Favelas de Río de JaneiroLa pena de muerte en las favelas de Río de Janeiro no entiende de pandemias

La Constitución Federal brasileña de 1988 contempla la pena de muerte en su artículo 5, XLVII, apartado A, enmarcada únicamente, en casos de guerra declarada. Al margen de la ley fundamental, Brasil también contempla la pena de muerte, extraoficialmente, durante las operaciones policiales en las favelas de Río de Janeiro. Tal vez porque las autoridades consideran la gestión de la desigualdad social, o las investigaciones para frenar el narcotráfico, un auténtico conflicto bélico.

Las ejecuciones sumarias se repiten dos o tres veces por semana, cuando las fuerzas de seguridad deciden sobre la marcha quién es inocente y quién es culpable sin necesidad de detención ni proceso judicial, en las operaciones con las que intimidan a los barrios más pobres. Les respalda el viejo dictado de "delincuente bueno, delincuente muerto", que aún defienden muchos. La violencia policial en las favelas de Río no entiende de pandemias, es un libro de estilo que se acata sin detenerse a pensar en los 40.024 casos confirmados de covid-19 en el estado –391.222 en todo Brasil– y en los 4.361 fallecimientos entre la población de Río –24.512 en todo el país–.

Tan solo en los seis días funestos encuadrados entre el 15 y el 21 de mayo, los proyectiles policiales causaron al menos 17 muertes en las favelas de Río, en su inmensa mayoría jóvenes negros. El 21 de mayo, Rodrigo Cerqueira, de 19 años, fallecía tiroteado en una operación de la Policía Militar en el Morro da Providência (centro de Río de Janeiro) mientras participaba en una acción solidaria de reparto de cestas básicas entre los vecinos. Un día antes fue tiroteado João Vitor, de 18 años, en Cidade de Deus.

Durante la pandemia se han efectuado 120 operaciones policiales en las favelas de Río de Janeiro, mientras que solo se han organizado 36 acciones de impacto para combatir la covid-19 

El 18 de mayo, mientras jugaba con unos primos y unos amigos en su casa, fue asesinado João Pedro, un niño de 14 años, en el Complexo de Salgueiro (São Gonçalo). En la residencia familiar fueron encontradas 72 marcas de disparos, tras una acción conjunta de la Policía Civil y la Policía Federal. El mismo día perdió la vida Iago César, de 21 años, en Acari. Tres días antes, la Policía Civil había acabado con la vida de trece personas en el Complexo do Alemão, en la zona norte de la ciudad, sospechosas de estar involucradas en tráfico de drogas y de armas.

Datos oficiales del gobierno del estado de Río, publicados desde el Instituto de Segurança Pública, confirman un número general de "muertes por intervención de agentes del estado" que alcanza las 606 en los cuatro primeros meses del año, siendo 177 en abril, ya con la cuarentena en vigor. Que la Policía Civil se disculpara reconociendo, en el caso del Complexo de Salgueiro (São Gonçalo), que el niño tiroteado era inocente, sin antecedentes penales, explica a las claras que todo vale en las operaciones policiales si las víctimas mortales son consideradas sospechosas. Quedan inculpadas en el acto, y existe vía libre para ejecutarlas sobre el terreno. Es la mano dura que buscaba la mayoría de la población, la que votó como gobernador a Wilson Witzel en las elecciones de octubre de 2018.

En abril y mayo, fruto esas operaciones, murieron 69 personas

Las distintas unidades policiales han diseñado y efectuado 120 operaciones en las favelas de Río de Janeiro durante lo que llevamos de pandemia, según un estudio publicado por la Rede de Observatórios de Segurança. En ese mismo periodo de tiempo, las autoridades solo han organizado 36 acciones de impacto para combatir la covid-19. En abril y mayo, fruto específicamente de estas operaciones orientadas a las favelas, murieron 69 personas (más que en abril y mayo de 2019). El colmo del absurdo y de la sinrazón es "no poder realizar acciones sociales porque hay tiroteos", se indignaba esta semana el activista y periodista Raul Santiago en una charla online organizada por The Intercept. La confrontación afecta, según Santiago, a la labor humanitaria de las organizaciones sociales y a la propia intervención de los agentes sanitarios en los barrios. A veces, además, los proyectiles acaban con las frágiles instalaciones de agua, luz o gas.

Manifiesto para convertir el luto en lucha

La muerte del niño João Pedro, y la del resto de jóvenes negros víctimas de la violencia policial, ha sido el detonante para que cerca de ochocientas organizaciones firmaran un manifiesto que convierte el luto en lucha. "Este crimen bárbaro, por conmover a todo el país, se convierte en un nuevo símbolo de la necropolítica colocada en práctica por el Estado brasileño, capaz de mantener violentas operaciones policiales en favelas y periferias incluso en tiempos de la más mortal pandemia que ha vivido este país", dice el texto.

Lo que ha sucedido con João Pedro, continúa el documento, tiene nombre: "genocidio". Por tratarse de un joven negro, "su cuerpo fue una diana fácil". João Pedro estaba en casa, como le habían orientado desde el gobierno de su estado, "pero para las familias negras en Brasil, la casa, la calle, el barrio, no son sinónimos de seguridad".

Ochocientas organizaciones firmaron un manifiesto que convierte el luto en lucha

Una jornada de conferencias a través de las redes sociales ha reunido este martes a buena parte de las organizaciones firmantes de este manifiesto. Rose Cipriano, del colectivo feminista Minas da Baixada, asegura que estos meses de pandemia significan el auge de una "política sistemática", una crueldad cotidiana. "El Estado extermina, mata, primero dispara y después pregunta". Según Cipriano, para conseguir detener la masacre es necesaria la "unidad del pueblo negro", porque nadie más va a llorar sus muertos. "El verdadero cambio solo va a llegar cuando el pueblo negro se aquilombe" –en referencia a los quilombos, comunidades tradicionales, que persisten hasta nuestros días, de esclavos que lograron escapar de las haciendas–.

Esta unión del pueblo negro de las favelas y periferias de Río de Janeiro se fortifica cada día que pasa. No se cansan de invocar que las vidas negras importan, y de pedir que el Estado pare de matarles. Sufren en sus calles el racismo institucional, que nunca les abandona, y están perplejos porque notan que, acostumbrado a las atrocidades, el Brasil más pudiente ni se despeina ante semejante sucesión de dramas.