Con la atención de gran parte de los argentinos puesta en la final del Mundial que enfrentará este domingo a su país con Alemania, el Gobierno de Cristina Fernández mira de reojo el calendario ante otra disputa que tiene su desenlace el 30 de julio: antes de esa fecha, el Ejecutivo tendría que llegar a un acuerdo con algunos fondos especulativos que reclaman el pago íntegro de sus bonos de deuda, avalados por un fallo de la Corte Suprema estadounidense.

El juez Thomas Griesa es el nombre que ahora está en boca de todos. En noviembre de 2012, el magistrado sentenció que Argentina tenía que pagar 1.330 millones de dólares a tres fondos buitre que no entraron en los canjes de quita de deuda propuestos en 2005 y 2010 por el Gobierno argentino. La resolución fue apelada por el Ejecutivo. Pocos esperaban que la Corte Suprema de Estados Unidos respaldara, el pasado 16 de junio, la decisión de Griesa.

Argentina tiene ahora hasta finales de mes para llegar a un acuerdo con litigantes, pues para entonces vence el plazo de gracia que tiene Argentina para pagar en Estados Unidos 539 millones de dólares de vencimiento de deuda a varios acreedores que sí ingresaron en los canjes.

Pero el Gobierno argentino ya depositó este monto a finales de junio en el Banco de Nueva York, su agente de pago en Estados Unidos, el cual ha inmovilizado el dinero para no desobedecer a Griesa. La sentencia del magistrado advierte de que 'en caso de no cumplirse el fallo, se embargarían los pagos de Argentina a los deudores con títulos reestructurados y consideraría aquellos bancos que incumplieran sus órdenes cómplices de desacato'.

'Griesa va a tratar de armar el fantasma de la suspensión de pagos, pero es complicado justificarla porque Argentina ya giró el dinero, y por más que se haya bloqueado, es el juez quien impide que lo reciban los bonistas', explica a Público el doctor en Sociología Gabriel Merino, miembro del Centro de Estudios Formación e Investigación en Política Economía y Sociedad (CEFIPES).

'Lo que intenta Griesa es producir un golpe en la estrategia argentina de acercarse a los mercados en un contexto de problemas económicos que se han generado tras la devaluación de los últimos meses', presume Merino.

Cristina Fernández llegó a tildar de extorsiva la resolución judicial, que es favorable al 1% de los acreedores que denunciaron a Argentina para cobrar íntegramente la deuda pública en mora tras la crisis de 2001, mientras que los bonistas que sí aceptaron la reestructuración del valor de sus bonos son el 92,4%. 

'Hay una guerra entre gigantes, que llega a Estados Unidos y Europa', valora el investigador. 'Se están enfrentando no sólo con Argentina, sino con otros sectores más poderosos. Los neoconservadores, que tienen menos poder, tratan de dinamitar todo canje de deuda. Ellos quieren que cualquier reestructuración, norma o legislación, se haga dentro de su país y así evitar instituciones internacionales. Al frente, Argentina intenta negociar con el apoyo de FMI, de la OEA, del G-77 y de otros grandes jugadores que no quieren  venir amenazado el tablero financiero internacional'.

Pero puesto ya en crisis, los más atentos al devenir de este conflicto son los bancos que entraron en la reestructuración de la deuda argentina, como Barclays, Citigroup o Deutsche Bank. Argentina no sólo tiene que sobrevivir al 30 de julio. El 31 de diciembre vence la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers), que permite a los bonistas que aceptaron los canjes reclamar las mismas condiciones que reciba hasta entonces cualquier otro acreedor.

Si Argentina accediera al reclamo de los fondos buitre, el resto de los acreedores que aceptó el canje podría disparar demandas para cobrar también ellos la deuda íntegra, lo que equivaldría para el Estado un desembolso de 120.000 millones de dólares que el país no tiene.

A corto plazo, la sentencia también puede habilitar las querellas de otros acreedores de deuda que no entraron al canje y que podrían reclamar 15.000 millones más.

De no ceder Griesa, según Merino, los bonistas podrían demandar al magistrado y a los agentes de pago que no giren el dinero de Argentina.

'El efecto del fallo de Griesa puede tener dos resultados', observa el economista y político Claudio Lozano, diputado nacional del partido de izquierdas Unidad Popular. 'Acelerar la crisis de endeudamiento aumentando la deuda pública, o aprovechar la oportunidad para replantear la estrategia de la deuda y recuperar mayor margen de soberanía para nuestra política económica'.

Lozano no duda en calificar el fallo de Griesa como inaceptable. 'El conjunto de efectos del fallo Griesa es de tal magnitud que resulta imposible aceptarlo en esos términos. La sentencia está siendo cuestionada no sólo por los Gobiernos de América Latina, sino también los europeos, la ONU, el FMI y la OEA', reivindica. Este apoyo le daría a Argentina cierta maniobra de acción.

'Pueden pasar dos cosas: una, que el Gobierno se avenga a una suerte de negociación en donde acepte pagar con nueva deuda, volviendo a la vieja calesita del endeudamiento que tuvimos en los años 90', advierte el diputado. 'Otra, que reemplace el Banco de Nueva York por el Banco de la Nación de Argentina como agente de pago y convoque a los acreedores actuales para cambiarles sus bonos por unos que tengan legislación local, de manera de no seguir emitiendo bonos que reconozcan tribunales y leyes extranjeras, una barbaridad de la reestructuración de deuda que sigue manteniendo lo que inauguró la última dictadura militar (1976-1983)'.

A esto último se lo conoce bajo el término técnico de 'prórroga de jurisdicción', lo que habilita a cualquier tribunal tratar a Argentina como deudor comercial y no como Estado soberano.

El contrato de canje que estableció con sus acreedores le permite a Argentina tomar el segundo camino planteado. Sólo bajo este escenario podría realizarse un proceso de auditoría integral de la deuda pública, como ha llevado a la práctica Ecuador con el Gobierno de Rafael Correa.

Este país pagó al final el 30% de su deuda sin que hubiera reclamos que lo frenaran, porque la auditoría que realizó puso sobre la mesa todas las ilegalidades e ilegitimidades que se habían realizado en los distintos procesos de endeudamiento.

'Desde 2001 en adelante, Argentina ha seguido emitiendo deuda pública violando nuestra propia Constitución y aceptando la emisión de bonos bajo ley y tribunal extranjero' critica Lozano. 'Si nosotros hubiéramos realizado una investigación, tendríamos que haber declarado nulas todas esas emisiones de deuda. Si uno no cuestiona nada, termina siendo enjuiciado por un juez como Griesa'.

Argentina ha sido muy disciplinada durante la última década en el pago de su deuda. 'Hemos pagado en ese tiempo 63.000 millones de deuda pública, tenemos 250.000 millones de deuda todavía (la mitad del PBI) y al mismo tiempo andamos embargados y enjuiciados por el mundo', añade el político.

Efectivamente, la presidenta Cristina se ve obligada a alquilar aviones en sus viajes internacionales para que no le embarguen la aeronave presidencial. Aun así, Lozano cree que el Gobierno se encamina a una negociación con los fondos buitre que acelerará la crisis de endeudamiento.

'Y no por casualidad', reflexiona el diputado. 'Desde octubre de 2013, después de las elecciones legislativas, el Gobierno ha buscado endeudarse como demuestra la devaluación, la suba de las tasas de interés, el retraso de los salarios y las jubilaciones, y los acuerdos con Repsol y con el Club de París, que llevan implícita la idea de un acuerdo amigable con los fondos buitre y por esta vía, volver al mercado financiero internacional'.

El partido que lidera Lozano cree que se negoció mal con Repsol porque Argentina tenía que haberle pasado la cuenta de un conjunto de facturas ambientales reconocida en juicios que tiene abiertos la multinacional no sólo en este país, sino también en América Latina y en Estados Unidos.

También reclama la revisión de la deuda que se acordó con el Club de París, visto que la mitad fue originada durante la dictadura, cuando no hay registro de todos los ingresos de dólares que supuestamente entraron. 'Hubiera merecido una discusión este asunto de la deuda odiosa, que es la misma caracterización que hizo Estados Unidos con la deuda que tomó el dictador Saddam Hussein en Iraq y que luego fue condonada', alude el diputado.

Al no haberse discutido ninguno de estos parámetros, Lozano calcula que para finales de 2015 Argentina habrá incrementado sus vencimientos en dólares en 3.800 millones de dólares. 'La política es: como no tengo divisas, incremento mi necesidad de divisas y por lo tanto incremento mi necesidad de deuda', resume el político. 'La idea de que es necesario endeudarse para pagar los vencimientos de la deuda que reconocemos, cuando ésta merece ser discutida, nos devuelve al peor de los mundos en términos de estrategia de política'.

Pero ¿acaso puede Argentina hacerse dueña y soberana de todas las decisiones económicas que le atañen, prescindiendo de amenazas y castigos que vengan de afuera? La falta de divisas en Argentina, uno de los problemas más graves que afronta el Gobierno, es lo que suele esgrimirse como motivo necesario para congraciarse con el sector financiero del exterior y así no quedar aislado como país.

Lozano evoca los 90.000 millones de dólares que en la última década se fugaron de Argentina, los depósitos que hay en el exterior por otros 200.000 millones, y recuerda que el saldo de las 50 principales empresas de Argentina triplica el resultado comercial del país.

'Debería haber algún tipo de discusión en la política pública para que los dólares argentinos estén en Argentina. Hay que buscar los dólares por ahí, y no sobre la base de allanarse a situaciones de limitación que propone el acuerdo con el sistema financiero internacional', expone el político. 'Sin embargo, Argentina está hoy sin divisas como consecuencia de la privatización de las divisas que genera'.