Desde la medianoche de este pasado 3 de agosto Colombia se encuentra en un alto el fuego bilateral de 180 días, prorrogables, con el guevarista Ejército de Liberación Nacional (ELN). Además, en Bogotá se ha instalado el Consejo Nacional de Participación, el organismo encargado de diseñar y organizar la Convención Nacional, un foro político que el ELN viene proponiendo desde 1997 para buscar soluciones colectivas a los problemas sociales, económicos, institucionales y políticos. 

Dos hitos históricos que han quedado opacados por la declaración del hijo mayor de Gustavo Petro, Nicolás, acusado de lavado de dinero, quien afirmó ante la Fiscalía que parte del dinero supuestamente ilegal que recibió por parte del narcotráfico, se destinó a la campaña electoral de 2022 de su padre. 

El ELN, la guerrilla nacida en 1964 con el sello de la Teología de la Liberación y donde militaron curas españoles como Domingo Laín y Manuel Pérez (quien comandó el ELN entre 1978 y 1998), pasó de dinamitar un proceso de paz en los años 1991 y 1992 a cambiar de doctrina militar en 1997, cuando decidió que la función de las armas no era otra que defender las reivindicaciones populares, pero que estas se logran solo con la participación social.

De ahí surgió la propuesta elena de la Convención Nacional, que nunca se ha podido concretar. La propuesta trata de construir "una visión común de paz, una alianza social, política y económica para resolver causas, no consecuencias", según afirmó el segundo comandante del ELN, Pablo Beltrán, este 3 de agosto en Bogotá tras encontrarse con Gustavo Petro. Pero nunca se ha entendido muy bien cómo funcionaría: no debería ser una reunión más. Sus conclusiones deberían tener la capacidad de incidir en las políticas públicas, pero la pregunta es cómo, porque no es una Comisión Constituyente. El consejo de participación presentado en el primer día del alto el fuego se dedicará a concebir, organizar y convocar la convención. Es un paso adelante.

Una explicación de por qué no ha podido hacerse la Convención Nacional la tiene Nadia Umaña, lideresa campesina del formidable Coordinador Nacional Agrario (@CNA_Colombia en Twitter), organismo que reúne a organizaciones y procesos sociales y que esta semana emplazó a una movilización nacional. A sus 35 años, Umaña lleva 15 años de lucha social. Es portavoz nacional de un proceso regional, la Comisión por la vida digna, la tierra y los territorios, de los departamentos Magdalena y Cesar (departamentos del Caribe).

Aunque históricamente el Coordinador Nacional Agrario ha apoyado los procesos de paz, es la primera vez que una mesa de diálogo los tiene en cuenta desde el comienzo.

"Normalmente nos invitan cuando el diseño ya está establecido", explica Umaña a Público. "Entonces, ni siquiera tenemos la posibilidad de definir cómo sería para nosotros y nosotras una participación efectiva. Creemos que va por el camino correcto el hecho de que, desde el principio, nos pregunten cómo sería efectiva la participación. Aquí nos están diciendo: diseñemos esa participación. En otros espacios de negociación ni siquiera hemos tenido esa posibilidad. Cuando nos han buscado, ya todo estaba dicho, todo estaba diseñado y nos pedían que mandáramos unas propuestas, y [el campesinado] nos quedábamos esperando, a ver qué quedaba fijado, finalmente, en los acuerdos", añade Umaña.

El Coordinador Nacional Agrario llegó esta semana a Bogotá con más de mil de sus miembros para plantear "que aquello que vayamos a construir, a consensuar, se materialice en los acuerdos. Para nosotros el tema de la tierra es fundamental. Es la base de la paz. Entonces, hay que discutir el tema de la concentración de la tierra y del despojo. Es un punto sin el cual no puede haber proceso de paz para nuestro movimiento", según Umaña.

Desmantelar el paramilitarismo

En algunos puntos coinciden con el ELN: la prioridad es desmantelar el paramilitarismo. "Nos movilizamos ayer, exigiendo el desmonte del paramilitarismo. Sin ello no vamos a poder ni siquiera sentarnos a discutir o a conversar, o a aportar hacia la paz. Porque nuestros liderazgos siguen siendo asesinados". De esta movilización nacional casi apenas trascendieron en las noticias nacionales las quejas de los empresarios porque había bloqueo de carreteras.

El modelo de participación en la Convención Nacional que empieza a diseñarse "debe comprender las realidades de cada territorio": en cientos de lugares del campo todavía se vive el conflicto armado.

"Estamos en zonas, todavía, de control total paramilitar", certifica Umaña. Los escuadrones de ultraderecha originalmente creados por el Ejército y que Álvaro Uribe (2002-2010) desactivó parcialmente. "Necesitamos un modelo de participación que garantice que quienes, como yo y muchas otras personas, lideramos los procesos de construcción de paz en los territorios, tengamos garantizada nuestra vida, nuestra integridad, nuestra libertad al ejercer ese rol" afirma Nadia Umaña, quien recuerda que en lo que va de año han sido asesinados 98 líderes sociales como ella.

"La paz no implica solo el silenciamiento de los fusiles, implica la justicia social y ambiental, erradicar el hambre, la reforma agraria integral y popular, que es un elemento fundamental para nuestro movimiento agrario en el país. Creemos que esta es una oportunidad histórica para concretar esas banderas de lucha, también, del movimiento social", explica Umaña.

Además, "si no hay garantías para evitar la judicialización y la estigmatización de líderes, un fenómeno que no se resuelve y ha generado campañas contra la estigmatización, ¿cómo vamos a seguir discutiendo, si el ejercicio del liderazgo social sigue siendo criminalizado? Es un reto que tenemos como país, como sociedad, y pese a todos esos riesgos estamos dispuestos a aportar integralmente a ese esfuerzo histórico que estamos viviendo hoy", añade Umaña.

La Guardia Étnica para la Paz

Muchos viajaron más de 24 horas por carretera para presenciar en Corferias, un sector céntrico de Bogotá, el lanzamiento de la Comisión Nacional de Participación. La Guardia Étnica para la Paz hizo su debut en Corferias con 700 guardias (300 indígenas, 200 campesinos y 200 cimarrones) con sus bastones de mando ceremoniales adornados con cintas de colores.

Luis Acosta, coordinador nacional de la Guardia Indígena e impulsor de la nueva Guardia Étnica para la Paz, con su bastón de mando "que no es arma, es simbólico. Significa que yo soy autoridad, que soy autonomía". 

La Guardia Interétnica se mantuvo dentro del recinto, mientras la Policía y la Guardia Presidencial –Petro presidió el encuentro– custodiaron relajadamente los alrededores. El auditorio estaba atestado de personas venidas de todas partes que se mezclaba con ministros y personajes reconocidos, numerosos trabajadores por la paz nacionales y de la comunidad internacional, encabezados por la Misión de Paz de la ONU. Estuvieron representadas las familias de cientos de jóvenes que siguen encarcelados a raíz de la respuesta de guerra que dio el entonces presidente Iván Duque al estallido social más importante en la historia de Colombia, en 2020-2021.

"Este es UN acuerdo. Pero siguen otras guerras", recuerda Otty Patiño, jefe negociador con el ELN por parte del gobierno y (en sus tiempos guerrilleros del M-19) un mando superior del actual presidente Gustavo Petro. Ambos se desmovilizaron en una negociación que dio lugar a una asamblea constituyente y a la Constitución de 1991. "Se trata de hacer acuerdos con este gobierno", urge Patiño. A su turno, el presidente insistió en que hoy en día lo revolucionario es la paz.

Otras guerras: sí; con frecuentes combates entre los distintos grupos. Persisten en la batalla dos sectores FARC con los que el Gobierno negocia –con altibajos– la paz; y el paramilitarismo, que efectivamente no cede. Además, hay una nube de grupúsculos de las FARC que optaron por el narcotráfico. El Gobierno intenta también negociar con ellos, dentro de su política de "paz total". Y hay docenas de bandas dedicadas al narco. Entre todos, hoy están presentes en cerca del 40% de los municipios en que se divide el país.