La Policía de Hong Kong detuvo al menos a 180 personas este domingo durante la protesta contra la ley de seguridad nacional que el Gobierno de Pekín planea aplicar en la antigua colonia británica y que recibió hoy el respaldo del cuerpo.

El comisionado de la Policía hongkonesa, Tang Ping-keung, expresó hoy su "apoyo completo" a la legislación prevista: "Desde junio del año pasado se han visto protestas violentas en las que criminales incluso detonaron bombas en los baños de un hospital. La Policía cree que la seguridad nacional está en riesgo y que es necesario tomar medidas antes de que la situación se deteriore aún más".

Este domingo miles de personas se manifestaron contra esa ley al considerar que restaría libertades a los hongkoneses. La protesta se saldó con 180 detenidos, según la Policía, por "reunión ilegal" y por "causar desórdenes" públicos. Además, las fuerzas de seguridad acusan a algunos manifestantes de "atacar a agentes con ladrillos y paraguas" y de "arrojar botellas desde azoteas", lo que supone una "grave amenaza a la seguridad pública". 

La policía dijo que detuvo a los protestantes, cuando las autoridades dispararon gas lacrimógeno y cañones de agua para dispersar a los manifestantes antigubernamentales, mientras los disturbios volvían a la ciudad gobernada por China después de meses de relativa calma.

La legislación proyectada contra la que protestan prohibirá "cualquier acto de traición, secesión, sedición, subversión" contra el Gobierno central, además del "robo de secretos de Estado y la organización de actividades en Hong Kong por parte de organizaciones políticas extranjeras". Actualmente, se debate en la Asamblea Nacional Popular china (ANP) y será aprobada antes de su conclusión el próximo jueves.

La controvertida jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, ha mostrado su completo apoyo a la decisión de Pekín, y un portavoz del Gobierno local aseguró el domingo que la nueva ley hará de Hong Kong "una ciudad más segura".

Condena de las organizaciones de Derechos Humanos

La ONG Human Rights Watch aseguró en un comunicado que esa ley amenaza "los derechos básicos de los hongkoneses" y utiliza "términos vagos usados frecuentemente por el Gobierno chino para frenar a la disidencia". "Los hongkoneses tendrán que tener en cuenta arrestos y castigos legales por manifestarse, expresarse y otras libertades de las que han disfrutado", según la nota.

Asimismo, la ONG Defensores de los Derechos Humanos en China pide a Pekín que revierta su decisión porque "eliminaría cualquier diferencia" entre el territorio semiautónomo y la China continental. "El Gobierno chino debe dejar de violar la Ley Básica (la miniconstitución de Hong Kong) y garantizar que los derechos de los hongkoneses se respetan. La comunidad internacional debe tomar medidas al respecto", afirma en su declaración.

Por su parte, Human Rights in China (HRIC) dijo en otro comunicado que la comunidad internacional debe ser consciente de la amenaza que supone "un régimen irresponsable que ignora sus compromisos internacionales". 

"Una ciudad envuelta en la sombra de la violencia"

Las protestas en Hong Kong se suceden desde hace varios años, aunque se han incrementado considerablemente en estos últimos meses y solo han sufrido un paréntesis con motivo del estallido de la pandemia por la covid-19. El jefe de seguridad de Hong Kong dijo que "el terrorismo está creciendo en la ciudad y las actividades que dañan la seguridad nacional, como la independencia de Hong Kong, son cada vez más desenfrenadas".

"En sólo unos meses, Hong Kong ha pasado de ser una de las ciudades más seguras del mundo a ser una ciudad envuelta en la sombra de la violencia", dijo, añadiendo que se necesitaban leyes de seguridad nacional para salvaguardar la prosperidad y la estabilidad de la ciudad.

El secretario de Finanzas de Hong Kong, Paul Chan, escribió en su blog el domingo que la ley de seguridad nacional "en sí misma" no afecta a la confianza de los inversores, sólo el "malentendido" de la misma. "El Gobierno central ya ha dicho que la ley está dirigida a una minoría de personas sospechosas de amenazar la seguridad nacional y no afectará a los derechos del público en general".