La organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció este viernes la desaparición forzosa de cientos de personas en Myanmar (antigua Birmania) desde el golpe de Estado perpetrado por la junta militar el pasado 1 de febrero y pidió sanciones económicas contra los uniformados.

"El extendido uso de arrestos arbitrarios y desapariciones forzosas por parte de la junta parece diseñado para provocar el miedo en los corazones de los manifestantes contra el golpe", criticó Brad Adams, director de HRW en Asia, en un comunicado remitido a Efe.

HRW recordó que, según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) de Myanmar, más de 2.500 personas han sido detenidas desde el golpe de Estado, de las cuales solo se conoce el paradero de una pequeña parte.

Adams reclamó también que los "gobiernos preocupados" por la situación de estas personas "exijan la liberación de todos los desaparecidos e impongan sanciones económicas dirigidas contra los líderes de la junta".

Enérgica condena del Consejo de Seguridad

La denuncia de HRW se produjo horas después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenara este jueves de forma enérgica la muerte de centenares de civiles en Myanmar a raíz del golpe de Estado y la toma del poder de los militares.

"Los miembros del Consejo de Seguridad expresan su profunda preocupación por el rápido deterioro de la situación y condenan con firmeza el uso de violencia contra manifestantes pacíficos y la muerte de centenares de civiles, incluidos mujeres y niños", expresó en un comunicado el organismo. Se trata del tercer pronunciamiento de este órgano de Naciones Unidas sobre el uso de la violencia tras el golpe militar.

Además pidieron la inmediata puesta en libertad de la depuesta líder birmana, Aung San Suu Kyi, y del presidente del país, Win Myint. La depuesta líder y nobel de la paz fue acusada este jueves por un tribunal birmano de violar la Ley de Secretos Oficiales, lo que acarrea una pena máxima de 14 años de prisión.

Suu Kyi se enfrenta a varios delitos como importar ilegalmente walkie-talkies (aparatos portátiles que transmiten y reciben), amenazar la seguridad nacional y aceptar sobornos. El proceso contra Suu Kyi y otros miembros del Gobierno electo y el presidente depuesto, Win Myint, se celebra mientras aumenta la escalada de violencia de la junta militar contra los manifestantes que reclaman la vuelta a la democracia.

Más de 500 personas han muerto desde que se produjo el golpe de Estado, la mayoría por disparos, mientras aumenta la condena internacional. Los uniformados justifican el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que arrasó el partido de Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, y que fueron considerados legítimos por los observadores internacionales.