Dos cuestiones centrarán la investigación de la Corte Penal Internacional para determinar si Israel y las milicias palestinas de Gaza han cometido crímenes de guerra: el conflicto de 50 días del verano de 2014 y la continuada expansión colonial en los territorios ocupados, según anunció esta semana el tribunal de la Haya.

El proceso podría demorarse muchos años y los obstáculos que encontrará la CPI son tantos y tan grandes, algunos previsibles y otros no, que el conjunto de la información disponible augura que las posibilidades de que se condene a Israel son prácticamente nulas.

En la guerra de 2014 murieron más de 2.100 palestinos, incluido un elevado número de civiles, mientras que las milicias palestinas mataron a 67 soldados y cinco civiles israelíes. Desde el punto de vista de numerosos observadores, no hay ninguna duda de que se cometieron crímenes de guerra, pero la investigación no garantiza una sentencia acorde de la CPI.

Curándose en salud, el ejército israelí puso en marcha con rapidez varias investigaciones de algunos incidentes controvertidos en los que participaron sus tropas, una acción que los observadores califican de maniobra de distracción destinada a impedir que un tribunal extranjero juzgue hechos que ya se han investigado en Israel.

En 2015 Palestina firmó el Estatuto de Roma de 1998 que sirvió de base para la creación de la CPI. Israel criticó esa decisión aduciendo que Palestina no es un estado soberano y por lo tanto no tiene derecho a apelar al tribunal, un argumento que el propio tribunal ha terminado por rechazar. Israel, además, no reconoce a la CPI.

Como era de esperar, las autoridades israelíes, incluido el primer ministro Benjamín Netanyahu, han calificado a la CPI de "antisemita", una acusación que se aplica habitualmente a todo aquel que critica la brutal ocupación militar, aunque no cuestione la existencia del estado de Israel.

Esta semana algunos medios hebreos, incluido el popular Canal 12, han adelantado que la lucha para desprestigiar a la CPI va a ampliarse. Esta táctica que los israelíes y sus aliados aplican contra el tribunal y contra sus miembros, también con ataques personales, redunda en perjuicio de la CPI y confirma que, como dijo un analista egipcio hace unos años, el tribunal fue creado para juzgar a negros y morenos, y no a rubios.

Solo horas después del anuncio de la Haya del 5 de febrero, el diario Haaretz adelantó que las autoridades israelíes informarán a cientos de responsables políticos, militares y de otros estamentos de la seguridad, en activo o en la reserva, de los riesgos a que se exponen, por ejemplo de ser arrestados si viajan al extranjero.

Matthew Cannock, director del centro para la justicia internacional de Amnistía Internacional, dijo: "Este es un momento crucial para la justicia después de décadas de falta de responsabilidad para delitos y crímenes contra la humanidad". Y añadió: "Es una oportunidad histórica para que finalmente se ponga fin a la penetrante impunidad que ha causado graves violaciones en los territorios palestinos durante más de medio siglo".

Sin embargo, lo más probable es que el ruido que ha causado la CPI no tenga mayores consecuencias. Estados Unidos y otros aliados de Israel, como Alemania, Canadá y Australia, ya han condenado la decisión de la Haya, y son países que poseen la suficiente fuerza para continuar desacreditando a ese tribunal especializado en negros y morenos.

La fiscal Fatou Bensouda, que adoptó la decisión después de examinar el caso durante cinco años, ha sufrido su osadía en sus propias carnes y ha sido puntualmente sancionada por Estados Unidos, junto con otros miembros del tribunal. Bensouda abandonará su cargo en junio, cuando lo asumirá un jurista británico. Israel espera que este cambio ponga fin a la investigación o la agüe de tal manera que pierda sentido.

El Estatuto de Roma considera que el apartheid es un crimen de guerra. El desplazamiento de cientos de miles de colonos judíos a los territorios palestinos viola la Convención de Ginebra de 1949, ya que se aplican leyes distintas para colonos y palestinos, y el ejército mantiene permanentemente encerrados a los palestinos.

Naturalmente, la CPI no puede investigar a Israel por delitos cometidos dentro de su territorio ya que Israel no ha ratificado el Estatuto de Roma, pero sí que puede investigar los delitos que ha cometido en los territorios palestinos ya que Palestina es un estado miembro al mismo nivel que el Vaticano.

En teoría, la CPI podría investigar a Israel por delitos cometidos dentro de su país si el Consejo de Seguridad de la ONU se lo pidiera, como ocurrió con el líder libio Muammar Ghadafi, que pertenecía a la categoría de los morenos, pero obviamente, en el caso de Israel Estados Unidos opondría su veto.

Las posibilidades de que llegue a puerto la investigación son más remotas si se considera que la misma dirección palestina puede retirar la acusación en cualquier momento, es decir cuando la presión de Estados Unidos e Israel sea insoportable. El presidente Mahmud Abás ya retiró hace algunos años en el último minuto una acusación de discriminación contra equipos de fútbol israelíes que juegan ilegalmente en los territorios ocupados.

Pero suponiendo que dentro de muchos años la investigación concluyera y los jueces condenaran a Israel de crímenes de guerra, una hipótesis inimaginable, sería muy complicado sancionar a Israel cuando países como Estados Unidos, Alemania, Canadá y Australia lo rechazan. Es más fácil que la CPI se desmantele que se apliquen sanciones contra el estado judío, como bien se demostró tras la investigación por la guerra de 2008 que realizó el juez sudafricano judío Richard Goldstone en nombre de las Naciones Unidas, y que no tuvo ninguna repercusión.