El Gobierno de Ecuador decretó este jueves el estado de excepción por las protestas de varios sectores sociales y el bloqueo de carreteras por parte de los transportistas debido a la subida del precio de los combustibles, en el marco de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con el fin de velar por "la seguridad ciudadana y evitar el caos, he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional", dijo el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, desde el palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo. El anuncio lo hizo cuando  arrecian las manifestaciones, especialmente en la capital ecuatoriana, en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles.

"Los derechos se exigen sin perjudicar a los que verdaderamente son fundamentales para el progreso del país, la generación de trabajo, la educación, la libre movilidad, la seguridad de las personas", señaló el gobernante. Por su parte, la ministra del Interior, María Paula Romo, comentó en rueda de prensa que la paralización del transporte se cumplió "de manera parcial" y obligó al Gobierno a suspender las clases de escuelas y colegios para garantizar la seguridad de los estudiantes.

"Es el deseo del presidente y de todos los ecuatorianos recuperar la calma cuanto antes y recuperar el orden para volver a trabajar y a producir", comentó antes de explicar que 19 personas fueron detenidas en las manifestaciones y argumentó que suspender los servicios públicos es un delito, penado con entre 1 y 3 años de prisión.

Sobre el estado de excepción, el titular de Defensa, Osvaldo Jarrín, comentó que busca restituir el orden, la seguridad pública y ciudadana. "El estado de excepción presupone garantizar el desarrollo de las actividades sociales, económicas de la población, lo que significa su movilidad, su seguridad, sus derechos, sus libertades", señaló Jarrín, quien precisó que se establecerán acciones por parte de las autoridades "cuando se interrumpa el orden vigente".

Romo comentó que los cortes de vías en las protestas impiden a los ciudadanos ejercer sus derechos, trabajar y producir, y recalcó que el estado de excepción "está dado para garantizar que todos los ciudadanos puedan movilizarse y trabajar". Aseguró que la decisión del jefe del Estado no busca restringir la movilidad de los ciudadanos ni limitar sus actividades y autoriza "el empleo coordinado de la fuerza de la Policía y Fuerzas Armadas, en los casos que sea necesario para movilizar y despejar las vías".

Durante la jornada, cientos de estudiantes universitarios rompieron las vallas de seguridad que cercaban los alrededores de Carondelet y se enfrentaron a unidades antidisturbios de la Policía, que emplearon gases lacrimógenos. En el norte y sur de la capital también hubo bloqueo de avenidas que los policías intentaban despejar una y otra vez. Esa situación se repitió en varias ciudades en las que los indígenas se sumaron a la protesta de los transportistas que rechazan la eliminación de los subsidios, que estuvieron en vigor durante cuarenta años.

Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), rechazó el decreto de estado de excepción y aseguró que mantendrán sus protestas. "Nuestro rechazo frontal a esta declaratoria porque eso es ir en contra de los derechos del pueblo ecuatorianos", dijo al asegurar que convocarán a una "movilización indefinida".