es reabrir después la cadena con un número muy reducido de empleados. "Cambios no se hacen sin rupturas radicales. Muchos decían hasta ahora que no hay voluntad política para rupturas. El Gobierno actual prueba que sí la tiene y eso es lo que pide el pueblo heleno", dijo Simos Kedikoglu. Según el diario Kathimerini, la nueva plantilla estará compuesta por 700 personas, así que los números le cuadran perfectamente a Samaras.

El Gobierno asegura que por cada empleado considerado como excesivo en ERT, habrá nuevas contrataciones en otros sectores más necesitados de personal, como hospitales y otros servicios de la administración pública donde son necesarios, algo que resulta difícil de creer teniendo en cuenta precisamente esas exigencias de la troika.

Decreto ley de Samaras

Kedikoglu aseguró también que el nuevo ente público reforzará los servicios por satélite y las tecnologías modernas, "para que sea un instrumento de promoción de Grecia" y ofrezca información a los griegos en el extranjero. Mientras no se haya creado, los ciudadanos quedarán exentos del canon que vienen pagando mensualmente, contribución que, según el portavoz, se reducirá sensiblemente en el futuro.

El anuncio del cierre había estado precedido por la firma de un decreto ley que causó un revuelo tanto entre los empleados de la cadena pública, como entre los partidos políticos, incluido el del propio Samaras, los socialdemócratas de Pasok y la izquierda moderada de Dimar. En un comunicado, Pasok destaca que un Gobierno tripartito no puede actuar con decisiones unilaterales.

Todos contrarios al cierre

El decreto no había sido firmado más que por los ministros de la conservadora Nueva Democracia, pero no por los de los socios de la coalición. "ERT debe convertirse en una entidad moderna, pública y acorde con las normas europeas. Su reforma no puede hacerse suspendiendo su funcionamiento y a costa de más de 2.000 puestos de trabajo", indicó Pasok. Para Dimar, la actitud de Samaras es un acto "unilateral y autoritario". En un comunicado, los comunistas recalcan que "es impensable que en un país europeo deje de funcionar una televisión pública, ni siquiera por espacio de una hora". "El posible cierre de ERT pondría de manifiesto la incapacidad del Gobierno de llevar a cabo la reforma administrativa", rezaba la nota.

Al igual que ocurre en toda la administración pública, la radiotelevisión griega sufre de un exceso de personal administrativo. Según vienen denunciando desde hace tiempo los sindicatos de medios, hay en cambio una clara escasez de periodistas y técnicos. "ERT no es propiedad del Gobierno sino del pueblo griego", declaró por su parte, Panos Skurletis, portavoz de Syriza.