En los albores del Plan Colombia, por octubre de 1999, el entonces brigadier general del Ejército, Mario Montoya, llegó a la Base de Tres Esquinas con la misión de establecer la sede de la nueva Fuerza de Tarea Conjunta del Sur, diseñada por EEUU. La estructura era iniciativa estadounidense y, por primera vez, el Ejército, la Armada y las Fuerzas Aéreas colombianas no iban a competir entre sí en la guerra contrainsurgente surgida en 1955, sino a coordinarse y cooperar.

Un mes antes, un coronel jefe de la misión militar de EEUU había comenzado a coordinar la ayuda militar de este país con la comandancia del Ejército de Colombia. Ese año se habían restablecido las relaciones militares después del paréntesis del Gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), cuya campaña fue financiada generosamente por el cartel de Cali y la Casa Blanca rompió lazos.

Andrés Pastrana ganó las presidenciales de 1998 porque anunció un diálogo de paz con las comunistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En campaña, se tomó una foto con el mismísimo comandante de esa guerrilla campesina, el desconfiado estratega militar innato Manuel Marulanda, también conocido como 'Tirofijo', a quien Pastrana le concedió la desmilitarización de 42.000 kilómetros cuadrados en torno al lugar de los diálogos en la región del Caguán.

Antes de tomar posesión el 7 de agosto, Pastrana recorrió Europa con su propuesta de organizar un Plan Marshall para Colombia. La UE estaba entusiasmada. Pero al llegar con la misma propuesta al Departamento de Estado en Washington, allí le dijeron, palabras más, palabras menos: "No, señor Pastrana. Lo que usted tiene que haces es esto".

Y le entregaron, redactado en inglés, el Plan Colombia, una estrategia de guerra masiva contrainsurgente que convirtió al país sudamericano en el tercer receptor de ayuda militar estadounidense en el mundo, después de Egipto e Israel.

El diálogo en el Caguán (que se llevó a cabo en medio de la guerra, fuera de la zona despejada) se volvió un compás de espera para dar tiempo a que el Plan Colombia fuera aprobado por el Congreso de EEUU y a la industria armamentista para fabricar equipos (sobre todo helicópteros) adaptados, por primera vez, al combate en los Andes y las selvas colombianas.

Todo comenzó con la 'Triple A' 

Mario Montoya, como toda la alta oficialidad colombiana, no era un desconocido para los estadounidenses. Cumplió adiestramiento en varias instituciones militares norteamericanas, incluidos el Fuerte Knox y la polémica Escuela de las Américas, donde también fue instructor invitado.

En 1978, siendo teniente, formó parte del BINCI, el siniestro Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano. Precisamente se relaciona a Montoya con el surgimiento allí, entre 1978 y 1979, de un grupo inspirado en el golpismo argentino y que, según informes estadounidenses, fue autorizado por el entonces comandante del Ejército de Colombia, general Jorge Robledo Pulido.

Se trata de la Alianza Anticomunista Americana (AAA o Triple A), que cometió atentados contra medios críticos que denunciaban violaciones de los derechos humanos, entre ellos el semanario comunistaVoz, la revista quincenal Alternativa y el vespertino El Bogotano.

Además, amenazó a políticos opositores y asesinó a quienes consideraba población de apoyo de las guerrillas. Era el Gobierno del represor Julio César Turbay.

La tarea del BINCI: "Contener la infiltración comunista, bloquear la importación de propaganda subversiva", según detalla un cable diplomático estadounidense de 1979 que, en tono justificatorio, atribuía a la Triple A la "frustración" de un sector militar por la falta de resultados y vaticinaba que permanecería activa a menos que las fuerzas armadas tuvieran éxito por otros medios.

Fueron tan graves los escándalos por violaciones de los derechos humanos que el BINCI fue disuelto, aunque se reencarnó en 1986 como Brigada 20, a su vez desmantelada por idénticas razones en mayo de 1998 a instancias de EEUU. Montoya llegó a director de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto siendo coronel y, como superior, se le considera responsable de los asesinatos y desapariciones forzadas perpetrados por la Brigada 20.

En el año 2000, ya brigadier general, Mario Montoya comandaba la mencionada Fuerza de Tarea Conjunta del Sur con la misión de combatir a las FARC en los departamentos selváticos de Caquetá y Putumayo y en el occidente del Amazonas. Atendía en la base militar de Santana, en Putumayo, cerca de la ciudad de Puerto Asís, de unos 45.000 habitantes.

Coraje en Putumayo

Tres organizaciones nacionales defensoras de derechos humanos (el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo CAJAR, el jesuita CINEP y la Asociación Minga) habían comenzado a viajar con regularidad al Putumayo porque, como relató a Público un protagonista de esta historia, "la estrategia paramilitar de las fuerzas armadas había trasladado al Putumayo más de 700 paramilitares de Córdoba y Urabá", regiones costeras del Caribe, al otro extremo del país.

En enero de 1998 estaban instalados en la hacienda Villa Sandra, propiedad cedida por un conocido narcotraficante. En un mes mataron a 45 personas. Alias 'Betún', exjefe paramilitar de esos hombres, confesó en 2009 que enterraron en fosas a unas 800 personas. Siempre descuartizaban a sus víctimas, a veces estando vivas. "No se podía enterrar a nadie entero", dijo entonces 'Betún'. 

El informe de Human Rights Watch La Sexta División, de 2001, dio cuenta de que por aquel entonces los paramilitares sellaban la lealtad de los oficiales con atractivas sumas de dinero: cada capitán recibía entre 2.000 y 3.000 dólares al mes; los mayores, 2.500; los tenientes, 1.500. A los coroneles les pagaban también, aunque no directamente.

El alcalde de Puerto Asís Néstor Hernández, el personero (delegado municipal del Ministerio Público) Germán Martínez, un capitán de la Policía y otro ciudadano denunciaron con coraje la invasión de escuadrones de la muerte y pidieron escolta para los defensores de los derechos humanos.

En Puerto Asís tuvo lugar un consejo de seguridad, es decir, una reunión entre autoridades civiles, militares, policiales, organismos de control e invitados a dedo. Montoya asistió por derecho propio, como responsable de la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur.

Ese mismo día asesinaron a un gobernador indígena que iba a dar su testimonio ante el consejo de seguridad. "Yo les pedí a los cuatro (civiles) que no hablaran para no exponer sus vidas. Total, yo hablé", rememoró para Público en una entrevista en abril 2022 el defensor de derechos humanos Luis Guillermo Pérez, cofundador del CAJAR.

"Estaba el coronel Gabriel Díaz, que era el comandante de la brigada militar, o sea, el encargado directo de manejar a los paramilitares y de los crímenes que estaban perpetrando. Entonces, yo hablé contra Díaz". El abogado Pérez les dijo a los presentes que ese coronel no merecía portar el uniforme nacional y que era un cobarde, al igual que todos los que asesinaban a personas inermes.

"El general Montoya, muy diplomáticamente, dijo: Doctor Pérez, usted ha dicho cosas gravísimas en este consejo de seguridad. Yo lo invito a que venga a desayunar mañana en mi base militar, en Santana [cantón militar de la Vigésima Séptima Brigada de Selva, con jurisdicción en Puerto Asís y Puerto Caicedo, en el Putumayo]; y allá conversamos con tranquilidad. Tenga la seguridad de que, si yo llego a encontrar que hay respaldo en lo que usted está diciendo, tomaré todas las medidas del caso".

Leones en el Amazonas

Al día siguiente, Pérez y sus dos colegas Diana Sánchez, de Minga, y Teófilo Vásquez, del CINEP, tuvieron dificultades para conseguir un taxi que los llevara hasta Santana, a 14 kilómetros de Puerto Asís: "Todos se asustaban. Los taxistas nos decían que mataban a la gente que llevaban de pasajeros; o mataban gente en la carretera y después los obligaban a ellos, ¡a los propios taxistas!, a cargar los cuerpos y botarlos (deshacerse de ellos). Y luego no les pagaban y les dejaban los carros ensangrentados. Nadie nos quería llevar". Hasta que le ofrecieron el triple de dinero a uno de ellos y aceptó. 

A la entrada de la base militar los esperaba el coronel Gabriel Díaz: "Se puso a llorar, me decía que no le arruinara su carrera militar, que estaba en curso de ascenso y que yo se lo iba a dañar. Yo le dije: No vengo a discutir con usted. Usted tiene que rendir cuentas ante la Justicia. Aquí se han cometido muchos crímenes bajo su responsabilidad".

Entonces, apareció a lo lejos el general Mario Montoya. Los hizo pasar a su oficina, donde estaba servido el desayuno con zumo, huevo, frutas...

"No nos habíamos sentado y él estaba al otro lado de la mesa. Y me dice: Antes de empezar, doctor Pérez, quiero contarle una anécdota. Espero que me la escuche bien y la comprenda bien porque se la conté a un amigo empresario, no me entendió y tuve que llevarle flores al cementerio". Lo escucharon de pie:

"Mire, un flautista se vino para el Amazonas. Traía su cámara fotográfica, iba tomándoles fotos a los micos, a las mariposas, a las serpientes. Estaba muy tranquilo y muy feliz, el flautista. Y de repente, le apareció un león. Y el león iba a atacar al flautista, y a este se le ocurrió tocar la flauta y comenzó a tocar una melodía. El león se calmó al ritmo de la música. Entonces, el flautista tocó a Mozart, a Beethoven y luego empezó a tocar salsa y todos los leones de la jungla llegaron a la fiesta y empezaron a bailar, todos, alrededor del flautista. Felices. Cuando de repente saltó un león y se tragó al flautista. Era un león sordo.

El general Montoya agregó: "Doctor Pérez, hay muchos sordos de este lado del río y del otro lado del río. Tenga cuidado".

- ¿Usted ha oído hablar, general Montoya, de Carla del Ponte? La fiscal del Tribunal Penal para Yugoslavia, conformado por las Naciones Unidas. ¿Se enteró usted de que hace cuatro días la fiscal Carla del Ponte dictó una orden internacional de detención contra un general serbio?

- ¡No, no sé!

- Sí, general Montoya, fue contra un general serbio que tenía muchos leones sordos en sus tropas.

Pérez pensó que el comentario iba a causarle gracia al general. Que se iba a tornar amable y seguidamente los invitaría a sentarse a la mesa, pero fue al contrario. Montoya se enfureció.

- ¿A mí? ¡A mí qué tribunal me va a llevar!

- Pues general Montoya, si usted es responsable también de esos crímenes, tenga la seguridad de que va a terminar siendo juzgado en un tribunal.

Salieron inmediatamente de la base mientras unos soldados que miraban asustados trataban de calmar al general. El acuerdo con el taxi era de ida y vuelta incluyendo la espera.

Esto fue aun antes del Gobierno Uribe (2002-2010), cuando Montoya quedó envuelto en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que incluyen cientos de asesinatos.

La imputación a Montoya

El pasado 30 de agosto, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal independiente nacido del acuerdo con las FARC, le imputó al general 130 falsos positivos cometidos en el oriente de Antioquia en solo dos años.

Esta subregión concentra 501 asesinados del total de 1.613 perpetrados en todo el departamento de Antioquia, poco más de una cuarta parte de los 6.402 ejecutados civiles inocentes, muchos campesinos, que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate entre 2002 y 2008, todo documentado por la JEP.

Falsos positivos es como se conocen en Colombia las ejecuciones extrajudiciales en una modalidad nunca imaginada por los defensores de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). Los militares fueron afinando la técnica.

"Yo era secretario general de la FIDH, lo fui durante nueve años. Empecé a hacer las denuncias en 2003", prosiguió Pérez en su charla con Público, en relación precisamente a los falsos positivos que se estaban reportando en el oriente antioqueño, por los cuales la JEP ha imputado a al general Montoya por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Lo cercan las confesiones de 64 militares —desde soldados hasta generales— ante la JEP. Lo tienen sitiado los testimonios de cientos de víctimas y las evidencias recolectadas durante años por defensores de los derechos humanos que apoyan a los familiares de los asesinados.

Desde los tiempos de la 'Triple A' (de la que nada se volvió a saber) existían los falsos positivos, es decir, se produjeron durante más de dos décadas, y las víctimas eran sobre todo campesinos de zonas con presencia guerrillera que los militares consideraban insurgentes. Muchos fueron desaparecidos, torturados y ejecutados.

Era la teoría del enemigo interno de quitarle el agua al pez, es decir, separar a la guerrilla de su población de apoyo. "Había que desplazar a las comunidades, repoblar el territorio con gente afín al proyecto paramilitar y así ir ganando territorio", describió Pérez.

Matar inocentes a cambio de pagas y permisos 

La práctica de los falsos positivos se disparó durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), a medida que el propio presidente daba públicamente órdenes de "exterminio" contra sus archienemigas FARC.

De pronto, los ejecutados comenzaron a ser personas sin conexión alguna con la sociedad civil organizada, siempre muy humildes, ajenos por completo al debate político o las reivindicaciones sociales. Sus familias los echaban de menos pero no sabían a quién recurrir para buscarlos.

Como la estudiante de 13 años Erika Viviana Castañeda, asesinada por militares el 9 de marzo de 2002 en San Rafael, oriente antioqueño. Fue reportada como guerrillera de las FARC ultimada en combate, junto a todos los civiles que se movilizaban en un transporte público que el Ejército interceptó y emboscó.

Los defensores de derechos humanos comenzaron por documentar errores que los militares cometían: a los cuerpos de los campesinos asesinados les ponían las botas al revés o de la talla que no era; les colocaban al lado armas inservibles; los vestían con uniformes que les quedaban pequeños.

Más adelante, Camilo Ospina, ministro de Defensa de Uribe, entre julio de 2005 y julio de 2006, estableció oficialmente una vara de premios por dar de baja a guerrilleros.

Cuando le preguntan por los falsos positivos, Montoya dice que esos estímulos fijados por Ospina para matar generaron un efecto perverso, pero los 130 casos del oriente antioqueño que escogió la JEP son anteriores a los premios anunciados por el ministro. Todos ocurrieron entre 2002 y 2003. El general les exigía a sus soldados "litros, chorros, barriles" de sangre; "soluciones, no problemas", es decir, muertos, no prisioneros.

En el oriente antioqueño, "53 personas fueron asesinadas en 2002 y 77 en 2003. De ellas, 113 eran hombres, once niños, cinco mujeres y cuatro niñas", indica la acusación de la JEP.

"Se volvió una empresa criminal", apunta Pérez. Los militares crearon una estructura logística con muchos cómplices para secuestrar y luego conseguirles a las víctimas los uniformes y las botas de su talla. Las obligaban a ponérselos y les disparaban. Por las confesiones ante la JEP se ha sabido que tenían incluso abogados que los asesoraban para perfeccionar estos crímenes.

Fue una política institucional, considera la JEP. Pero este órgano de justicia transicional no tiene jurisdicción sobre el jefe de Estado de entonces que ordenaba el exterminio, es decir, Uribe. Así lo dispone el Acuerdo de Paz que creó este tribunal y según el cual los expresidentes solo pueden ser puestos a disposición de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y juzgados por el Senado: un modelo de justicia política ideado para mantener a determinados presidentes por encima de la ley y que conlleva a la impunidad.

"Mis colegas en la dirección de la FIDH no entendían que un Gobierno y unas fuerzas militares estuvieran asesinando a personas humildes, a su propia gente, haciéndolas pasar por guerrilleros. No les cabía en la cabeza. Ellos sufrían violaciones de derechos humanos en sus países de origen en África, en Asia, donde hay muchos conflictos ligados a temas religiosos o de nacionalidad, y con violencias que llevan siglos. Así que no podían creer", recuerda Pérez.

Y menos aún que esto fuera a cambio de "sumar números para recompensas, vacaciones, ascensos, becas. Eso no lo podían entender. Y yo tampoco. Yo denunciaba eso como la degradación más absoluta del ser humano, de la institucionalidad, de un Estado que había perdido todo norte jurídico-político y que mezclaba los más terribles crímenes con una retórica exterior de respeto a la democracia y los derechos humanos que nada tenía que ver".

Fueron años oscuros. Los números crecían. Algunos funcionarios estadounidenses lo celebraban, pues tomaban el body count como indicador de que los miles de millones de dólares de la ayuda militar a Colombia estaban bien invertidos.

Indignación internacional

En la Corte Penal Internacional (CPI) reconocen que fue el abogado Luis Guillermo Pérez quien evidenció estos crímenes. Denunció ante las Naciones Unidas y ante la Unión Europea.

Lo recuerdan en dos asambleas de Estados Parte de la CPI en tiempos del fiscal argentino Luis Moreno Ocampo: Pérez logró que se abriera el Examen Preliminar de la Fiscalía de la CPI sobre Colombia, es decir, la etapa previa a una investigación penal. Consiguió que a mediados de 2004 una delegación de esa Fiscalía de la CPI visitara el país para escuchar a las víctimas en distintos lugares de Colombia.

El defensor de derechos humanos (hoy alto funcionario del Gobierno de Gustavo Petro) no duda en atribuirle a ese trabajo la inenarrable persecución de la que fue víctima el CAJAR por parte de la policía secreta DAS, con un historial delictivo tan desmesurado que fue cerrada en 2009 por presión de EEUU y reemplazada en 2011 por la Agencia Nacional de Inteligencia, adscrita igual que el DAS a la Presidencia.

El general Montoya tiene hasta la primera semana de octubre para reconocer su responsabilidad sobre los hechos y someterse a juicio en la JEP. O rechazarlos y esperar más de 40 años de cárcel impartidos por la Justicia penal ordinaria.

Por donde pasó, dejó una huella de violaciones a los derechos humanos. En la era Uribe apareció dirigiendo la Operación Jaque, un celebrado montaje porque fue incruento, en la que se liberó a la rehén Ingrid Betancourt y a 14 combatientes, incluidos tres mercenarios estadounidenses, que las FARC mantenían secuestrados desde hacía años en cárceles selváticas. Montoya llegó a comandante del Ejército y se retiró en 2008 por presión de la comunidad internacional, encabezada por la oficina de la ONU para Derechos Humanos.

En cuanto al entonces lloroso coronel Gabriel Díaz, fue ascendido a general. El fiscal general Luis Camilo Osorio, en el cargo durante el periodo 2001-2005, "hizo desaparecer todos esos expedientes y destituyó a todos los fiscales que llevaban esas investigaciones", lamenta Pérez.

Al final, al general Díaz no lo sacaron del Ejército por violaciones de los derechos humanos, por delitos de lesa humanidad o las masacres, lo destituyeron porque, siendo él comandante en Barranquilla, se esfumó la bicoca de dos toneladas de cocaína que habían sido incautadas por el Ejército.