Hace sólo cinco meses los campos del valle del Shabelle, refugio último de los radicales de Al Shabab, estaban secos. Secos porque no llovía. Secos porque los extremistas habían paralizado la llegada de ayuda humanitaria. En las últimas semanas el cielo ha dado una tregua. Las lluvias de abril llegaron en marzo y en cantidades hasta un 200% por encima de la media. Los yihadistas no. Los enfrentamientos con las tropas de la African Union Mission to Somalia (AMISOM) se han extendido hasta la provincia limítrofe de Hiiraan, donde las inundaciones del río Shabelle han dejado ya más de 180.000 desplazados. La situación, alerta el Norwegian Refugee Council, “es una bomba de relojería” en forma de brotes de malaria, cólera y desnutrición. Cuando estos lleguen apenas habrá nadie para contenerlos.

Sólo el pasado año, más de un millón de personas tuvieron que dejar sus casas en Somalia. Un total de 172.000 lo hicieron a causa de la violencia; 860.000 por culpa de la sequía. “Más de la mitad de la población del país requiere asistencia humanitaria”, lanzaba la voz de alerta a mitad del pasado año el coordinador de respuesta a emergencias de la ONU, Stephen O’Brien. Los esfuerzos de la cooperación internacional y las lluvias de Deyr (octubre-diciembre) y Gu (Abril-Junio) aliviaron el escenario con la llegada del 2018.

De hecho, la macroeconomía humanitaria dibuja últimamente un cuadro un poco menos malo. Las cifras del cólera en Somalia se han reducido de los 36.000 casos y 697 muertes de enero a abril de 2017 a 1.613 y 9 muertos desde diciembre pasado. El número de personas en riesgo de emergencia por inseguridad alimentaria han descendido de 496.000 a 300.000. Incluso los precios del sorghum (un grano similar a la quinoa muy consumido en el país) y del maíz se han reducido gracias a la cosecha de abril. Un 37 y un 32% respectivamente. Pero la economía real, la de los más de 2,1 millones de desplazados internos tras más de 25 años de conflicto armado, no entiende de números. En Waliyow, uno de los asentamientos para IDP apenas a unos cientos de metros del Palacio Presidencial de Mogadiscio, el precio del kilo de arroz ronda los 4 dólares. Aquí las familias no tienen siquiera un dólar al día.

Basta con pasear unos minutos por el barrio, no demasiados antes de que alguien alerte a los radicales de Al Shabab, para encontrarse con los cuerpos enflaquecidos. Con los ruegos. Con las miradas del hambre. La mortalidad infantil, 137 niños fallecidos por cada 1.000 habitantes, ya de por sí una de las más elevadas del mundo, es aquí hasta seis veces superior. Según la FAO, existen en el país 301.000 menores en riesgo agudo de malnutrición.

“La situación ha mejorado en términos de magnitud, no sólo la cifra de personas en situación de emergencia ha disminuido, sino que también lo ha hecho el riesgo de hambruna. Hemos realizado una campaña masiva de asistencia humanitaria en la que no sólo hemos alimentado a la población, sino que hemos evitado que agotasen sus activos, los animales en en el caso de los pastores y la tierra para los agricultores. Además, la temporada de lluvias ha sido relativamente mejor. Sin embargo”, alerta el asesor jefe del programa de seguridad alimentaria de la FAO en Somalia, Daniel Molla, “la situación en Somalia sigue siendo frágil, y como vimos a principios de 2017, puede deteriorarse rápidamente”.

Las mismas lluvias que calmaron al ganado tras dos años de sequía y reverdecieron los pastos se han convertido ahora en el enemigo más temido. En la región de Juba, al sur del país, las inundaciones han destruido más de 28.000 hectáreas de cultivos, a las que se suman otras 30.000 en Hiraan: se estima que el 70% de las granjas de la zona han sido afectadas y 180.000 personas han tenido que abandonar sus viviendas. “Es probable que la seguridad alimentaria en zonas de Hiraan, Middle Shabelle, Lower Shabelle, Gedo, Juba Medio y Lower Juba, así como en algunas áreas pastorales de Bay, Bakool y Togdheer se vea más perjudicada de lo que estaba previsto”, señala el último informe de la FAO.

Unos niños hacen cola para recibir comida en uno de los campos para desplazados internos en Mogadiscio. / FAO

Las fuertes precipitaciones han dañado las infraestructuras del país y muchos caminos resultan intransitables, lo que se traduce en un incremento de costes del transporte y por extensión de los propios alimentos. Además, el cultivo de maíz han retrasado su maduración y la previsión es que apenas alcance el 60% de la media habitual de producción. En total, son más de 700.000 los afectados directamente por las inundaciones, “muchos de los cuales”, continúa el informe del organismo de la ONU, “han perdido sus viviendas y su medio de vida, por lo que necesitarán ayuda humanitaria para sobrevivir a partir de septiembre”. En el “peor escenario”, en el que las lluvias impedirían una nueva cosecha, el repunte de personas en situación de emergencia podría acercarse a finales de 2018 a las cifras del pasado año.

“El hambre es la mayor carencia del ser humano. Si estás hambriento dejas de pensar en mejorar tus condiciones de vida, en la educación de tus hijos… cuando las condiciones se deterioran y no te puedes alimentar es fácil verse involucrado en la violencia, el saqueo o la insurgencia”, sentencia Molla.

El edicto de Al Shabab contra la ayuda occidental

Lo ocurrido durante la hambruna de 2011, que se saldó con más de 250.000 fallecidos, entre ellos más de 133.000 niños, ha condicionado la estrategia de Al Shabab ante la crisis desatada desde 2016: no puede permitirse que una nueva oleada de muertes menoscabe su ascendencia sobre la población local, que sigue apoyando en gran número al movimiento radical pese a la miseria que genera el conflicto, pero tampoco va a permitir el acceso de la asistencia humanitaria occidental a sus dominios. “Al Shabab mantiene como rehenes a las víctimas de la sequía impidiendo que las organizaciones internacionales, el Gobierno Federal y ONGs locales entreguen ayuda”, alerta Crisis Group.

Los líderes de la franquicia de Al Qaeda en Somalia desconfían de las organizaciones humanitarias. Ni siquiera las entidades musulmanas son bienvenidas en los territorios yihadistas del valle del Shabelle. Para Al Shabab, todos son sospechosos de ser espías. Antes de la crisis de 2011, los radicales mantenían una relación cordial con las ONGs, a las que permitían el acceso tras el pago de una tasa. Pero las derrotas militares de aquel año, en la que Al Shabab perdió el control de la mayor parte de los núcleos urbanos que dominaba, unido a las informaciones que revelaban el uso por parte de la CIA de una campaña de vacunación de polio para descubrir la ubicación de Osama Bin Laden en Pakistán, terminó por romper cualquier vínculo.

En abril del pasado año, después de que espontáneamente centenares de familias abandonarán las regiones de Bay y Bakool a consecuencia de la sequía, Al Shabab emitió un edicto advirtiendo a la población de que no aceptase donativos de “cruzados y apóstatas”, en alusión a extranjeros y al Gobierno, al tiempo que bloqueó cualquier huida: un carro que transportaba ayuda alimentaria fue quemado y sus porteadores arrestados. Días después, un artefacto explosivo atentó contra un coche del Programa Mundial de Alimentos (WFP) en Mogadiscio.

Para frenar el éxodo de civiles, lo que además de las críticas entre sus propios seguidores también podría dejar al descubierto sus refugios militares, los yihadistas han puesto en marcha su propio sistema de ayudas con el que proporcionan ganado, alimento, agua y hasta dinero a los vecinos afectados por la sequía. Para sufragarlo, cobran un zakat -una limosna obligatoria- a empresarios y familias adineradas, lo que ha provocado algunos enfrentamientos en el Bajo Shabelle. Aunque la efectividad de su campaña de asistencia humanitaria es “difícil de medir”, apunta Crisis Group, “cualquier especulación de que Al Shabab pueda estar dispuesto a permitir el acceso de ayuda a las áreas bajo su control” es todavía prematuro. El recelo por lo ocurrido en 2011 es todavía muy fuerte.
“Al Shabab sabe cómo proyectar una imagen positiva diciendo que está ayudando a la gente. No digo que no hagan nada, pero creo que acosan más a la población de lo que la ayudan. Saben cuándo entregamos asistencia, sea comida o dinero, y aprovechan para cobrar a la gente sus tasas”, apunta Molla.

El mayor temor de las agencias humanitarias es que esta crisis alimentaria venga acompañada de nuevos brotes de cólera y malaria: “Se espera que el número de casos de cólera comiencen a aumentar en junio”, señala el informe de FAO. El Gobierno apenas mantiene el control de las zonas urbanas del sur del país gracias al apoyo de la AMISOM y al norte son los gobiernos autónomos de Somaliland y Puntland los que funcionan como única autoridad. El resto, la mayor parte de un territorio eminentemente rural, está dominado por clanes tribales, señores de la guerra, piratas y radicales de Al Shabab e ISIS. Un escenario hiperfragmentado que imposibilita poner en marcha un programa de asistencia humanitaria efectivo y eleva la amenaza que puede suponer cualquier catástrofe natural. Especialmente con el fenómeno de El Niño esperando en el horizonte.