Tomar decisiones sobre su propio cuerpo (desde con quien tienen relaciones sexuales a si usan anticonceptivos o si quieren ver a un médico) sigue siendo una quimera para cientos de millones de mujeres en todo el mundo, según denunció este miércoles el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

En su informe anual, la agencia de la ONU encargada de la salud sexual y reproductiva analiza por primera vez en profundidad la situación del derecho a la autonomía corporal y concluye que, en buena parte del planeta, casi la mitad de las mujeres siguen sin poder ejercerlo. "En todo el mundo hay mujeres y niñas a las que no se permite asumir el control de sus cuerpos y de sus vidas", señaló en una conferencia de prensa la directora ejecutiva del Fondo, Natalia Kanem.

El derecho a la autonomía corporal se ve violado cuando se practica a una niña la mutilación genital, cuando se fuerza a una mujer a abortar, cuando un hombre la deja embarazada en contra de su voluntad, cuando es violada o cuando se le hace una llamada prueba de virginidad, enumeró Kanem como parte de una larga lista de abusos que son habituales.

57 países con su población femenina sometida sexualmente

El estudio del UNFPA  analiza principalmente tres cuestiones: si la mujer puede decir que no a relaciones sexuales, si puede decidir sobre anticonceptivos y si puede decidir sobre atención médica.

Según el informe, que se basa en datos de 57 países en vías de desarrollo (que representan una cuarta parte de la población mundial), únicamente el 55 % de las mujeres están plenamente empoderadas para tomar sus propias decisiones en esos tres ámbitos.

Esos porcentajes, sin embargo, varían de forma importante entre regiones, pues mientras que en Latinoamérica y el Caribe y en el Este y Sudeste de Asia alrededor de un 75% de mujeres ven respetado su derecho a la autonomía corporal, en África Central y Occidental son menos de un 40%.

En tres países del África Subsahariana (Mali, Níger y Senegal) menos de un 10% de las mujeres pueden tomar todo tipo de decisiones autónomas sobre su cuerpo, según el estudio.

En algunos países, como Mali, el informe muestra que una clara mayoría de mujeres decide sobre anticonceptivos, pero apenas un 22% puede hacerlo a la hora de buscar cuidados médicos y solo una de cada tres puede rechazar relaciones sexuales, lo que hace que quienes ven respetados sus derechos en las tres áreas sean muy pocas.

El UNFPA, en todo caso, reconoce que los datos recopilados son muy básicos y tienen carencias, por lo que pueden no reflejar con total exactitud la realidad, aunque sí ofrecen una aproximación.

Para la doctora sudanesa Nahid Toubia, activista contra la mutilación genital femenina, se trata, en todo caso, de un informe "histórico" y "revolucionario" que pone una nueva mirada sobre problemas que la mujer sufre desde siempre. "La pregunta es, al comienzo de la tercera década del siglo XXI, año 2021, ¿cómo podemos aceptar que un ser humano pueda ser propiedad de otro ser humano? Creíamos que esa idea se había quedado en el siglo XIX (...), sin embargo cuando se trata de mujeres (...) pueden ser de otros", denunció Toubia.

La situación, según el UNFPA, ha empeorado además durante la pandemia de la covid-19 debido a los confinamientos y a las dificultades para acceder a servicios de salud y de planificación familiar.

La ley ampara el machismo

El informe analiza además las políticas en vigor en estos países y destaca que un 25% de ellos no asegura legalmente acceso igualitario a anticonceptivos o que un 20% no tiene normas para apoyar la salud sexual.

Además, pone sobre la mesa legislaciones que siguen infringiendo los derechos de la mujer, entre ellas las llamadas leyes conocidas como "casarse con su violador", en vigor en veinte países o territorios y que establecen que un hombre puede evitar ser perseguido por una violación si se casa con la víctima.

También recuerda que hay 43 países que no tienen legislación contra las violaciones dentro del matrimonio y que hay más de treinta Estados que restringen la libertad de las mujeres de moverse fuera del hogar.

"Todas las sociedades tienen que hacer más para lograr la igualdad de género. Ningún país está ahí todavía. Los gobiernos tienen que tener un papel de liderazgo cumpliendo con sus obligaciones bajo los tratados de derechos humanos. Los gobiernos pueden alterar las estructuras sociales, políticas, institucionales y económicas que refuerzan normas desiguales por género", defendió Kanem en ese sentido.