El Orgullo LGTBI de Roma ha transcurrido sin el apoyo de su región, Lazio, después de que su nuevo presidente, el conservador Francesco Rocca, retirase el patrocinio al evento usando como justificación un manifiesto que incluye la defensa de los vientres de alquiler.

El Gobierno regional aprovechó el posicionamiento en contra del Ejecutivo de Meloni en este asunto para retirar el patrocinio a las reivindicaciones de la comunidad LGTBI. Un día después, Rocca aseguró que si se retiraba la defensa de esta práctica en el manifiesto del Orgullo devolvería el patrocinio.

Sin embargo, desde la organización del evento critican que es un "pretexto" utilizado por el Gobierno para atacar a la comunidad LGTBI, ya que entienden que patrocinar el evento no es adherirse a todas las reivindicaciones sino una muestra de apoyo general, según recogen medios locales.

Además, la parte del manifiesto que reclama "una ley que introduzca y regule también en Italia una gestación subrogada ética y solidaria, basada en el pleno respeto de todas las personas involucradas", ha estado en otros años que sí recibieron el patrocinio, señala la organización.

El movimiento ultraconservador Provida y Familia días antes había reclamado a Rocca que retirase el patrocinio al Orgullo romano ya que, a su parecer, aboga por "legalizar el vientre de alquiler, el matrimonio igualitario, las adopciones homosexuales o la inclusión en los registros de los hijos de parejas gay", se lee en una nota.

El vientre de alquiler ha sido rechazado de pleno por la actual coalición del Gobierno nacional, presidido por la ultra Giorgia Meloni, y también por el regional del Lazio y por Rocca, expresidente de Cruz Roja italiana y presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

El partido que lidera la presidenta italiana rechazó también el pasado marzo el Certificado Europeo de Paternidad propuesto por la Comisión Europea, para que todos los países de la UE reconozcan automáticamente la paternidad establecida y legal en otro Estado miembro, incluida la de las familias LGTBI.

Los senadores contrarios al certificado añadieron que puede suponer una cuestión problemática en el caso de los vientres de alquiler, legal en algunos países de la UE y prohibido en Italia. Sin embargo, ese rechazo supone un obstáculo para los derechos de los menores, especialmente de parejas del mismo sexo.