Uno de los ancianos tiene más de 80 años y se encuentra en una residencia de mayores de lujo contra su voluntad mientras sus hijos le ocupan el palacete del que es propietario en un barrio muy selecto de París. Y otro abuelo también octogenario, en una residencia de ancianos de mala muerte, todavía se acuerda de cuando su hijo, no lejos de cumplir los 45 años y parado, le robaba la pensión para comprarse videojuegos.

Casos así son los que han relatado más de 60 profesionales y 120 organizaciones de protección de la tercera edad en el marco de una reciente misión organizada por el Mediador de la República, una de las administraciones que ejercen las funciones de Defensor del Pueblo en Francia y que representa Jean-Paul Delevoye. El informe levanta el velo a uno de los tabúes más ocultos de este país todavía rico: el maltrato financiero a los ancianos en el marco de la familia.

El informe ahora publicado fue dado a conocer tras un primer estudio, en 2008, de la sección francesa de la Federación Internacional de Asociaciones de Personas Mayores (FIAPA). Revelaba que un 32% de los mayores de 65 años tienen la sensación de ser víctimas de maltrato financiero, y que un 15% están convencido de que se les estafa, simple y llanamente.

Ahora, a petición de magistrados y de profesionales de la Asistencia Pública (la Administración que agrupa hospitales y centros médico-sociales en Francia), el nuevo informe elaborado con los datos suministrados por ancianos internados, que pueden contar su experiencia pasada, concentra el tiro en las mil formas que cobra, en Francia, el 'maltrato financiero familiar'.

Primera constatación: es cierto que la estafa a ancianos sigue viniendo mayoritariamente de los clásicos timadores, por ejemplo delincuentes profesionales que se hacen pasar por electricistas.

Un tercio de los intentos de estafa a ancianos provienen de su propia familia

Pero lo nuevo e inquietante es que la misión del Mediador de la República ha podido confirmar que, efectivamente, al menos un tercio de los intentos de estafa provienen de la familia misma del anciano. Así lo demuestran las denuncias tramitadas por el servicio social Allo Malos Tratos Vejez, el primer teléfono al que llaman los ancianos cuando sufren estafas por parte de la propia familia.

Puede tratarse de la 'ocupación salvaje' de la casa del anciano por su descendencia, como el caso del acaudalado octogenario relatado por un policía a la comisión. El abuelo estuvo durante varios meses confinado en una buhardilla del palacio, mientras escuchaba cómo sus hijos, ejecutivos de empresa que aspiraban a quedarse con el palacete, celebraban fiestas fastuosas en el resto de la casa.

Un nieto visitaba a su abuelo con la condición de que le comprase una moto

También es frecuente, en las clases modestas, el maltrato financiero consistente en obtener un poder de firma para las cuentas del anciano, y luego apropiarse de sus subsidios, de entre 680 euros y hasta unos 2.000, a primeros de cada mes. Ese fue el caso del otro anciano, pobre esta vez, víctima de su propio hijo adicto a los videojuegos y parado, relatado por un magistrado.

'Las personas de la familia que tienen a su cargo una persona mayor vulnerable pueden aprovecharse del hecho de tener firma autorizada en sus cuentas para poder efectuar gastos en beneficio propio', explicó a los medios una de las autoras del informe, Véronique Desjardins, de la Asistencia Pública, relatando el caso de una familia que vendió todas las propiedades del bisabuelo para quedarse con el dinero y no para entregárselo.

El informe establece una tipología. En ella figuran desde los simples 'abusos de debilidad' (se cita el caso de un nieto, único descendiente de un octogenario, que sólo iba a verlo a condición de la compra de una moto), hasta claros robos y estafas tipificables penalmente. En este caso se trata de la utilización de los ahorros del anciano para realizar operaciones en Bolsa, el cambio fraudulento de los beneficiarios de un seguro de vida o modificaciones de testamento.

'Tipificables' y no 'tipificadas' penalmente. Porque, de hecho, el informe del Mediador de la República detecta claramente los errores del dispositivo legal y judicial francés que hacen tan fáciles esas estafas y timos.

Por un lado, el robo en sí, en el seno de la familia, a ascendentes o descendientes, sigue sin ser un delito como tal en Francia, por lo que lo más frecuente es que esas situaciones nunca sean tramitadas por la Justicia. Por otro, el informe detecta una argucia que facilita mucho la vida a los descendientes candidatos a vivir de las rentas del anciano. En Francia, cuando los descendientes solicitan por vía judicial la puesta bajo tutela de un anciano (es decir, que se le confíen los bienes y cuentas, por la supuesta incapacidad de la persona mayor), 'los certificados de los médicos expertos judiciales suelen concluir que la persona concernida queda dispensada de audiencia' por el juez.

Es decir, que resulta extremadamente fácil, en Francia, que un juez confíe a los descendientes la tutela de las cuentas de un anciano, sin que este sea escuchado por el magistrado.

La última gran trampa atrapa-ancianos detectada por el informe reside directamente en el propio aparato judicial. Con el crecimiento del peso demográfico de la tercera edad, las puestas bajo tutela suben exponencialmente: de 700.000 en 2007, a un millón en 2010. Lo que no sube es el número de magistrados a cargo de esos dispositivos: siguen siendo 80 en toda Francia.