Iniciada la investigación contra el candidato uribista a las últimas elecciones, Oscar Iván Zuluaga, que viajó directamente a Brasil con objeto de recibir dinero ilegal de la multinacional Odebrecht para financiar asesores de su campaña; el Fiscal General del Estado, Nestor Humberto Martínez, ha provocado una grave conmoción en Colombia al afirmar que el propio presidente Santos, a través de los administradores de su campaña, habría recibido al menos un millón de dólares del mismo origen en las elecciones de 2014.

En Colombia es ilegal recibir financiación extranjera para las campañas electorales y además, las maniobras de la multinacional brasileña Odebrecht han estado dirigidas a sobornar a dirigentes políticos para conseguir ventajas en sus opciones a las grandes obras públicas.

El escándalo lo levantó el pasado 21 de Diciembre el Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuando denunció que la multinacional brasileña había entregado sobornos a funcionarios estatales de 22 países por 788 millones de dólares entre 2009 y 2014.

En Perú se han vinculado a las tres últimas administraciones presidenciales a los sobornos de esta multinacional brasileña. Precisamente este jueves ha de sustanciarse la petición fiscal de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo por recibir varios millones en sobornos.

En Colombia, el viceministro de Transportes en el Gobierno Uribe, Gabriel García, ya en la cárcel, admitió en los últimos días haber recibido 6,5 millones de Odebrecht para la adjudicación de una importante autopista en Colombia. Posteriormente, el dinero irregular de la multinacional salpicaron al último candidato de Uribe y al más destacado para concurrir a las futuras elecciones de 2018, Iván Duque, lo que tiene en abierta crisis al partido del expresidente, el Centro Democrático.

La declaración que desde el martes tiene en vilo al propio presidente Juan Manuel Santos, procede del exsenador Otto Bula, preso desde el 14 de enero, cuando el director jurídico de Odebrecht en Colombia, Yezid Arocha manifestó haberle entregado 4,6 millones de dólares para sobornar a funcionarios, con objeto de acceder a la contratación estatal. Bula, para obtener beneficios penitenciarios, ha prendido el ventilador, empezando por la campaña del presidente para su reelección en 2014 a cuyo administrador y hombre de confianza del Presidente, Roberto Prieto, afirma haber entregado 1 millón de dólares.

Según ha podido saber Público, nada más producirse el anuncio del Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, el propio Juan Manuel Santos le llamó por teléfono para demandar si tenía pruebas sobre lo que ya los medios estaban difundiendo, a lo que el fiscal le contestó que todo se basa en la declaración bajo juramento del senador Otto Bula. Y que iba a seguir investigando.

Inmediatamente, diversas figuras políticas, como el expresidente Pastrana, o la propia exfiscal general Vivian Morales, exigieron la dimisión de Santos como presidente, un trámite que, por cierto, no está previsto en la Constitución colombiana.

Corresponde ahora definirse al Consejo Nacional Electoral, sobre los delitos que llevaría consigo haber recibido ilegalmente dinero extranjero por parte del entorno del presidente Santos y haberlos ocultado en las declaraciones reglamentarias. Mientras, el panorama político en Colombia está dominado hoy por la incertidumbre.