Las derechas fracasan en el intento de internacionalizar la crítica a la amnistía en la Eurocámara: "Es un asunto interno"

Había tanta expectación y nervios que antes de arrancar el debate, la vicepresidenta de la Eurocámara ya pedía contención y no dañar la "dignidad" y "reputación" de la cámara. El Pleno de Estrasburgo se convirtió la tarde del miércoles en una prolongación del Congreso de los Diputados después de que el PP, apoyado por Ciudadanos y Vox, llevase al Pleno un debate sobre la ley de amnistía y su impacto en el Estado de Derecho español.

La gran expectación se cernía sobre la Comisión Europea, que estuvo representada en el comisario de Justicia Didier Reynders. El belga, sin embargo, no se salió del guion oficial y apenas dio nuevos detalles. Bruselas continúa estudiando el proyecto de ley. Lo hará con "detenimiento, independencia y objetividad". Y, en calidad de su rol de árbitro neutral y guardián de los Tratados, no se pronunciará hasta que no haya un dictamen definitivo de sus servicios jurídicos. Y este no llegará, ha aclarado, hasta que no culmine la tramitación de ley en las cortes españolas. Además, siguiendo una máxima que ha imperado en la capital comunitaria desde el inicio del procés, ha dejado claro que la cuestión catalana "es un asunto interno".

Fuentes socialistas celebran que "el PP haya fracasado en su intento de que la Comisión Europea se posicione en contra de la proposición de ley de amnistía" y subrayan que "apenas hay precedentes" de un debate en el Pleno sobre una ley nacional que ni siquiera ha sido aprobada en un Estado miembro o debatida por su Parlamento.

El comisario belga ha insistido en que el contacto con las autoridades españolas es fluido. Ayer mismo habló con Félix Bolaños, ministro de Presidencia y de Justicia, en una llamada telefónica. La próxima semana, el propio Bolaños viajará la capital comunitaria para reunirse presencialmente con el belga y con Vera Jourová, vicepresidenta a cargo de Valores y Transparencia, para explicarle de primera mano el proyecto de ley. En plena negociación del PSOE y Junts, Reynders envió una carta al Gobierno español pidiendo más explicaciones. Una misiva que molestó en La Moncloa porque el proyecto de ley todavía no ha pasado el trámite legislativo en las cortes españolas. La Comisión se vio obligada a matizarlo alegando de nuevo que no habrá una reacción hasta que no exista un análisis de los expertos del Berlaymont.

De hecho, aunque las fuerzas de derecha han tratado de poner el foco sobre Europa, Bruselas lleva semanas enviando el mismo mensaje. "Es un asunto interno de España que debe abordarse desde el orden constitucional y esto incluye la cuestión de posibles perdones", esgrimió a mitad de septiembre Christian Wigand, portavoz comunitario. "El tema catalán sigue siendo un asunto interno de España que debe abordarse dentro del orden constitucional", insistió tres semanas después en la misma línea que la emitida este miércoles por Reynders.

El debate, que el propio Carles Puigdemont –que no ha participado- calificaba antes de arrancar de "circo", ha seguido el guion previsto. El arco parlamentario de centro-derecha, comandado por PP, Ciudadanos y Vox, lo ha utilizado para intentar poner presión sobre la Comisión Europea, llamar a las fuerzas progresistas a que se revelen y cuestionar la legalidad de la amnistía. El centro-izquierda, por su parte, ha armado su estrategia en que el mayor ataque del Estado de Derecho son los pactos con la ultraderecha y en el argumento de que la derecha no acepta los resultados de las urnas del 23 de julio.

Algunos eurodiputados como Javi López, socialdemócrata, ha recordado que en la Unión Europea se han aprobado leyes de amnistía en 54 ocasiones. "El PP ha traído este debate porque es incapaz de asumir el resultado de las urnas. La sociedad española ha dicho no a los acuerdos entre la derecha y la extrema derecha", ha afirmado. "Señores del Partido Popular, retengan esta idea: España solo sería Polonia o Hungría, si gobernaran ustedes, pero no gobiernan. La amnistía es un mecanismo jurídico extraordinario, pero no es ajeno a nuestra tradición jurídica. Está plenamente normalizada en Europa y en España se utiliza desde el siglo XIX", ha coincidido María Eugenia Rodríguez Palop, de Unidas Podemos.

Por su parte, el líder de la delegación de Ciudadanos en la Eurocámara —que un día antes envío una carta a todos los socialdemócratas para pedirles que alzaran la voz— ha interpelado a las fuerzas progresistas. "No frivolicen con este tema porque ya sabemos cómo acaba, y usen su influencia. Tienen hoy la oportunidad de seguir defendiendo el Estado de derecho junto a nosotros como en Hungría o Polonia", ha afirmado. La equiparación de España a Varsovia y Budapest, las dos capitales bajo el Artículo 7 y con fondos europeos congelados por vulnerar los valores y principios europeos fundamentales, está siendo el otro caballo de Troya de la batalla de la derecha en los pasillos de Bruselas.