Venezuela entró en un nuevo capítulo de su larga crisis tras las elecciones del 28 de julio. Los hechos de estos días dan cuenta de su profundidad: un apagón eléctrico nacional denunciado como sabotaje por parte del Gobierno, la orden de arresto contra el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, o la incautación de un avión presidencial de Nicolás Maduro y las amenazas de nuevas sanciones contra funcionarios del Estado venezolano por parte de Washington. 

El Gobierno denuncia que se trata de un "golpe de Estado en pleno desarrollo". Así lo calificó el recientemente ratificado ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, después de que el país quedara a oscuras por unas horas, hecho por el cual hay 11 detenidos. La imagen de Venezuela sin luz recordó al 2019, cuando existió otro apagón nacional producto de un sabotaje según el Gobierno: era entonces, como ahora, un momento de crisis con intento de golpe de Estado que culminó en la fallida acción político-militar el 30 de abril de ese año.

La crisis actual guarda otros paralelismos con ese momento, como el desconocimiento de Maduro como presidente electo, y la enunciación de un presidente paralelo. En 2019 era entonces Juan Guaidó que se presentaba como "presidente encargado", mientras que ahora es González Urrutia, quien oscila entre firmar sus comunicados como "presidente electo" o simplemente con su nombre y apellido, señal de una estrategia inestable. 

No es la única diferencia entre ambos casos: mientras que Guaidó se fue del país en abril del año pasado para recluirse en la zona de protección de las derechas latinoamericanas, es decir Miami, González se enfrenta a una orden de arresto emitida el pasado lunes por un juez, por solicitud de la Fiscalía, al no presentarse a tres citaciones. Se le acusa de varios delitos como el de  "presunta comisión de delitos de usurpación de funciones" y "forjamiento de documento público". 

Las responsabilidades

"El señor Edmundo González Urrutia no tuvo que ver en modo alguno con todo el proceso de recaudación de copias de actas de escrutinio, la digitalización de esas actas de escrutinio, y subir en página web esas actas de escrutinio. Esa fue una acción cívica ciudadana", declaró el abogado del excandidato, José Vicente Haro, tras asistir al Ministerio Público, donde se reunió con el fiscal general, Tarek William Saab. 

Según Haro, González "no ha cometido hecho que pueda considerarse delito", y que se hayan subido a una página dichas "copias de las actas de escrutinio emanadas de las actas de votación (…) es un hecho que no reviste carácter penal conforme a la legislación venezolana". 

A diferencia de González, María Corina Machado se hizo responsable de las actas que el Gobierno denuncia como fraudulentas. "Asumo la responsabilidad de las Actas porque son legales, legítimas y expresan la soberanía del pueblo venezolano", escribió en su cuenta de red X. El  mensaje podría ser leído como un desafío al Gobierno por parte de quien encabeza el espacio que llevó a González de candidato y no tiene orden citación a declarar, ni de arresto. 

El avance judicial sobre González abrió la pregunta sobre si podría pedir asilo o resguardarse en una embajada, en línea con los que numerosos dirigentes políticos venezolanos hicieron en estos últimos años. Algunos políticos aliados negaron tal posibilidad, como Antonio Ledezma, al igual que su abogado. ¿Qué hará finalmente? Se trata de una pregunta determinante para quien ya ha sido reconocido como ganador de las elecciones por algunos países, como Estados Unidos.  

Las presiones internacionales

La orden de detención de González despertó numerosas respuestas y presiones diplomáticas. Por una parte nueve países latinoamericanos, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, rechazaron "de manera inequívoca y absoluta la orden de arresto". 

Estados Unidos aseguró, a través del portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, que "en coordinación con nuestros socios estamos considerando una variedad de opciones para demostrarle al señor Maduro y a sus representantes que sus acciones en Venezuela tendrán consecuencias". Esa demostración podría ser, según preanunciaron medios como la agencia Bloomberg, y confirmó el jefe de la Misión de los EEUU para Venezuela, Francisco Palmieri, nuevas sanciones contra funcionarios de diferentes instituciones del país. 

Quienes también reaccionaron a la orden de arresto fueron los gobiernos de Colombia y Brasil, dos países con puentes entre Caracas, la oposición y Washington, que se propusieron ocupar un rol de mediación desde inicio de la crisis. Ambos emitieron un comunicado conjunto expresaron su "profunda preocupación por la orden de detención emitida (…) contra el candidato presidencial Edmundo González Urrutia", señalando que "afecta gravemente los compromisos asumidos por el Gobierno venezolano bajo los Acuerdos de Barbados". 

Ese comunicado podría haber estado en la base de la fallida reunión que debía celebrarse esta semana entre los presidentes de Brasil, Colombia, México y Venezuela, según dejó ver el canciller colombiano, Gilberto Murillo. 

El silencio electoral

En el centro de la crisis se encuentra la elección del 28 de julio. Si por una parte el Gobierno acusa a la oposición de fraguar actas, intentar nuevamente un golpe y no presentarse ante la Justicia, por el otro se mantiene el silencio del Consejo Nacional Electoral, que el 26 de agosto había anunciado que cumpliría "con lo ordenado por la Sala Electoral del Tribunal Supremo Electora". Una vez certificado el resultado presidencial, este órgano le pidió al Poder Electoral que publicara "los resultados definitivos". 

La ausencia de explicación por la demora de entrega de los "resultados definitivos" por parte del Poder Electoral mantiene abierta la pregunta acerca de cuándo lo hará, en un marco donde el plazo legal para hacerlo era de 30 días, según el artículo 155 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Ese vacío de datos desagregados de la elección alimenta dudas y denuncias dentro y fuera del país, en un contexto donde varias posiciones internacionales preanuncian mayores enfrentamientos.

Estados Unidos, por ejemplo, no solamente afirma que González ganó las elecciones, sino que esta semana incautó, o robó, un avión presidencial de Venezuela, algo que Maduro calificó de "práctica de piratería". En cuanto a Argentina, el Gobierno "exhortó" el viernes a la Corte Penal Internacional "órdenes de detención contra Nicolás Maduro y otros cabecillas del régimen".

La crisis se encuentra ahora en una zona de tensión a la espera de saber qué sucederá con la situación de González Urrutia y el impacto de las nuevas sanciones que anticipó Washington, en el marco de un conflicto que tiene como uno de sus puntos centrales el 10 de enero. Ese día Maduro será investido por su tercer mandato presidencial. Quedan aún varias y probablemente largas semanas hasta ese momento.