El sur de México seguirá siendo frontera para los migrantes centroamericanos que se dirigen hacia Estados Unidos. También con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuyos voceros hablan de una "nueva política migratoria" pero que su práctica se asemeja cada vez más a gobiernos anteriores. El último ejemplo es una redada contra integrantes de una caravana interceptada en Pijijiapan, estado de Chiapas, se cerró el lunes con el arresto de 371 personas, un tercio de ellos menores. El nuevo Ejecutivo pone énfasis en el discurso sobre Derechos Humanos y políticas "humanitarias" pero, en la práctica, lleva a cabo una estrategia que tiene los mismos efectos que las desarrolladas por gobiernos anteriores: la detención y la deportación de aquellos que tratan de llegar al norte de forma irregular.

El operativo del lunes, realizando entre el Instituto Nacional de Migración (INM) y agentes de la Policía Federal, dejó imágenes terribles: uniformados arrancando a niños del brazo de sus madres, migrantes aterrorizados huyendo campo a través y decenas de hombres, mujeres y niños arrestados y encerrados en la Feria Mesoamericana de Tapachula. Se trata de la misma cárcel para migrantes que estuvo operativa entre octubre y noviembre de 2018, durante la mayor caravana que ha atravesado el país norteamericano. 

Las imágenes obligaron a dar la cara a los principales responsables de la política migratoria de López Obrador: Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; Tonatiuh Guillén, comisionado del INM; Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación y Marcelo Ebrad, secretario de Relaciones Exteriores.

No dijeron nada nuevo. Pero sí ayudaron a clarificar unos mensajes que habitualmente suelen ser ambiguos. México sigue siendo la frontera sur de Estados Unidos y, en la práctica, el plan del gobierno de López Obrador se divide en dos estrategias que buscan impedir el paso de los centroamericanos hacia el norte: oferta de empleo en el sur del país a través de la tarjeta de visitante regional o la tarjeta de trabajador fronterizo y, en caso de que esta no surta efecto, persecución y deportación.

Una paradoja: el actual gobierno, el primero de izquierdas en la historia de México, ha deportado más que su antecesor por las mismas fechas, el denostado Enrique Peña Nieto. Guillén explicó que, en lo que llevamos de abril, su gobierno ha expulsado a 11.800 personas, aproximadamente, por las 11.200 que devolvió el ejecutivo anterior hace un año. 

En enero, cuando la primera caravana del año llegó al puente Rodolfo Robles, que divide Guatemala y México, los migrantes se encontraron con una gran sorpresa. En lugar de policías antidisturbios había funcionarios que ofrecían agua. En vez de un largo proceso de regularización, un Gobierno que ofrecía un mecanismo para regularizarse. Se trata de la tarjeta de visitante por motivos humanitarios, que permite permanecer durante un año en México, con permiso de trabajo y libre tránsito y la posibilidad de ser renovado cada año. El programa finalizó el 28 de enero. Diez días después se habían entregado 13.270 tarjetas a ciudadanos hondureños, guatemaltecos y salvadoreños.

Migrante hondureño vigila los teléfonos de otros migrantes mientras se reúnen en un refugio improvisado durante una pausa en su viaje por México hacia EEUU. 19 de abril de 2019 | REUTERS/ José Cabezas

La sorpresa terminó convertida en espejismo

En aquel momento, Tonatiuh Guillén aseguró que todos los que llegasen recibirían esa tarjeta. Pero ya entonces empezaron las dudas y los discursos ambiguos. Finalmente, se puso fin al reparto de tarjetas en el Rodolfo Robles y se prometió que, en un futuro, este permiso se podría solicitar en los consulados de México en Honduras, Guatemala y El Salvador. El problema es que ahora los solicitantes tendrán que presentar pruebas de que su vida corre peligro en origen. Es decir, un proceso similar a la solicitud de refugio, que hasta ahora había sido utilizada por el Gobierno mexicano como mecanismo regularizador de migrantes. 

En este punto existe una gran diferencia entre lo que los responsables migratorios mexicanos aseguraban y lo que ocurría realmente en el terreno. Guillén siempre ha afirmado que era una oportunidad para que los centroamericanos se estableciesen en México. Pero la mayor parte de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños quieren llegar a la frontera con Estados Unidos. Trabajar al otro lado no solo es garantía de vivir mejor para el que migra, sino también para sus familias. Las remesas suponen entre el 10% y el 18% del PIB de los países del Triángulo Norte. Y esto implica cobrar en dólares, no en pesos, cuyo cambio está en 20 a uno.

A pesar de ello, él insiste: "este recurso es una política de inclusión, no de tránsito. Yo creo que ahí hay un problema de entenderlas, no era una, no es un instrumento de tránsito cualquiera, es un instrumento de inclusión".

Quienes accedieron a este documento subieron hacia el norte. Era obvio. No iban a quedarse en los estados más pobres de México teniendo derecho a seguir avanzando. Ahora, en el origen, se les va a exigir documentos que prueben que están en peligro para que puedan acceder a esta tarjeta. Es decir, se trata de un mecanismo similar a la solicitud de refugio pero que se hará en los consulados. Además, con una diferencia: si un refugiado comete un delito no pierde su condición, mientras que esta tarjeta es de cortesía, se da pero se puede quitar. 

Los funcionarios mexicanos niegan que las presiones de Estados Unidos hayan cambiado su política migratoria. Pero lo cierto es que desde febrero los mensajes de Donald Trump se han modificado. Primero culpaba a López Obrador de no hacer nada para parar a los migrantes. Luego llegó a aplaudir a su homólogo, asegurando que estaba deteniendo a "todo el mundo".

El uso de la tarjeta de visitante por motivos humanitarios va a entrar en declive. Podrá reclamarse en los consulados, pero es discrecional y va a estar más restringida.

En su lugar, el Ejecutivo de López Obrador quiere priorizar dos documentos para el modelo de migración "segura y ordenada": tarjeta de trabajador fronterizo y tarjeta de visitante regional. En ambos casos, el permiso se limita a los estados del sur: Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Antes incluso de tomar posesión, López Obrador vinculó la migración con la construcción de grandes proyectos como el Tren Maya, cuyas obras está previsto que se inicien en diciembre.

Herlinda Segovia, de 68 años, lleva a su nieto en su silla de ruedas mientras su familia camina por México hacia EEUU | REUTERS/ José Cabezas