Drones armados, un negocio millonario que mata a civiles entre "errores" y un manto de secretismo

Alta velocidad, gran altura e inmensa capacidad mortífera. Si un dron de combate pasa por el cielo, quienes tengan la desgracia de encontrarse en ese momento en tierra verán la muerte de cerca. Una muerte dirigida y ordenada por alguien situado a gran distancia. Solo hay que apretar un botón y ese avión no tripulado descargará su furia. Así también se mata en el siglo XXI. 

El presidente de EEUU, Joe Biden, ha anunciado que enviará aviones no tripulados a territorio ucraniano, lo que significa introducir en ese escenario bélico a unos protagonistas tan costosos en precio como en vidas: un dron MQ-9 Reaper con bandera estadounidense vale más de 100 millones de dólares y puede lanzar cuatro misiles donde y cuando quiera.

"En 2019, un misil Hellfire estadounidense lanzado desde un dron Reaper mató a 10 personas en Kabul, Afganistán, entre ellas siete niños. Estados Unidos no investigó adecuadamente este ataque, ni se puso en contacto con la familias de las víctimas, ni ofreció ningún tipo de reparación", destaca un informe de Amnistía Internacional (AI). 

Durante los últimos 12 años, esta organización de derechos humanos ha documentado varios ataques con drones en los que ha habido "errores" fatídicos: en esos bombardeos, registrados en lugares como Pakistán, Afganistán o Gaza se han registrado muertes de civiles.

"Decimos errores de cálculo porque han atentado contra población civil, e imaginamos que quizás no eran los ataques previstos. En cualquier caso, tenemos la sospecha de que se cometen errores", afirma a Público Miguel Ángel Calderón, portavoz de AI.

Washington no está solo en el desarrollo de este tipo de armamento. Según datos publicados en un informe especial del Centro Delàs de Estudios por la Paz, las grandes empresas exportadoras de este tipo de armamento "se encuentran en Estados Unidos, Israel, Rusia y China". 

"El mercado está dominado por ahora por Estados Unidos e Israel, que disponen de la tecnología punta en este tipo de armas, pero países como Turquía, Rusia, Irán o China, entre otros, también disponen de la tecnología para fabricarlas y compiten por venderlas en un mercado global cada vez más eufórico", señala el documento de AI. En el caso de Turquía, su dron Bayraktar TB2 fue empleado en ataques contra las fuerzas armenias durante la escalada bélica registrada en 2020 en Nagorno Karabaj. Asimismo, Marruecos las utiliza en la guerra del Sáhara Occidental.  

Según datos aportados por AI, más de 20 países disponen de drones de combate operativos, entre los cuales figura España: las Fuerzas Armadas de este país cuentan con cuatro aviones no tripulados Predator B, preparados para la carga de armamento. "Es el primer UAV (Vehículo Aéreo no Tripulado, por sus siglas en inglés) de ataque diseñado para vigilancia de larga duración y de gran altitud", destaca el Ejército del Aire.

A finales de enero pasado, el Consejo de Ministros aprobó una partida de casi 1.800 millones de euros para participar en el programa europeo de construcción del 'Eurodrone' junto con Alemania, Francia e Italia. También estará preparado para portar armas letales.

Desde las oficinas de AI en España, Calderón habla de la "absoluta falta de transparencia" que rodea la utilización de estas armas por parte de aquellos países que las han empleado en contextos bélicos. "Los estados tienen que ser transparentes en el uso de la fuera aérea letal, ya sea tripulada o no tripulada. No solo tiene que quedar clara la base legal sobre la que están operando, también tienen que ser transparentes para que pueda haber rendición de cuentas cuando sea necesario", sostiene.

Una cuestión de ética 

Pere Brunet, doctor y catedrático jubilado de la Universidad Politécnica de Catalunya, ha participado en distintos estudios sobre los riesgos que acarrean los drones usados en la guerra. "Aquí se plantea otro problema ético: el denominado 'sesgo de automatización', una tendencia que tenemos las personas a dar por buenas las recomendaciones que nos hacen las máquinas y por la que es probable que el operador a cargo de un dron acabe realizando acciones sesgadas", explica.

En un trabajo realizado junto a la investigadora y profesora Tica Font y el también docente Joaquín Rodríguez para la campaña internacional Stop Killing Robots, los expertos subrayan que "a día de hoy, ningún país ha regulado sobre el diseño, la investigación, la producción o la tenencia de estas armas autónomas".

El texto aborda precisamente las divergencias éticas que se abren. "Las decisiones sobre la vida y la muerte de los humanos en un conflicto armado pueden requerir de visión de conjunto, de comprensión de intenciones, de compasión, de intuición o de sentido común –describen Brunet y Font–. En definitiva, estamos cuestionando la capacidad de generar algoritmos que puedan reproducir emociones tan singulares como la empatía el amor, la piedad o la culpa".

Armas lícitas

En 2018, el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE, dependiente del Ministerio de Defensa), encargó un estudio sobre la supuesta licitud de los drones armados. Dicho informe, realizado por Eugenia López-Jacoiste Díaz (profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Navarra) se elaboró aproximadamente un año antes de que el Ejército del Aire recibiera los Predator de fabricación estadounidense.

En ese documento, la autora destaca que los drones "no están expresamente prohibidos en las normas que integran el Derecho internacional humanitario, ni se considera que su uso sea inherentemente discriminatorio o pérfido", aunque a continuación aclara que "el hecho de que los drones no sean en sí mismo ilícitos no significa que su uso esté libre de restricciones, según el orden internacional".

"Las personas civiles están protegidas contra los ataques"

Sobre ese punto, López-Jacoiste remarca que "el empleo de drones como medio de combate en los conflictos armados internacionales o no internacionales estaría plenamente admitido siempre que se respeten los principios de distinción, proporcionalidad, necesidad militar y humanidad".

Cita en concreto la "prohibición de atacar a personas cuando se reconozca que están fuera de combate. Además, las personas civiles están protegidas contra los ataques salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación".

Silencio de EEUU

Sin embargo, AI ha documentado acciones de EEUU en las que tales principios han estado lejos de cumplirse. Solo en 2010, esta organización documentó más de 1.000 civiles asesinados por drones en Pakistán.

"Llevamos más de una década pidiendo información al gobierno de EEUU y reclamando que desvele no solo la base legal sobre la que operan los drones, sino también que aporte información sobre aquellos ataques que se sabe que han sido ejecutados con drones estadounidenses y han tenido víctimas civiles", relata Calderón. De momento no ha habido suerte.