La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha manifestado en su canal de YouTube que la condena a seis años de cárcel por corrupción no obedece a una estrategia de "lawfare  (guerra judicial) ni a un partido judicial" y ha añadido que "esto es un Estado paralelo y una mafia judicial". 

La mandataria ha remarcado que el fallo del Tribunal Oral Federal 2 es "la confirmación de un sistema paraestatal donde se dice sobre la vida, el patrimonio y la libertad del conjunto de los argentinos y que está por afuera de los resultados electorales". También ha señalado al periodismo, que define como "otro aspecto fundamental en el lawfare". "Para hacer expedientes y condenas que no tienen clivaje en la Constitución se necesita la complicidad de los medios", ha argumentado.

Fernández de Kirchner ha defendido su inocencia alegando que probó "absolutamente" y de acuerdo con la Constitución que no tiene "el manejo de la leyes que son aprobadas por diputados y senadores". "Dicen que el delito lo cometí a través de la sanción de leyes. Yo no legislo, para eso están los diputados y los senadores. Y el presidente de la República tampoco administra ni ejecuta el presupuesto", ha indicado. 

Un viaje de jueces, políticos y empresarios

Durante su declaración, una de las personas a las que ha interpelado es a Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín, el mayor grupo de medios de comunicación del país. La razón es el viaje que realizaron jueces, políticos y empresarios a la vivienda del multimillonario británico Joe Lewis, cercano al expresidente derechista Mauricio Macri (2015-2019), en Lago Escondido (Argentina). Entre los viajeros estaban el magistrado Julián Ercolini, instructor de la causa contra Fernández de Kirchner, dos altos cargos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en manos del partido de Macri) y dos directivos del Grupo Clarín.

La vicepresidenta ha señalado a este grupo como el responsable de estar detrás de esta trama de lawfare y ha anunciado que no se presentará como candidata en 2023, por lo que perderá el aforamiento que le protege de la aplicación de la sentencia. "Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo", ha recalcado.

Muestras de apoyo

El presidente Alberto Fernández ha afirmado "ha sido condenada una persona inocente (...) alguien a quien los poderes fácticos trataron de estigmatizar a través de medios de comunicación y perseguido a través de jueces complacientes a los que pasean en aviones privados y mansiones de lujo los fines de semana". 

Fernández ha reprochado que esto es "el resultado de un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso, en el que se violó el principio de no juzgar dos veces un mismo hecho". "Todos los hombres y todas las mujeres de bien que amamos la democracia y el Estado de Derecho debemos ponernos a su lado", ha subrayado.

Asimismo, organizaciones como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación del Personal Legislativo (APL), el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Sindicato Unido Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh) y Soberanos han convocado manifestaciones frente al Tribunal de la Capital Federal de Argentina, situado en la avenida Comodoro Py (Buenos Aires) para expresar su respaldo a la vicepresidenta. La Confederación General del Trabajo (CGT) también se ha lamentado la condena, que califica como un "vergonzoso veredicto".