Cuatro días para poner como excusa el respeto a las niñas y niños nacidos de la explotación reproductiva para que se acepte su regulación. Esa es la estrategia que la Coalición Internacional para la Abolición de la Gestación por Sustitución (CIAMS) denuncia que pretende llevar a cabo la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y que desemboca "en el debilitamiento y la devaluación de estos derechos", tal y como cuenta Berta O. García, copresidenta de la plataforma feminista.

Y es que, según parece, desde el 12 de octubre al 16 La Conferencia que reúne a 84 Estados de todos los continentes más la Unión Europea, y que se define como "crisol de diversas tradiciones jurídicas, elabora instrumentos jurídicos multilaterales que responden a necesidades mundiales, al tiempo que garantiza su seguimiento", estaría diciendo una cosa y haciendo la contraria en los que a vientres de alquiler se refiere.

Según explica Marie-Josèphe Devillers, copresidenta de la CIAMS, "el grupo de trabajo dedicado a este proyecto legislativo niega tomar partido a favor o en contra de la explotación reproductiva, al tiempo que afirma que, dado que existe, sería necesario regular las consecuencias vinculadas a los acuerdos de gestación subrogada de carácter internacional".

Lo privado manda

La táctica de blanqueamiento de la explotación reproductiva denunciada por las abolicionistas la hacen mediante los propios estatutos de La Conferencia basados en tender puentes entre los diferentes sistemas jurídicos de los estados miembros. "Las situaciones personales, familiares o comerciales en las que se halla implicado más de un país son más que habituales en el mundo moderno. Tales situaciones pueden verse afectadas por las diferencias que existen entre los sistemas jurídicos vigentes en estos países. Con el fin de resolver estas cuestiones, los Estados han adoptado reglas especiales conocidas en su conjunto como "Derecho internacional privado", según describe la propia entidad de sí misma.

Con esta posición, la Conferencia de La Haya, según añade Ana-Luana Stoicea Deram, también copresidenta de la CIAMS, la entidad pretende que sus integrantes –que no son solo los 85 miembros sino también un número creciente de Estados no miembros que se están adhiriendo a sus Convenios y que llegan a ser 150 países en los trabajos que llevan a cabo– acaben apoyando la explotación reproductiva. "Contrariamente a lo que la Conferencia de La Haya quiere hacernos creer, para respetar los derechos humanos de los niños y las niñas, primero debemos considerarlos como seres humanos, no como objetos que se pueden obtener por encargo y contrato".

La Organización situada en La Haya, ciudad conocida por ser la capital de la Justicia Internacional, está financiada por sus Estados miembros, así como con recursos financieros de otras fuentes para proyectos específicos y se describe "como un centro de cooperación judicial y administrativa internacional en materia de Derecho internacional privado, en particular en los ámbitos de la protección del niño y de la familia, del procedimiento civil y del Derecho comercial".

Algo que para García es un oxímoron. "Si, en lugar de pronunciarse claramente por la protección de los recién nacidos y las mujeres involucradas como gestantes en esa práctica conocida como gestación subrogada o vientres de alquiler, persiste en su afán de dar carta de naturaleza a los contratos firmados en condiciones de desigualdad y asimetría entre personas adultas que convienen la fecundación, la gestación y el nacimiento de un bebé que va a ver sus derechos humanos usurpados desde que viene al mundo son responsables directos".

Además, para esta integrante de la RECAV (Red Estatal contra el Alquiler de Vientres), "lo que La Haya pretende es que las sentencias extranjeras relativas a la paternidad y maternidad por gestación subrogada sean reconocidas como de derecho. Sin embargo, sabemos que la gestación subrogada ofrece un doble producto: un bebé más su filiación a favor de las personas que lo han encargado por contrato. Y obviar esto en un protocolo es aceptar de facto la subrogación".

Hacer caja a través de convertir en hornos a las mujeres

Una situación que redundaría en el aumento del beneficio de la industria proxeneta de la explotación reproductiva. "El l Convenio de La Haya sobre Adopción Internacional establece que el consentimiento de la madre y el padre biológicos, pero en particular el de la madre, debe haberse obtenido después del nacimiento de la criatura, nunca antes, y sin que haya a cambio pago o remuneración de cualquier tipo. Pero, sin embargo, el acuerdo previo al nacimiento del bebé –en lo que respecta a la renuncia a la filiación por parte de la madre– constituyen el núcleo caliente de la subrogación. Así que por una parte combaten una cosa y por otra parte quieren regular lo mismo que combaten. ¡Es de locos!", recalca García.

A esto se suma lo que desde la CIAMS vienen observando desde hace tiempo. "Existe una voluntad de cambio en el lenguaje para convertir esta práctica en algo menos repulsivo". Proponen, por ejemplo, que los términos a utilizar sean más "neutros" y que en lugar de "madre gestante" se recurra a términos como "subrogada" o "mujer gestante". Que se borre toda referencia a la maternidad de la mujer que se embaraza y trae una criatura al mundo por encargo y contrato. Es como si las terapias de desapego que se aplican a las madres gestantes quisieran también invadir el lenguaje. Me disocio, "no soy yo, es mi cuerpo el que gesta".

El resultado de ello sería lo que las abolicionistas definen como esclavitud 2.0. "La subrogación es, en pleno siglo XXI, la triste heredera de la esclavitud de las mujeres negras: los hijos e hijas que traían al mundo eran propiedad del amo que había pagado por ellas. Cualquier forma de opresión y de discriminación es mucho más duradera en las mujeres. Si bien es cierto que aún existen focos de esclavitud en el mundo a nadie se le ocurriría que hay que regular la compraventa de esclavos y, sin embargo, aún hay gente que se traga con naturalidad que una mujer pueda ser usada y explotada reproductivamente y que haya recién nacidos que son objeto de transacción. Afortunadamente, en España se ha ido desarrollando durante los últimos 4 o 5 años una conciencia social en contra de esta práctica".

Ante la barbarie, un Convenio Internacional

La celebración de este cónclave de cuatro días no va a pasar desapercibida, tal y como pretendía La Haya. Tendrá de frente a la Coalición Internacional compuesta por 35 organizaciones de 11 países de distintos continentes. A su vez, cada una de esas 35 organizaciones aglutinan un número importante de asociaciones no formalmente constituidas.

Una barrera contra los vientres de alquiler que sin presupuestos millonarios se nutre de la sororidad y que ha preparado un Convención Internacional Abolicionista para hacerle frente. "Esta Convención que acabamos de presentar marcará un hito histórico. Porque es así. Que se nos llena la boca con Seneca Falls y nos pasan desapercibidas algunas cosas que ocurren en el presente. Esta es nuestra fuerza, el feminismo y los Derechos Humanos, y también una voluntad de hierro, claro está, porque el lobby de la industria reproductiva ha logrado instalarse en todas las esferas de poder, desde el mediático hasta el legislativo en muchos países", recalca García.

Un hito que la CIAMS reconoce les llevará un trabajo ímprobo. "Hay que conseguir que las instituciones políticas y legislativas, tanto nacionales como internacionales suscriban la Convención. Tenemos la confianza en que España la suscriba sin problema, ya que los dos partidos que gobiernan en coalición se han declarado abiertamente en contra de los vientres de alquiler y así consta además formalmente en su acuerdo de gobierno".

Aún así el esfuerzo es lo de menos. "Vamos a alentar a los Estados a que se atrevan a luchar contra el mercado de seres humanos, a que se atrevan a rechazar la instrumentalización de las mujeres, de todas las mujeres, en todo el mundo", dice Marie-Josèphe Deviller. "La valentía política consiste en no ceder a la propaganda comercial de la industria globalizada de la subrogación. La valentía política es trabajar por la igualdad entre mujeres y hombres y abolir una práctica patriarcal y reaccionaria", finaliza Ana-Luana Stoicea Deram.