Sin sorpresas en el guion, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el pasado 26 de junio un nuevo préstamo multimillonario a Egipto. El crédito, que fue el segundo concedido por el organismo monetario a El Cairo en dos meses y el tercero desde 2016, se justificó por las necesidades de un país al borde del abismo. Pero la rápida movilización del dinero ha generado alarma al dar aire al régimen egipcio a pesar de la falta de garantías de transparencia y anticorrupción, y de su cuestionable solvencia para devolverlos.

La situación económica en el país árabe no se ha mantenido ajena a la sacudida causada por la crisis del coronavirus. Entre marzo y mayo, sus preciadas reservas de divisas se llegaron a desplumar un 20%, y todas sus principales fuentes de moneda extranjera se han visto críticamente afectadas. En marzo, además, el país sufrió una dolorosa fuga de capitales, que ha ido acompañada de un significativo aumento del desempleo y la pobreza.

La perturbación, aunque imprevisible, dejó rápidamente al descubierto la fragilidad de la economía egipcia. A finales de 2019, El Cairo y el FMI culminaron un programa de reformas vinculado a un préstamo de 12.000 millones de dólares firmado en 2016. Ambos celebraron entonces las mejoras de los indicadores macroeconómicos del país, pese a que muchos alertaban de que estas se habían construido sobre una base frágil e insostenible. El propio FMI admitió en su último informe del anterior programa, publicado en octubre, que una de las principales amenazas futuras para Egipto era un cambio en las condiciones financieras globales. Precisamente lo que ocurriría con la llegada del coronavirus.

Para hacer frente a la nueva crisis, El Cairo ha redoblado la arriesgada apuesta que lleva haciendo desde 2016 y ha cubierto sus necesidades a golpe de deuda. Desde marzo, el país ha contraído deudas por valor de 17.000 millones de dólares. De estos, el FMI ha prestado casi 8.000 millones en dos créditos de 2.700 y 5.200 millones respectivamente. Por si la suma no fuera suficiente, El Cairo está intentando asegurarse al menos otros seis préstamos por valor de varios cientos de millones de dólares, según Bloomberg y Reuters.

A corto plazo, la jugada ha permitido a Egipto frenar el golpe inicial que sufrieron sus finanzas. Pero la rápida concesión de grandes préstamos por parte de instituciones como el FMI ha hecho saltar las alarmas de varios grupos de derechos humanos, que criticaron en junio la opacidad y la falta de garantías anticorrupción que envuelve estos créditos.

"Nos inquieta que haya poca transparencia ante los egipcios y la comunidad internacional acerca de cómo se gastará el dinero porque no hay separación de poderes ni instituciones independientes que puedan supervisarlo", alerta Neil Hicks, investigador en el Instituto de Estudios de Derechos Humanos de El Cairo (CIHRS), una de las organizaciones que pidieron en junio al FMI posponer su último préstamo a Egipto hasta que se cumplan estas condiciones. "Se trata obviamente de un cheque al régimen egipcio", considera.

"El primer [crédito del FMI] fue una respuesta de emergencia al coronavirus, pero según nos han dicho banqueros y oficiales del FMI, el segundo tiene que ver con asegurar los avances del programa económico [de 2016]", explica Hicks. Y añade: "Describen que su implicación con Egipto tiene diferentes fases: la primera es traer estabilidad, y la segunda tiene que ver con reformas estructurales y mejores garantías anticorrupción".

Uno de los principales reproches lanzados a El Cairo y el FMI es la falta de transparencia que envuelve sus préstamos, algo por lo que ya fueron criticados en 2016. En este sentido, todavía no se han publicado los documentos que detallan los dos créditos concedidos por el organismo monetario a Egipto, a pesar de que el primero fue aprobado en mayo.

Íntimamente vinculado a esta opacidad está la ausencia de mecanismos anticorrupción en Egipto que permitan asegurar cómo se usan los fondos. Desde que el presidente del país, Abdel Fatah Al Sisi, tomó el poder en un golpe de Estado en 2013, el ex mariscal ha hecho de la lucha contra la corrupción una de sus grandes promesas.

Pero bajo el mando de Al Sisi, la independencia de las agencias anticorrupción en el país ha sido fulminada, la justicia sometida y las medidas para abordar esta lacra han sido limitadas y con propósitos poco claros, según denuncian grupos de derechos humanos y analistas. En el centro de esta supuesta lucha contra la corrupción se sitúa la Autoridad de Control Administrativo (ACA), una poderosa agencia estatal encargada de investigar infracciones en la administración civil. Sin embargo, la ACA, que rinde cuentas solo a Al Sisi, tiene también la potestad de vigilar, arrestar e interrogar a sospechosos, y pese a estar dirigida por militares, no puede investigar al opaco Ejército del país. Por estos motivos, la ACA es considerada a menudo un instrumento más del aparato represor del régimen.

"Creemos que créditos internacionales pueden ser una forma poderosa de traer un cambio positivo en Egipto en cuestión de derechos humanos y democráticos, pero para ello tienen que venir con condiciones claras y alcanzables", apunta Nicole Lambert, coordinadora del programa del Máshrek en la organización EuroMed Rights. "Las dos condiciones más básicas deberían ser una política para prevenir la corrupción y para asegurar que el dinero no contribuye a violaciones de derechos humanos".

Lambert alerta de que existe un problema similar en el caso de las ayudas procedentes de la Unión Europea. "La UE provee fondos directos al gobierno egipcio en lo que se conoce como asistencia presupuestaria, y el problema que vemos es que hay falta de transparencia", observa. "Puede haber controles o garantías contra la complicidad con violaciones de derechos humanos y corrupción", reconoce, "pero resulta muy difícil de evaluar porque algunos documentos clave no se publican".

Otro de los temores que se han disparado a raíz del vertiginoso ritmo de endeudamiento de Egipto en los últimos pocos meses es su dudosa sostenibilidad, de la que el propio FMI se hizo eco el pasado junio. Antes de la pandemia, la deuda pública egipcia representaba un 85% de su producto interior bruto (PIB), una reducción en términos relativos respecto al 104% de 2016 pero que esconde el aumento en términos absolutos de los últimos años. De 2016 a 2020, la deuda externa de Egipto se duplicó. Y ahora, las proyecciones del FMI apuntan a que esta podría llegar a representar pronto el 93% de su PIB.

"El FMI ha prestado [más de] 7.000 millones [de dólares a Egipto] sin haber publicado el documento de que esos créditos son sostenibles", nota Daniel Munevar, investigador de la Red Europea de Deuda y Desarrollo. "En último documento oficial, publicado por el FMI el año pasado, muestra por qué: porque no hay manera de justificar que la deuda de Egipto es sostenible en estos momentos y en el marco del shock [actual]", considera.

A la práctica, este alto nivel de endeudamiento se ha traducido en que, solo desde marzo, El Cairo ha tenido que dedicar 20.000 millones de dólares en pagos de deuda, según el diario local Al Borsa. Un concepto al que el país destinó entorno al 40% del gasto estatal entre julio de 2019 y febrero de 2020, de acuerdo con el periódico Al Mal.

"En países como Egipto no se trata de si la deuda es sostenible, o cuáles son las reglas del FMI", continúa Manuval, que señala que estas reglas se han incumplido con los últimos préstamos. "[Se trata de] cuáles son los intereses geopolíticos de Estados Unidos y de Europa, y cómo se pueden utilizar los recursos del FMI para soportar esa agenda".

Ante la renovada presión que la crisis del coronavirus supone para las clases populares egipcias, los anteriores grupos de derechos humanos aseguran que es aún más urgente que el dinero que recibe el país sea empleado de forma quirúrgica. En este sentido, desde marzo, un cuarto de los egipcios ha perdido el trabajo y un 73% ha visto sus ingresos reducidos, según los últimos datos de la agencia de estadísticas pública. Antes del coronavirus, el 32,5% de egipcio vivía por debajo del umbral de la pobreza.

"Queremos que el apoyo internacional al pueblo egipcio sea lo más efectivo posible. Pero es preocupante que dinero que debería dedicarse a aliviar los problemas económicos de los egipcios sea utilizada corruptamente por el régimen de Al Sisi", concluye Hicks.