El Gobierno italiano que salga de las urnas tras el 25 de septiembre deberá afrontar importantes retos en materia económica, desde la crisis energética que puede castigar el crecimiento, hasta la aplicación de las reformas comprometidas con Bruselas para recibir los fondos europeos de recuperación y la privatización de varias compañías.

Crisis energética

Italia -que importó en 2021 el 90% de sus suministros de gas, de ellos el 40% a Rusia- tiene actualmente las reservas de gas por encima del 80% y quiere llegar al 90% en octubre. Aún así, si Moscú decidiera cortar el grifo, Italia y el resto de países dependientes podrían sufrir un importante impacto en sus economías, maltrechas por la pandemia de coronavirus.

El nuevo Ejecutivo tendrá que seguir la senda iniciada por el Gabinete de Mario Draghi y buscar más fuentes alternativas para las compras de gas, pero también decidir de dónde sacar los recursos para aliviar a las familias y las empresas con mayores problemas económicos.

Draghi ha tratado de dar subvenciones a partir de los ingresos obtenidos de las subastas de emisiones de gases contaminantes y de los impuestos a los beneficios extraordinarios de las energéticas, sin ampliar la deuda pública -que superó el 150% del producto interior bruto (PIB) en 2021-, la coalición de derechas, que es favorita en las encuestas para gobernar, pretende acometer un desvío del gasto público, aunque se muestra dividida.

Los ultraderechistas Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni, la gran favorita en los sondeos, no ven con tan buenos ojos esa posibilidad como la Liga de Matteo Salvini, mientras el tercer socio de la alianza, el conservador Forza Italia, observa sin pronunciarse. El resto de partidos de izquierda y de centro apoyan hasta ahora la contención del gasto, pero también defienden que no se puede abandonar a los hogares y pymes vulnerables.

Presupuestos para 2023

Menos de un mes después de las elecciones, el 15 de octubre, Italia y el resto de países de la zona del euro tienen que haber enviado los borradores de sus planes presupuestarios a la Comisión Europea (CE) para las recomendaciones pertinentes. Antes de eso, Italia tiene que ajustar su cuadro macroeconómico respecto a los cálculos realizados en abril, cuando el Gobierno de Draghi estimó que la economía italiana crecería un 2,4% en 2023, su déficit sería del 3,9% del PIB y la deuda, algo más del 140% del PIB.

La celeridad en la formación del nuevo Ejecutivo y en la redacción de estos documentos será crucial, ya que, estos presupuestos tienen que ser aprobados en el Parlamento antes de finales de año.

Fondos europeos de recuperación

Otro de los desafíos será la aplicación del Plan de Recuperación comprometido con la CE para recibir los siguientes desembolsos de los fondos europeos. Italia es el Estado que más dinero va a obtener si se suman las subvenciones y los préstamos (191.500 millones, de los que 68.900 millones serán ayudas y 122.600 millones préstamos) con lo que tiene una gran responsabilidad para demostrar que este instrumento funciona y que los Veintisiete pueden adoptar otros similares en el futuro.

Todos los partidos italianos han manifestado su voluntad de modificar el plan en función de las necesidades actuales del país y la coalición de derechas lleva en su programa electoral alcanzar un "acuerdo con la Comisión Europea, según lo previsto en los Reglamentos europeos, para la revisión del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia en función de la evolución de las condiciones, las necesidades y las prioridades".

Reforma del pacto de estabilidad y crecimiento

A nivel europeo, los Estados miembro se disponen a negociar una reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que establece que los países no pueden tener un déficit público superior al 3% de su PIB y una deuda superior al 60% de su PIB para que sus finanzas públicas estén saneadas.

Las normas, que han estado suspendidas durante la pandemia para permitir a los países europeos aumentar el gasto público, van a ser revisadas e Italia, tercera economía más grande de la zona del euro y segundo Estado miembro con la mayor deuda pública, por detrás de Grecia, va a jugar un papel esencial.

Privatizaciones en el horizonte

La privatización de la aerolínea ITA, nacida de la antigua Alitalia, que se encuentra en proceso de liquidación, y del banco Monte dei Paschi di Siena (MPS), recapitalizado cautelarmente en 2017 por sus problemas financieros, son otras dos cuestiones en el horizonte.

La coalición de derechas ya ha declarado que estas empresas tienen que seguir siendo italianas, mientras que la izquierda considera interesante encontrar un socio fuerte que impulse su competitividad internacional.

El Gobierno de Draghi aprobó negociaciones en exclusiva para vender ITA al consorcio formado por el fondo estadounidense Certares y las aerolíneas estadounidense Delta y francesa Air France, pero la operación terminará en la próxima legislatura; mientras que la del MPS está paralizada porque no hay socios interesados en comprar el banco toscano.