La Cámara de Representantes de EEUU ha lanzado un órdago a la Casa Blanca al aprobar un plan presupuestario que vuelve a atacar la reforma sanitaria y que tiene opciones casi nulas de respaldo en el Senado, lo que coloca al país al borde del primer cierre parcial del Gobierno federal en 17 años.

Tras un maratoniano sábado de reuniones a puerta cerrada y debates en el pleno de la Cámara, los legisladores aprobaron la madrugada del domingo, por estrecha mayoría, un proyecto de ley impulsado por la bancada republicana y que ya ha sido amenazado con el rechazo de los demócratas del Senado y el veto presidencial.

La maniobra supone la culminación de una larga batalla de los republicanos contra la reforma sanitaria aprobada en 2010 por el presidente Barack Obama e ilustra los profundos desacuerdos que persisten 48 horas antes de que se agoten los fondos para financiar todas las actividades del Gobierno y comience el temido 'cierre'. 'Quiero que el pueblo estadounidense sepa que los republicanos están cerrando el Gobierno. Y lo están haciendo a propósito', dijo en el debate previo a la votación la congresista demócrata Donna Edwards, en un comentario reiterado por varios de sus compañeros.

En realidad, el plan aprobado hoy por la Cámara sí sienta las bases para evitar el cierre del Gobierno, dado que extiende los fondos para las actividades no esenciales de las agencias federales hasta el próximo 15 de diciembre. Sin embargo, lo hace a través de dos enmiendas que son inaceptables para los demócratas y la Casa Blanca: una que retrasaría la aplicación de la reforma sanitaria al menos un año, y otra que eliminaría un impuesto del 2,3% en los dispositivos médicos que entró en vigor a raíz de la propia ley de salud. La primera enmienda fue aprobada por 231 votos a favor y 192 en contra, y la segunda por 248 síes y 174 noes.

El presidente de la Cámara Baja, el republicano John Boehner, aseguró tras la votación que aplazar la reforma sanitaria es 'lo justo dadas las excepciones que la Casa Blanca ha permitido a grandes empresas y compañías aseguradoras'. 'Ahora que la Cámara Baja ha actuado de nuevo, depende del Senado aprobar sin retraso este proyecto de ley para evitar un cierre del Gobierno', afirmó en un comunicado Boehner, que trazó el sábado la propuesta de ley en una reunión con el resto de republicanos. Pero el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, ya adelantó el sábado que su hemiciclo 'rechazará un retraso de un año en la implementación de la reforma de salud y la cancelación del impuesto sobre equipos médicos', mientras que el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, dejó clara la oposición de Obama a la medida.

La votación de este sábado fue el intento número 43 de los republicanos de la Cámara Baja para descarrilar la reforma sanitaria, y la segunda ofensiva contra la ley dentro del debate sobre el cierre del Gobierno, después del proyecto aprobado el pasado día 20 en el mismo hemiciclo, que fue rechazado en el Senado. A lo largo del debate, Boehner ha estado sometido a la presión del sector más conservador de su partido, que insistía en aprovechar la batalla presupuestaria para poner la zancadilla a la ley de salud, dado que una parte clave de esa legislación entra en vigor este mismo martes.

Muchos demócratas denunciaron el 'absurdo' de votar sobre una propuesta de ley que no tiene futuro en la Cámara Alta, ya que es altamente improbable que ese hemiciclo tenga tiempo para responder a la propuesta aprobada hoy antes de la madrugada del martes. 'Sabemos que el Senado no aceptará [la propuesta], pero parece que vamos a hacerlo de todas formas', lamentó Steny Hoyer, el demócrata de mayor rango presente en el debate del sábado noche, en el que no participó Boehner ni otros líderes republicanos.

Varios republicanos rechazaron estar forzando el cierre del Gobierno y aseguraron que sólo piden que los demócratas consideren su postura. Criticaron, en concreto, que Obama esté dispuesto a hablar con el presidente iraní, Hasán Rohaní, pero no a negociar con sus oponentes políticos sobre la reforma sanitaria.

En paralelo, la Cámara Baja aprobó por unanimidad otro proyecto de ley que garantizaría que se siga pagando a los militares en caso de un cierre temporal del Gobierno. Una parálisis de parte del Gobierno federal, inédita desde enero de 1996, obligaría a mandar a casa durante el tiempo que dure la escasez de fondos a hasta 800.000 funcionarios y podría costar más de mil millones de dólares, según la Casa Blanca. 'Los cierres del Gobierno anteriores han perturbado la economía, y éste también lo hará', alertó Obama el sábado.