MÉXICO.- Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estudian la desaparición de los 43 jóvenes mexicanos de la escuela de magisterio de Ayotzinapa dijeron que de las cien peticiones de información al Gobierno mexicano, sólo el 30% han sido atendidas de forma completa.

En una rueda de prensa en la capital mexicana, los cinco miembros del equipo explicaron que un 47% de las solicitudes de información relevantes o de diligencias significativas para la evaluación e impulso de la investigación no han sido resueltas, mientras que el resto se han cumplido de forma parcial.

"La agilización de la respuesta a estas peticiones es muy importante para cumplir con el mandato del Grupo (Interdisciplinario) en el tiempo establecido", dijo la experta colombiana Ángela Buitrago, quien confirmó que en los próximos días se harán nuevas solicitudes importantes para el caso.

Una de las que aún están pendientes es la entrevista con los militares del 27 batallón de infantería de Iguala que la noche del 26 de septiembre de 2014 tuvieron contacto con algunos de los jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa atacados a tiros por órdenes del entonces alcalde, José Luis Abarca.

Ya han pasado más de tres meses desde que los expertos pidieron acceso a los militares. El domingo el grupo recibió una notificación del Gobierno en la que se les informa que "el Estado continúa analizando la procedencia de la solicitud". Los especialistas expresaron su "preocupación" por el retraso en esta decisión, al considerar que "limita los esfuerzos" por avanzar en la investigación y la búsqueda de los jóvenes que desaparecieron en Iguala, en el estado mexicano de Guerrero.

Los familiares de los estudiantes exigen la apertura de una línea de investigación sobre el papel que jugaron militares la noche del 26 de septiembre pasado, cuando seis personas murieron, incluidos tres alumnos, y 43 estudiantes fueron detenidos por policías locales. Según la fiscalía mexicana, los alumnos fueron entregados a miembros del cártel de Guerreros Unidos, quienes supuestamente los asesinaron y quemaron en un basurero.

"Tenemos libre acceso a todas las fuentes de información" y, por tanto, "la facultad de solicitar ampliaciones de entrevista" y reuniones directas con los militares que ya declararon ante la fiscalía y con los que fueron testigos y aún no han declarado, dijo el chileno Francisco Cox al recordar las condiciones del mandato del grupo.

El paso del tiempo "hace que la fuente vaya perdiendo información" y "limita las posibilidades de búsqueda e investigación" que pudieran surgir de los nuevos testimonios de los militares, advirtió. Los expertos recordaron que su misión tiene seis meses de duración, de los cuales ya han pasado cuatro, aunque podrían prorrogarse.

En este último mes visitaron lugares relevantes vinculados con la investigación, como establecimientos policiales, el basurero de Cocula, el río San Juan, una casa de seguridad y prisiones en el Estado de México, Veracruz, Jalisco y Nayarit, donde hablaron con personas vinculadas al caso.

Además, en presencia de miembros del equipo la Policía Federal tomó declaraciones a los familiares de las víctimas para completar la información existente y se concertó un mecanismo para tomar testimonios a los estudiantes de la Normal que la fiscalía considera importantes.

"La Policía Federal se ha comprometido a presentar a los familiares las nuevas hipótesis de búsqueda, así como a responder a las preguntas que los familiares siguen teniendo sobre estas medidas", agregó Buitrago. La colombiana explicó que la solicitud de los familiares de ser recibidos por la procuradora general Arely Gómez ha sido acogida de forma positiva, por lo que en los próximos días se definirá la fecha de dicho encuentro.

Entre otras de las medidas solicitadas por la CIDH está la acumulación de los procesos abiertos del caso y, en este sentido, la fiscalía confirmó a los expertos que va a pedir la unión de las seis causas abiertas que corresponden a 15 procesos en Tamaulipas, Morelos y Guerrero. Sobre lo sucedido aquella noche, los expertos indicaron que los estudiantes de magisterio salieron a recolectar dinero y autobuses para asistir a la marcha del 2 de octubre en la capital mexicana y se dirigieron a Iguala por las dificultades que tuvieron los días anteriores para lograr su objetivo en Chilpancingo, capital de Guerrero.