China lanza un plan de 1,3 billones para refinanciar la deuda "oculta" de los gobiernos locales
Las administraciones locales chinas se enfrentan a un elevado endeudamiento y a la caída de los ingresos por la crisis inmobiliaria, y han recortado el sueldo de los funcionarios y acumulado deudas con empresas del sector privado.
Pekín/Shanghái--Actualizado a
Las autoridades chinas revelaron este viernes que el plan para canjear la "deuda oculta" o pasivos fuera de balance de los gobiernos locales y regionales del país y sanear así sus cuentas ascenderá a un total de 10 billones de yuanes (1,3 billones de euros), en el marco del paquete de estímulos implementado por Pekín para relanzar el crecimiento de la economía.
El plan, anunciado tras la reunión este viernes del Comité Permanente de la 14ª Asamblea Popular Nacional (APN), contempla elevar en 6 billones de yuanes (778.120 millones de euros) el límite de deuda de los gobiernos locales "para reemplazar la deuda oculta existente", dividiendo la aplicación del plan en tres tramos idénticos en 2024, 2025 y 2026.
Además, también se anunció un programa por otros 4 billones de yuanes (558.534 millones de dólares, 518.353 millones de euros) en nuevos bonos especiales a lo largo de los próximos cinco años, con el mismo propósito.
Las medidas suponen un alejamiento de las estrategias de estímulo total para reactivar el crecimiento que China ha desplegado en el pasado y buscan reparar los balances municipales como objetivo a más largo plazo, en lugar de inyectar directamente dinero en la economía.
El ministro de Finanzas chino, Lan Fo'an, aseguró que la "deuda oculta" pendiente de los gobiernos locales ascendía a unos 14,3 billones de yuanes (1,85 billones de euros) a finales de 2023, y que la iniciativa anunciada hará que esa cifra descienda a unos 2,3 billones de yuanes (297.926 millones de euros) hacia 2028.
No obstante, estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) cifraron en unos 66 billones de yuanes ( 8,5 billones de euros) la "deuda oculta" acumulada a través de los canales informales de financiación conocidos como "vehículos financieros de gobiernos locales" (LGFV, por sus siglas en inglés), el doble que en 2017. Y Alicia García Herrero, economista jefe del banco de inversión francés Natixis, cifró recientemente la deuda acumulada por los LGFV en unos 39,7 billones de yuanes (5,1 billones de euros).
Pekín lleva años preocupado por este problema: en 2018 ya reclamó a las administraciones locales que dejasen de acumular pasivos a través de los LGFV, entidades semipúblicas que fueron creadas para esquivar las limitaciones al endeudamiento y que se extendieron por toda China tras la crisis financiera de 2008. "Mantendremos una postura de tolerancia cero e investigaremos y castigaremos las nuevas deudas ocultas que descubramos", advirtió este viernes Lan, quien calificó la prohibición de acumular más pasivos de este tipo de "regla de hierro".
Las administraciones locales, que se enfrentan a un elevado endeudamiento y a la caída de los ingresos, han recortado el sueldo de los funcionarios y acumulado deudas con empresas del sector privado, ahogando los flujos de dinero hacia la economía real y avivando las presiones deflacionarias. Sus tensiones, derivadas de una grave crisis inmobiliaria desde 2021 que diezmó los ingresos procedentes de las subastas de suelo residencial a promotores (una fuente clave de fondos para ciudades y provincias), han puesto en peligro el objetivo de crecimiento de China para 2024, cercano al 5%.
Aliviar la presión sobre las regiones
La mayoría de analistas daba por hecho que se anunciarían esos 6 billones de yuanes en techo de deuda extra, aunque también anticipaban que se anunciasen otros 4 billones de yuanes en bonos especiales para adquirir terrenos sin construir o inmuebles sin vender como apoyo al maltrecho sector inmobiliario, sumido en una prolongada crisis, y en un plan de recapitalización para los grandes bancos estatales.
No obstante, en la agenda de la cumbre del Comité Permanente solo se incluyó una mención al plan de canje de deuda, y la convocatoria de la rueda de prensa celebrada hoy también se centraba únicamente en esa iniciativa, sin mención a otros posibles anuncios de estímulos fiscales ni a planes para impulsar directamente la demanda.
"El anuncio de la ANP será muy diferente (...), enfocándose en limpiar la deuda tóxica más que en estímulos de verdad", anticipó esta semana García Herrero: "El impacto fiscal directo será mínimo, ya que la deuda total no cambiará con su reestructuración. El beneficio provendrá indirectamente de pagos por intereses más bajos en el futuro y, por tanto, menores cargas para los gobiernos locales".
Concretamente, Lan cifró hoy en unos 600.000 millones de yuanes (77.733 millones de euros) el ahorro a lo largo de los próximos cinco ejercicios.
Según Gary Ng, analista de Natixis, el plan detallado busca aliviar la presión sobre las cuentas de los gobiernos locales por la caída de las ventas de terrenos (una fuente de ingresos clave durante los años de bonanza inmobiliaria) y darles más margen para pagar sus deudas, algo que venía siendo un "cuello de botella para la transmisión de la política fiscal y para la confianza".
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