El Palacio San Carlos, sede de la cancillería colombiana en Bogotá, reunió este lunes a veinte países para la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela. La convocatoria corría a cargo del presidente Gustavo Petro, quien hizo las veces de anfitrión en la búsqueda por retomar el diálogo político en Venezuela entre el Gobierno y un sector de la oposición, congelado desde inicio de año y con una larga trayectoria de intentos y desencuentros.

"Esta Conferencia tiene grandes expectativas y estas a veces pueden generar grandes decepciones, espero que no sea lo segundo, que sea lo primero y se vuelvan realidad", señaló el presidente colombiano en los prolegómenos del evento. Al encuentro asistieron representantes de países de América Latina, como Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, México; de Europa, como Portugal, España, Francia, así como el canciller europeo Josep Borrell; representantes de Canadá, Sudáfrica y de Estados Unidos.

Petro, después de plantear la encrucijada latinoamericana entre "convivir o guerrear", explicó la propuesta hecha desde Colombia ante el nudo gordiano venezolano: "Tenemos que andar sobre dos rieles al mismo tiempo, establecer el cronograma de las elecciones y sus garantías, que el pueblo pueda decidir libre y soberanamente qué quiere, sin presiones, también el otro riel, el levantamiento de las sanciones".

Las conclusiones de la jornada, leídas por el canciller colombiano Álvaro Leyva, retomaron esos dos puntos: "La necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes, y con plenas garantías para todos los actores"; y avanzar "en paralelo con el levantamiento de las distintas sanciones". Por último, se acordó que debe implementarse el "fondo fiduciario único para inversión social en Venezuela" acordado en noviembre en México, es decir, los 3.200 millones de dólares que pone Caracas como condición innegociable para volver a sentarse.

Tres partes y un juego atascado

La diplomacia colombiana se movió durante semanas entre Bogotá, Caracas y Washington de cara a lograr las condiciones para la realización de la Conferencia. En la capital venezolana el diálogo fue con el Gobierno de Nicolás Maduro, en Washington con el presidente Joe Biden y legisladores demócratas y republicanos, y en Bogotá con la oposición reunida en la Plataforma Unitaria, es decir, una porción del fragmentado abanico opositor venezolano.

Las tres partes aceptaron que Petro oficiara de anfitrión de una reunión que logró volver a levantar expectativas tras meses de silencio en lo que ya parece muchas veces un bucle: diálogo, acuerdo, incumplimiento, silencio entre partes, nuevo acercamiento, nuevo acuerdo, nuevo incumplimiento. En este caso Caracas aduce que lo acordado en México en noviembre no fue respetado, es decir, que sean devueltos 3.200 millones de dólares del Estado venezolano congelados en cuentas extranjeras a través de la creación de un Fondo Social administrado por Naciones Unidas.

"Si quieren que las negociaciones (...) vuelvan a México solamente tienen que hacer algo; en el comunicado oficial –de la Conferencia– que aprueben anoten la exigencia de que el Gobierno de EEUU deposite los 3.200 millones de dólares secuestrados en las cuentas bancarias que tenemos en el exterior para el plan social firmado en México", afirmó Maduro la noche anterior a la Conferencia. "Si no hay cumplimiento del acuerdo de México, olvídense de ese camino", sentenció.

Stalin González, integrante de la Plataforma Unitaria, afirmó recientemente: "Bastante hemos avanzado jurídicamente sobre el acceso a esos fondos y la realidad de cada uno", en señal de que efectivamente puedan liberarse los recursos. Sin embargo, la potestad de que suceda parece depender fundamentalmente de Washington, que en noviembre pasado, de forma simultánea a los diálogos en México, volvió a autorizar a la petrolera Chevron a exportar petróleo venezolano a EEUU. Gasolina para carros estadounidenses sí, fondos congelados para Caracas no, y el juego nuevamente queda atascado.

Las oscilaciones de Washington

La Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela estuvo marcada por el episodio rocambolesco del ingreso por vías ilegales de Juan Guaidó a Colombia. No es la primera vez que el dirigente opositor se sirve de un atajo para ingresar en Colombia: ya ocurrió en febrero de 2019, de la mano del grupo paramilitar Los Rastrojos, para el evento internacional realizado en la ciudad de Cúcuta. Guaidó había sido reconocido un mes antes como "presidente encargado" y el mandatario colombiano Iván Duque lo recibió con los brazos abiertos.

La situación, en esta ocasión, era diferente. La entrada sin sello migratorio para intentar asistir a una Conferencia sin invitación no fue bienvenida por Bogotá. "Se le ofreció el permiso de tránsito, no se le deportó de regreso a su país y con el permiso de EEUU voló hacia ese país", explicó Petro. Leyva, por su parte, aclaró que fue un alto funcionario estadounidense quien indicó el paradero de Guaidó, y agentes de dicho país le acompañaron hasta el aeropuerto para irse destino a Miami. Esta decisión se debió, según afirmó, al "interés de EEUU por que el acto sea absolutamente transparente y completamente exitoso".

La salida por la puerta de atrás de Guaidó fue la última imagen de quien debía lograr encabezar el "cambio de régimen" en Venezuela en la estrategia diseñada por la administración de Donald Trump. Con su marcha del país, ya habiendo sido depuesto en enero pasado como "presidente encargado" por la misma oposición que le acompañaba, queda ahora la pregunta de qué intentará EEUU, que se mueve entre reconocer que la estrategia de máxima presión vía sanciones no dio los resultados esperados, pero tampoco parece acertar en una hoja de ruta estable.

Esa oscilación es parte de las razones del repetido ir y venir, de ese constante avance y retroceso en el que incurren los diálogos. La pregunta es ahora si Washington querrá hacer efectiva la liberación de los 3.200 millones de dólares, si exigirá algo antes o de forma simultánea por parte de Caracas en línea con su discurso de estar dispuesto a flexibilizar las sanciones a cambio de "pasos concretos". La liberación de los fondos significaría seguramente el regreso a México en un escenario donde el tiempo avanza sin prisa pero sin pausa hacia las elecciones presidenciales.

Al final, las elecciones

La Plataforma Unitaria agradeció a los países participantes de la Conferencia, abogó por el regreso "de manera urgente" a los diálogos de México, la "liberación de todos los presos políticos" y el cronograma de cara a las elecciones presidenciales. La cuestión electoral se torna cada vez más apremiante a medida que las fechas se acercan, en particular las primarias opositoras previstas para el mes de octubre, que estarán constituidas en función de lo que se logre acordar en México.

Los aspirantes a las primarias se encuentran, mientras tanto, en campaña. Tanto integrantes de la Plataforma Unitaria, como el candidato outsider Benjamín Rausseo, o María Corina Machado, quien volvió a plantear en días recientes que "a estos criminales [el Gobierno] los vamos a sacar por la fuerza". Machado calificó la Conferencia en Bogotá de "simulación de negociación", y amenaza con retirarse de las primarias si el Consejo Nacional Electoral es parte de su organización.

La oposición, ya fragmentada, se enfrenta así a posibles nuevas rupturas para beneficio de un chavismo que no se divide pero atraviesa aguas revueltas, en especial con las detenciones por una trama de corrupción en la industria petrolera que habría significado un desfalco de unos 22.000 millones de dólares en cerca de cuatro años. Una suma extraordinaria en el marco de una economía bajo bloqueo estadounidense, salarios y jubilaciones en su mínima expresión, y una campaña electoral por delante.

Caracas tiene otra serie de demandas de cara a los diálogos. Por el momento habrá que ver si los 3.200 millones de dólares son finalmente desbloqueados y las partes vuelven a sentarse en México. En la Conferencia se acordó que pronto habrá una nueva convocatoria a las mismas delegaciones para "hacer seguimiento" a lo acordado el lunes, en el intento de avanzar por los dos carriles simultáneos para alcanzar el objetivo que Petro sintetizó en "más democracia, cero sanciones".