Italia se chocó esta mañana de bruces con una de las herencias que dejaron los tres años y medio que duró el último Gobierno de Silvio Berlusconi: el caso Hirsi. Según el Tribunal de Estrasburgo, Roma violó los artículos 3, 4 y 13 de la Convención Europea de los Derechos del Hombre el 6 de mayo de 2009.

Ese día, varias patrulleras de la Guardia Costera italiana recogieron a 200 inmigrantes que se encontraban a bordo de un barco a 35 millas de la isla de Lampedusa, en aguas internacionales, y los devolvieron a Libia contra su voluntad, sin identificarlos y sin haberlos informado de hacia dónde se dirigían.

24 de ellos -11 somalíes y 13 eritreos- fueron acogidos en suelo libio por el Consejo Italiano para el Refugiado (CIR) que, al conocer la historia, puso a su disposición a los abogados Anton Giulio Lana y Andrea Saccucci, que denunciaron la actuación de las autoridades italianas ante la Corte Europea.

El Tribunal admitió 22 de los 24 recursos y hoy condenó a Italia al pago de 15.000 euros de indemnización a cada una de estas personas, además de tener que cubrir los costes del juicio.

Según la sentencia, el Gobierno italiano no respetó el artículo 3 porque debería haber sabido que, pese a los acuerdos bilaterales que Berlusconi había firmado con el exdictador, Muamar Gadafi, 'no existían las condiciones suficientes de seguridad para proteger a esas personas del riesgo de ser reenviados a sus países de origen de forma arbitraria'.

Además, se saltó el artículo 4, que sanciona las expulsiones masivas, porque la Guardia Costera 'no puso en marcha ningún mecanismo para identificar a estas personas, que fueron simplemente embarcadas en alta mar y desembarcadas en Libia'.

Por último, según se aprecia en la sentencia, las autoridades italianas al incumplir los dos artículos anteriores, también lo hicieron con el 13 por 'haber hecho creer a los demandantes que estaban siendo trasladados a Italia' y no haber entendido que 'había motivos serios para pensar que pudieran ser víctimas de malos tratos o torturas'.

El 30 de agosto de 2008, Il Cavaliere y Gadafi firmaron en Bengasi -que curiosamente se convertiría luego en la ciudad de donde partió la revolución que acabó con el régimen en 2011- el Tratado de Amistad y Cooperación, considerado por muchos como el tratado de la vergüenza.

Italia y Libia firmaron en 2008 el Tratado de Amistad en Bengasi para frenar la inmigraciónItalia, como compensación por la época colonial se comprometió con Libia a una inversión de 5.000 millones de dólares en infraestructuras, además de permitir que la familia Gadafi aumentara su participación en varias empresas públicas y privadas italianas, a cambio de una cosa: que las autoridades libias hicieran de tapón de los inmigrantes que llegaban de toda África para intentar cruzar hasta Lampedusa por el Mediterráneo.

Gadafi cumplió su parte del trato enviando a los inmigrantes a la cárcel o directamente abandonándolos a su suerte en medio del desierto.

El Tribunal de Estrasburgo, que recopiló una serie de discursos en el Parlamento del entonces ministro de Interior, Roberto Maroni, en los que aseguraba que los traslados habían cumplido con todos los protocolos internacionales, deja claro en su sentencia que el caso Hirsi no fue el único en el que Italia violó la Convención, pero sí el único en el que ha habido una denuncia.

Esta tarde, Maroni, que ha sido el precursor de muchas de las normas contra la inmigración que luego han sido sancionadas por distintas instituciones internacionales, dijo que 'es una sentencia de un tribunal politizado. Volvería a hacer exactamente lo mismo que hice: impedir que los barcos de clandestinos salgan de Libia, salvar muchas vidas humanas y garantizar la seguridad de los ciudadanos'.

Que no vuelva a ocurrir es lo que quiere el director del CIR, Christopher Hein, que pidió al Gobierno de Mario Monti que tenga en cuenta la sentencia a la hora de 'negociar nuevos tratados con el Consejo Nacional de Transición libio'.

Monti escuchó la petición y dijo que Italia 'estudiará la sentencia y tomará decisiones pensando en el futuro'. Por su parte, el ministro de Exteriores y Cooperación, Andrea Riccardi, aseguró que valorarán recurrir la sentencia 'pero en cualquier caso, en sí misma, creo que tiene un valor sea real que simbólico'.

El Alto Comisariado de Naciones Unidas para la Ayuda al Refugiado dijo a través de su portavoz, Lauren Jolles, que 'esperemos sea un punto de inflexión en lo que se refiere a la responsabilidad de los Estados y su gestión de los flujos migratorios'.