La decisión del Gobierno de Boris Johnson de someter a cuarentena a los viajeros procedentes de España –por tierra, mar y aire- es otro arrebato en la cadena de prontos con la que gestiona la pandemia de la covid-19 en Reino Unido. Boris asegura que se basa en criterios científicos, en este caso, en el alto nivel de infecciones de coronavirus en España. Ahogar todavía más la economía española cuando empezaba a tener un respiro veraniego, no tiene nada que ver en el asunto; fomentar, o forzar, el turismo interior británico, tampoco. Al menos, eso dice el primer ministro.

A medio año de pandemia, todos los Gobiernos han improvisado en mayor o menor medida porque ninguno de ellos disponía de precedentes a los que remitirse. La pandemia es global y ferozmente contagiosa a diferencia, por ejemplo, de la gripe aviaria. Reino Unido no ha sido mejor ni peor en ese sentido de improvisar o copiar a otros, o adaptar medidas que en otros países se imponían. Pero Boris lo ha hecho a su manera; dos semanas después de Europa, y con su retórica. En febrero dijo aquello de que "la epidemia es un calentón de los medios", y, "pasará en unas semanas como otra gripe de invierno". Hasta el 16 de marzo, cuando el Imperial College de Londres y el científico, Neil Ferguson, dijeron que de no tomar medidas Reino Unido podría alcanzar los 250.000 muertos, Boris no pareció inmutarse. El 23 de marzo decretó el cierre de establecimientos y oficinas y el confinamiento de los ciudadanos. Se podía salir de casa, en pareja o grupo de la misma vivienda, para comprar y/o hacer ejercicio físico, lo cual lo distinguía, como siempre, de otros países.

El cierre de los aeropuertos a vuelos de determinadas procedencias generó la protesta de Nueva Zelanda, donde los casos de virus eran muy pocos; encima estaban localizados y tratados. La queja de un país ex colonia gobernado (con éxito) por una mujer laborista, Jacinda Arden, no hizo ningún efecto en Boris Johnson, su chulería o geopolítica. Él mismo dio positivo y fue ingresado en un hospital el día 5 de abril. A su regreso al trabajo, el 27 del mismo mes, los tuits no podían ser más fanfarrones. El 3 de mayo, en una entrevista a The Sun on Sunday, reconoció, entre risotadas, que había experimentado el miedo. Su política de contención de la epidemia había fracasado y asomaba el pico, como había ocurrido dos semanas antes en Europa. Reino Unido llegó a ser el país de Europa con mayor número de víctimas mortales en términos absolutos. A día de hoy, son 45.878 defunciones –en la primera fase sólo se contaban los óbitos en hospitales con diagnostico positivo previo- y 300.692 infectados.

El Gobierno británico asegura que basa sus decisiones en las recomendaciones de los científicos y expertos en epidemiología, aunque, a menudo, surgen discrepancias entre éstos y los políticos que hacen malabares para que la gestión de la pandemia les sume, y no les reste, puntos en popularidad. Ruth May, jefa de Enfermería del Servicio de Salud y miembro del comité que da cuenta desde Downing Street de la gestión de la pandemia, fue apartada de las ruedas de prensa diarias porque se negó a dar su apoyo a Dominic Cummings, el Rasputín de Boris que rompió el confinamiento. Hasta Boris se burló de las normas cuando salió del hospital St. Thomas, a un tiro de piedra de Downing Street, y viajó a Chequers, la residencia de campo del primer ministro a más de una hora de distancia de Londres, mientras la reclusión general prohibía el traslado de urbanitas a segundas residencias campestres.

"Nos enfrentamos al mayor reto desde la Segunda Guerra Mundial", dijo Boris cuando las cifras y los hechos consumados hablaban por sí mismos. Así y todo, él hilvanaba sus disposiciones con la geopolítica: excluyó a Portugal de los corredores aéreos en los que incluyó a España. Su gestión se ha limitado a ir dos semanas detrás de Europa; desde qué criterios aplicar para contabilizar las víctimas mortales o los infectados, hasta qué restricciones aplicar para paliar los focos geográficos que anidan desde el norte (Blackburn) hasta el sur (Luton) pasando por el centro (Leicester). Ahora, a toro pasado, a Boris, le resulta fácil prever que en dos semanas Reino Unido sufrirá "un segundo brote".

La popularidad de Boris Johnson, a mediados de junio, estaba en un 43% de apoyo (frente al 57% previo a la pandemia) y un 50% de rechazo (frente al 35%) en los sondeos de opinión. Su suerte es que revalidó mandato en diciembre pasado y tiene cuatro años para entrenzar lo científico y lo político con el desastre económico. Su Gobierno estudia reducir la cuarentena de 14 a 10 días e incluir y excluir nombres de la lista de 63 países desde los que se puede viajar a Reino Unido sin someterse a cuarentena. Él defiende que toda España entra en el mismo saco, aunque destinos populares como Canarias, Baleares o Comunidad Valenciana, cuyo incentivo turístico es vital para la economía, tienen bajos niveles de infección. No considera, como Alemania, las restricciones por regiones o el sometimiento de los viajeros a la prueba del virus en su regreso al país. El brío de Boris no le permite copiar –ni que se note- a Alemania o Francia, y menos a España, no sea que salga en qué hacer con Gibraltar.

Las críticas internas a Boris se han centrado en que ha llegado tarde a todo: incertidumbre, ambigüedad, tardanza y caos son los calificativos más frecuentes fuera del Gobierno. Ante esta lluvia de reproches, Boris ha sacado pecho y, por una vez, se ha adelantado con el anuncio de que los que lleguen de España deben someterse a cuarentena. Ya no lo pueden tachar de tardón, indeciso o copión. “Vamos a ser claros sobre lo que les ocurre a nuestros amigos europeos; estamos viendo en algunos lugares los signos de un segundo brote; es vital que los que regresen de algún lugar con segundo brote cumplan la cuarentena”, así lo ha dicho mientras viajaba a Nottingham (centro de Inglaterra). Con sus pláticas y sus decisiones, los ingleses lo ha encasillado en lo que dicen good at the talk talk but not the walk walk, que en castellano se resumiría con la palabra "bocazas".