Uruguay cierra el calendario electoral de Latinoamérica dentro de una semana. El domingo 27 se realizará la primera vuelta de las presidenciales con 11  candidatos. Si ninguno obtiene la mayoría absoluta –el 50% más uno de los votos–, el desenlace se postergará para el segundo turno del 24 de noviembre. Yamandú Orsi, del Frente Amplio, lidera todas las encuestas y Álvaro Delgado, del Partido Nacional, es el mejor posicionado entre sus socios de la coalición en el actual Gobierno. Andrés Ojeda, del Partido Colorado, ha crecido en los sondeos, pero sus porcentajes no alcanzarían para desplazar al delfín político del actual jefe de Estado, Luis Lacalle Pou, en la muy probable segunda vuelta.

Las elecciones no solo definirán al futuro presidente –la posibilidad de reelección no es posible en Uruguay–, ya que también se renovará la totalidad del Parlamento: los 30 senadores y 99 diputados que lo integran. Además, en los comicios donde el voto es obligatorio se someterán a plebiscito dos temas: una reforma previsional que promueve rebajar la edad de jubilación, impulsada por la central sindical del PIT-CNT, y la atribución para que el Estado ejecute allanamientos nocturnos, una iniciativa que propuso el ala conservadora en el Gobierno y que la constitución uruguaya prohíbe expresamente.

El padrón de este país tiene 2.766.323 electores, hay que ser mayor de 18 años para participar en los comicios y no se permite el sufragio consular –el voto que se emite en la sede del consulado del país–. Uruguay y Surinam son los dos únicos estados latinoamericanos con este impedimento. El Frente Amplio lleva años intentando modificar esta restricción, pero todavía no ha tenido éxito. Promovió un plebiscito en 2009 y lo perdió.

Se calcula que casi 600.000 uruguayos viven en el exterior y un gran porcentaje de esa cantidad lo hace en Argentina. Muchos procuran regresar para votar el próximo domingo. Con relación a los comicios de 2019, hay 240.000 personas más en el padrón.

Las cuatro principales encuestadoras, Cifra, Equipos, Opción y Factum, dan ganador en primera vuelta a Orsi, el exintendente de Canelones. En dos casos con el 44%, una con el 43% y la restante con el 42%. En promedio todas las consultoras reflejan una distancia de 20 puntos sobre Delgado, quien también fue secretario de la Presidencia durante el Gobierno de Lacalle Pou entre 2020 y 2023. Se trata de un mandatario que se aleja en medio de las denuncias de corrupción contra su Ejecutivo.

El candidato con más expectativa de voto en la coalición que completan el ultraderechista Cabildo Abierto y los partidos Colorado, Independiente y De La Gente también tiene otro problema. Delgado y los blancos –como se conocen a los miembros del Partido Nacional– han observado cómo se les acerca en los sondeos la candidatura de Ojeda, un joven abogado y habitual panelista de TV.

Entre los socios de la entente liberal-conservadora, el general retirado Guido Manini Ríos ha bajado de manera considerable sus porcentajes ahora entre el 1% y el 4% en el mejor de los casos. En 2019 había acariciado el 11% de los votos en la primera vuelta.

Para el Frente Amplio, el objetivo a cumplir en esta primera vuelta es obtener la mayoría que le permitiría dominar con más espalda política la Asamblea General. Sobre todo en el Senado –ya que los diputados son una composición más diversa de la cámara– donde la fuerza de izquierda hoy tiene trece asientos. "La elección de octubre define fundamentalmente el Parlamento", ha declarado Orsi en una entrevista reciente.

El escenario para las elecciones dentro de siete días difiere de la potencial segunda vuelta que se daría el 24 de noviembre. Como hace cinco años, cuando el Frente ganó con comodidad el primer turno –su candidato Daniel Martínez superó por diez puntos a Lacalle Pou–, en la segunda vuelta se unieron las fuerzas de derecha y permitieron que el actual presidente ganara en una reñidísima votación.

Pero hay una diferencia que puede ser crucial con relación a 2019. Orsi, a diferencia de Martínez, saca ahora una diferencia de 20 puntos y no de diez sobre el candidato mejor posicionado del Partido Nacional. Y otro dato clave es que el Frente es la única fuerza que por sí sola y sin aliados, crece en las segundas vueltas.

La unidad que componen el Movimiento de Participación Popular (MPP) de José Mujica, los partidos Comunista, Socialista, Demócrata Cristiano y varias expresiones de la izquierda uruguaya que forman el Frente, es una fuerza con militancia territorial en todo el Uruguay que tiene unos 500 comités de base. Su participativa vida política interna quedó demostrada en las últimas elecciones donde se decidió la fórmula presidencial Orsi-Cosse, que con holgura superó en votantes a los blancos.

La principal tensión que ha soportado en los últimos meses es la convocatoria al plebiscito para reformar el régimen de Seguridad Social. Cuando se confirmó que la junta de firmas había superado el 10% del padrón electoral el pasado mes de julio, los sectores del Frente Amplio celebraron que impulsaban el cambio. Este referéndum lo respaldan el PIT-CNT, con su presidente a la cabeza, el dirigente metalúrgico Marcelo Abdala, los comunistas y socialistas. En cambio, el MPP, el propio Pepe Mujica y otros sectores agrupados en Frenteamplistas por el No, se pronunciaron en contra.

Carolina Cosse, la candidata a vicepresidenta de Orsi, expresó en diálogo con Página12: "Tenemos una mala ley ahora, producto de este Gobierno que incumplió promesas de campaña. La organización de los trabajadores planteó un plebiscito modificando la constitución. En el programa del Frente Amplio hay algunas ideas que coinciden con el contenido de la papeleta del PIT-CNT. Por ejemplo, la jubilación a los 60 años, que el pilar del ahorro sea no lucrativo y algunas otras cosas". En definitiva, se dejó en libertad de acción a la militancia del Frente para que decida.

El otro plebiscito que idearon los aliados de la coalición en el Gobierno se convocó para modificar el artículo 11 de la carta magna, que establece: "El hogar es un lugar sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo con orden expresa de juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley". La derecha pretende habilitar los allanamientos nocturnos, según el senador blanco Carlos Camy, porque "es importante que la Policía y la Justicia tengan una herramienta más para dotar de mayor eficacia su tarea de combatir el delito, fundamentalmente el narcotráfico y el crimen organizado".

La historia uruguaya demuestra que solo una vez se aprobó un tema sometido a referéndum. Fue en 1989. Incluso 20 años después, en 2009, fue rechazada la posibilidad de terminar con la Ley de Caducidad o llamada Ley de Impunidad, que impedía juzgar a los militares que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar. La norma era de 1986 y solo había sido votada en la Asamblea Nacional con el apoyo de blancos y colorados.