El escándalo de abusos sexuales iniciado con el caso Harvey Weinstein no parece tener freno. Desde hace unos días entró en el Parlamento británico y se ha convertido en un terremoto que está moviendo los cimientos del palacio de Westminster.

Según recoge la prensa británica, por el momento son 37 miembros del Parlamento los involucrados en prácticas sexuales inadecuadas con trabajadoras o jóvenes colaboradoras. Todos ellos pertenecientes al partido Conservador, aunque sólo se han revelado los nombres de tres de ellos, todos miembros de renombre.

El escándalo comenzó en serio la semana pasada, cuando el periódico The Sun informó que investigadoras, secretarias y auxiliares de parlamentarios habían formado un grupo Whatsapp para compartir sus historias de terror sobre conductas sexuales inapropiadas por parte de varios legisladores. En él una de las mujeres afirmaba que "no es seguro" subirse con él en un taxi. La información, sin embargo, no identificaba a ningún político por su  nombre.

Pero el escándalo se profundizó esta semana despues de conocerse que las denuncias de abusos sexuales interpuestas por una trabajadora contra un congresistas, habían sido totalmente ignoradas por la institución a pesar de haberlas hecho por los canales establecidos. La mujer había presentado cuatro denuncias desde principios de este año, pero nadie hizo nada.

Ante esta inacción, la mujer relató lo sucedido a una parlamentaria que este lunes hizo público el caso durante un debate en la cámara de los Comunes. En el debate, otro miembro del parlamento afirmó que los intentos de reforzar la protección de las mujeres jóvenes que trabajan en el parlamento había sido bloqueada por los partidos políticos.

En respuesta a estos escándalos, la primera Ministra, Theresa May, exigió por carta al presidente de la Cámara de los Comunes, Hohn Bercow, que ponga en marcha un procedimiento claro para facilitar que las presuntas víctimas puedan presentar denuncias por comportamientos inapropiados contra los parlamentarios. "Creo que es importante que aquellos que trabajan en la Cámara de los Comunes sean tratados de manera adecuada y justa, como se esperaría en cualquier lugar de trabajo, afirmó May en la misiva.

Los casos de escándalos sexuales en el seno del Parlamento se han convertido en una bomba de relojería para los Tories que la Primera Ministra necesita atajar. Todos los casos, que hasta el momento se elevan a 37 pertenecen a su partido.

También el líder del partido Laborista tomó cartas en el asunto. Jeremy Corbyn calificó los hechos como "muy graves" y añadió que "donde quiera que haya una relación de poder desigual en el lugar de trabajo y las mujeres se vuelven vulnerables como resultado de ello, tienen que ser apoyadas y deben estar protegidas". 

El Palamento británico tiene que decidir, aún, que medidas va a tomar con los casos que se han ido concociendo. Por el momento tan sólo son tres los nombres que han visto la luz. Andrea Leadsom, líder de la Cámara de los Comunes, afirmó que los parlamentarios corren el riesgo de perder sus roles y el apoyo del partido como consecuencia de las acusaciones de acoso, incluso si su comportamiento estuviera por debajo de una "actividad delictiva".

Compra de juguetes sexuales

Los medios de comunicación británicos dieron a conocer los nombres de algunos parlamentarios destacados. Entre ellos el conservador Mark Garnier, que trabaja en el Departamento de Comercio Internacional. Su ex asistente desveló al diario The Mail que 2010 su ex jefe le había pedido que comprara dos vibradores para regalarle como regalo de Navidad y él se mantuvo esperando en la calle mientras ella realizaba sus compras.

Otro diputado conservador, Stephen Crabb, admitió en a un medio de comunicación haber enviado mensajes sexualmente explícitos a una joven que había sido rechazada para un trabajo en la cámara.

Estos dos nombres se unen al del secretario de defensa, Michael Fallon, que admitió haber tenido un comportamiento inadecuado con una periodista una década atrás. Fallon fue el primer nombre en salir públicamente. Ahora podrían ser unos 37 los parlamentarios acusados.