Alrededor de unos 337 asentamientos de colonos israelíes se extienden actualmente por el territorio palestino de Jerusalén Este y Cisjordania, según el monitoreo de Peace Now. Todos ellos son considerados ilegales por la ONU y gran parte de la comunidad internacional, debido a que se sitúan más allá de los límites territoriales de Israel recogidos en el Acuerdo de Oslo, firmado por Estado sionista y lo que después sería la Autoridad Nacional Palestina en 1993.

Estas colonias son fruto de los avances de pobladores israelíes en su conquista del territorio palestino. Un fenómeno que se produce gracias a la complicidad de las autoridades sionistas que, a pesar de considerar también ilegales un 56% de estos asentamientos, miran para otro lado cuando. Pero ¿por qué Israel sólo considera ilegal un 56% de estas colonias y no su totalidad, como estipula la ONU? Porque para sus sucesivos gobiernos, la irregularidad de los asentamientos es sólo una fase transitoria que puede superarse mediante un trámite burocrático que permite su "legalización" e integración en su Estado.

Esto es posible gracias a una reinterpretación que hace de la ley de tierras otomana de 1858, según la cuál, Israel "declara" como "tierras estatales" los asentamientos colonos que se han llevado a cabo en terrenos que no están a nombre de nadie en el registro de la propiedad. Un fenómeno bastante habitual en Cisjordania. En lo que llevamos de 2024, se ha producido el mayor número de declaraciones de tierras estatales desde 1998: un total de 23,7 km² que abarcan ocho colonias hasta ahora irregulares y la expansión de otras anteriormente formalizadas. En suma, la "legalización" –y por tanto, legitimación– llevada a cabo sólo en 2024, equivale al avance y ocupación de 3.570 m² de territorio palestino a cada hora desde el 7 de octubre. Este cálculo deja fuera los avances coloniales que se hayan producido en los últimos nueve meses y que siquiera son considerados por la jurisdicción israelí.

La última ampliación del territorio de Israel tuvo lugar el pasado 4 de julio, dando luz verde a la declaración como "tierra estatal", de un total de 13 km². En ellos, el Consejo Superior de Planificación de Israel ha aprobado la construcción de 5.295 viviendas para israelíes, según informó Peace Now. Todas ellas se localizan en lo que la comunidad internacional considera tierras palestinas.

Este proceso colonial, tanto ahora como en el pasado, sólo ha sido posible mediante la violencia, represión y apartheid ejercido contra los palestinos por las fuerzas de seguridad y defensa de Israel así como por los colonos, amparados legal e impunemente por el Estado. Sólo desde el año 2000 han sido asesinados 10.893 palestinos en los territorios ocupados a manos de civiles y militares, según los datos de B'Tselem. En el mismo periodo, 1.337 israelíes han muerto a manos de palestinos.

La ocupación de Palestina, como se sabe, es un fenómeno que precede a los ataques de Hamás del 7 de octubre. Antes de esa fecha, las colonias de israelíes ya abarcaban 3.400 kilómetros cuadrados del territorio palestino, si se tienen en cuenta el reparto territorial establecido en Oslo. Actualmente entre medio millón y 620.000 israelíes viven en las colonias "legales" e ilegales en Cisjordania, Jerusalén Este y Altos del Golán.

Un proceso de 57 años para unos y 76 para otros

Estos avances suponen una violación constante de los Acuerdos de Oslo de 1993, firmados por los entonces líderes de las partes, Yasser Arafat, dirigente de la Organización para la Liberación de Palestina y Isaac Rabin, ex primer ministro de Israel. El acuerdo delimitaba qué territorios de Cisjordania, Jerusalén y Altos del Golán correspondían a cada una de estas autoridades, bajo la doctrina de los dos estados, que a principios de los noventa se veía como una apuesta posible.

La negociación dividía provisionalmente Cisjordania en tres áreas: A, B y C. Todas ellas eran tierras que históricamente habían pertenecido a Palestina. La zona A, que suponía el 18% de este territorio, sería controlada por la Autoridad Nacional Palestina. La zona B, que abarcaba un 22% de Cisjordania, estaría controlada civilmente por la Autoridad Nacional Palestina pero militarmente por Israel. El 60% restante se declaró zona C, y se encontraba militar y civilmente controlada por el Estado de Israel. Es aquí donde se encuentran los asentamientos ilegales sionistas. Inicialmente, tanto la zona B como la C debían pasar paulatinamente del control israelí a jurisdicción palestina. Pero este proceso nunca a llegado a término. 

La negociación de Oslo trataba de poner fin al ciclo de protestas civiles que el pueblo palestino venía protagonizando desde 1987, cuando tuvo comienzo la Primera Intifada. Esta revuelta popular, de carácter mayoritariamente pacífico, recibió cierto apoyo internacional y de determinados sectores israelíes. Muchas de las organizaciones que ahora monitorean la expansión colonial, como B'Tselem y la propia Peace Now, se fundaron fruto de aquella solidaridad.

Esta insurrección popular, a su vez, respondía al malestar generado por la expansión sionista que tuvo lugar en la Guerra de los Seis Días, en junio de 1967, tras la que el Estado de Israel se anexionó la Franja de Gaza, la Península del Sinaí, Cisjordania y Altos del Golán. Si se le suman los territorios que Israel conquistó en 1948, año en el que el Estado sionista fecha su fundación, esto suponía el aproximadamente el 80% de los territorios históricamente ocupados por los palestinos. Mientras que los israelíes veneran el año 1948 como el nacimiento de su Estado, los palestinos llamaron a aquel evento la Nakba –La Catástrofe–, en el que 750.000 personas se convirtieron, para siempre, en refugiados. El conflicto de 1967 sumó a esta cifra otro medio millón de personas.

Así, con el Acuerdo de Oslo de 1993, Arafat reconocía no sólo la existencia del Estado de Israel, sino que también legitimaba los territorios que los sionistas se habían anexionado en 1948. Fueron muchos los árabes que criticaron lo que consideraron una enorme "cesión" por parte de Palestina a Israel. Entre los detractores del acuerdo se encontraba Hamás. Finalmente, la partición de Oslo quedó rápidamente en papel mojado y, desde su firma, los asentamientos de colonos israelíes no han parado de proliferar. Especialmente, con la llegada de Benjamín Netanyahu, líder del Likud, al poder.

El factor Netanyahu

El incremento de los asentamientos ha ido en paralelo a los mandatos de Netanyahu. El líder de extrema derecha fue elegido primer ministro de Israel en 1996. Según esta organización Peace Now, el fenómeno de los asentamientos ilegales despegó con la llegada de Netanyahu al poder. Durante su primer mandato, que terminó en 1999, las colonias ilegales crecieron progresivamente, registrando un total de 43.

Después de alcanzar su pico en 2002, bajo el gobierno del también conservador Ariel Sharon, los avances coloniales se detuvieron en 2005. En 2009 Netanyahu recuperó el poder y su mandato duró 12 años ininterrumpidos. Tras seis años, en 2012, el establecimiento de asentamientos ilegales comenzó de nuevo, alcanzando su pico en 2023 con 26 nuevos. El año 2024 va camino de superar esta cifra.

A pesar de que el sionismo es una ideología que atraviesa todo el arco político israelí, algunas de sus expresiones más agresivas se han ideado y ejecutado durante los gobiernos conservadores del Likud, Yamina o, en el caso del segundo gobierno de Ariel Sharon y el de Ehud Olmert, de Kadima. Uno de estos avances que más evidentes del apartheid sionista fue la aprobación de un muro de 712 km de longitud –algo menos que lo que dista entre Málaga y Bilbao– que divide la Cisjordania de norte al sur. El muro separa las comunidades palestinas de las judías en beneficio de las segundas. Tal y como trasladaron las autoridades israelíes en su momento, su ideación se planteó, para impedir ataques terroristas por parte de grupos extremistas como Hamás.

Tras un ciclo de crisis política que dejó tres elecciones en dos años, en diciembre de 2022 el Likud volvió a resultar ganador. Netanyahu volvía a ser primer ministro apenas un año después de ser destronado del cargo. En esta ocasión, el líder del Likud se rodeó de los políticos más ultras y ortodoxos del panorama político sionista –Shas, Judaísmo Unido de la Torá, Sionismo Religioso, Noam y Otzmá Yehudit–, con los que conformó el gobierno más extrema derecha de la historia de Israel. Entre ellos se encontraban Bezalel Smotrich o Itamar Ben-Gvir, a los que concedió las carteras de Finanzas y Seguridad respectivamente.

Desde los atentados del 7 de octubre, Netanyahu ha facilitado el traspaso de poderes civiles de la Cisjordania controlada por el Comando Central Israelí –quién lo detentaba según a la primera fase del acuerdo de Oslo– a la administración colonial. "Esto es, básicamente, una anexión de Cisjordania", explicó a Público el exmilitar y activista israelí Yehuda Shaul en una entrevista reciente concedida a este periódico.

Ocupación más allá de lo territorial

Esta violencia colonial es diaria y toma diferentes formas e intensidades con el objetivo de dificultar la existencia de los palestinos. Esta es la base misma de la expansión colonial. "La ocupación israelí es una campaña ofensiva contra la independencia de los palestinos que comenzó en junio de 1967 y que no se ha detenido desde entonces", explica Shaul. "A cada segundo que pasa, los territorios están siendo reocupados".

Según el activista y director del think tank Ofek, Israel hace uso de check points o puntos de control, cortes de carretera aleatorios, detenciones arbitrarias, allanamientos de los hogares palestinos en mitad de la noche y las demoliciones de infraestructura para "romper la rutina diaria" de los palestinos y "hacerles sentir nuestra presencia", para que "cada palestino tenga el sentimiento de que estamos en su nuca y de que nunca va a saber cuándo vamos a llegar, qué vamos a hacer, cuándo empezará y cuándo acabará".

Según los datos de B'Tselem, actualmente existen un total de 298 bloqueos del paso para los palestinos, sean estos checkpoints, carreteras cortadas o montículos de arena para impedir la entrada a algún pueblo. A ello se les suman otros cortes y prohibiciones de paso eventuales. Además, cerca de 9.300 palestinos permanecen en prisiones israelíes de acuerdo con las estimaciones de la Sociedad de Prisioneros Palestinos, con o sin cargos, por haber cometido algún delito o por ser sospecho de pretender hacerlo. De ellos, alrededor de 250 son niños y niñas.

La burocracia es un elemento fundamental para normalizar y justificar esta violencia. Un ejemplo muy claro son las demoliciones de viviendas. Los palestinos no sólo son expulsados de parcelas de tierras que internacionalmente se reconocen como suyas, sino que también tienen enormes dificultades para construir en ellas. Israel ha establecido un complejo y tedioso sistema permisos que, de facto, impide a los palestinos construir  "legalmente".

En 2021, según los datos de la organización Peace Now, el Estado sionista concedió 2.000 permisos de construcción a israelíes, mientras que sólo 10 a palestinos que los solicitaban. Es decir, que por cada permiso que se le concede a un palestino, Israel da 200 a sus nacionales. Esta proporción se sigue cumpliendo incluso en los casos en los que la construcción forma parte de un proyecto de cooperación  y financiación de la ONU, la UE, o sus Estados miembros.

Ante la falta de alternativas, los palestinos sólo pueden construir sus hogares, escuelas, pozos y granjas sin permisos, hayan sido estas infraestructuras financiadas por organismos internacionales o no. Pero el limbo legal en el que se encuentran estas edificaciones autoriza a Israel a demolerlas, independientemente de cuantas personas las habiten, sus condiciones vitales o de si tienen alternativa habitacional. Por supuesto, también es irrelevante quién las financie. Desde 2009, el Estado sionista ha demolido, al menos, 1.700 infraestructuras financiadas por la UE, tal y como contó Público en base a los datos de Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de la ONU (UN OCHA). Estas son sólo una pequeña parte de las 11.000 infraestructuras de palestinos destruidas por Israel. De ellas, el 91% se debía a falta de permisos.

A esta destrucción se le suma las de las demoliciones punitivas, que se pueden llevar a cabo como castigo colectivo a una familia por la detención, justificada o no, de alguno de sus miembros. Esta práctica es considerada por la ONU y otras organizaciones de derechos humanos como ilegal. Este tipo de demoliciones también se dispararon tras el 7 de octubre, sumando un total de 20 en sólo tres meses entre finales de octubre y diciembre. Esto equivale a todas las que tuvieron lugar en todo el año 2015.