Los cambios en Chile tendrán que esperar. El proceso político que se inició hace casi tres años con un estallido social sin precedentes culminó este domingo en un plebiscito en el que se rechazó la nueva Constitución (61,8% frente al 38,1%). El contundente triunfo de los partidarios del "rechazo" (la derecha y una parte del centroizquierda) supone un batacazo para el presidente progresista Gabriel Boric, cuya agenda de transformación social estaba ligada al proceso constituyente, y abre un periodo de incertidumbre en el país. La Carta Magna aprobada en 1980 por el dictador Augusto Pinochet, aunque reformada, continúa vigente.

Con el rechazo a la Constitución elaborada durante un año por los 155 miembros de la Convención Constitucional, Chile deja en letra muerta las reformas sociales que contemplaba la norma entregada al gobierno en julio. Un texto que proponía un nuevo modelo de país, plurinacional, paritario, social y ecológico. ¿Qué sucederá a partir de ahora? El gobierno es partidario de que se inicie un nuevo proceso constituyente que, probablemente, estará controlado por el establishment político con el concurso de expertos constitucionalistas.

Boric buscará consensos parlamentarios para relanzar ese nuevo proceso constituyente. Este mismo lunes se reunirá con los líderes de todos los partidos con representación parlamentaria para tratar de articular una estrategia común, según anunció anoche tras conocer los resultados del plebiscito. En su alocución, el mandatario se comprometió a construir con el Congreso y la sociedad civil "un nuevo itinerario constituyente que logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana". Boric se reunirá también con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (del Partido Socialista), y con el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (del centroizquierdista Partido por la Democracia). En todo caso, habrá que esperar 125 días, según la ley electoral, para realizar una nueva elección de constituyentes.

La derecha agrupada en Chile Vamos también se ha mostrado a favor de emprender un nuevo proceso constitucional asumiendo algunas de las propuestas del texto rechazado este domingo. Queda por ver, sin embargo, qué tipo de reformas están dispuestos a aprobar unos partidos políticos que durante los últimos 30 años fueron parte activa de un sistema neoliberal heredado de la dictadura. Ese Estado subsidiario es el que pretendía impugnar una Constitución que apostaba por fortalecer los servicios públicos y ampliar los derechos sociales.

Las encuestas ya auguraban un triunfo del "rechazo" aunque no por un margen tan amplio. La alta participación en la consulta debido a la obligatoriedad del voto ha beneficiado finalmente a esa opción. Alertado por las estimaciones demoscópicas, Boric había mantenido reuniones en los últimos días con políticos de diferente signo. Uno de sus interlocutores fue el expresidente Ricardo Lagos, partidario de un nuevo proceso constituyente.

La derecha no se lo va a poner fácil a Boric. Varios congresistas conservadores ya le han advertido que para llegar a acuerdos transversales no admitirán propuestas unidireccionales enviadas desde el Palacio de la Moneda. Ahora vuelven a tener la sartén por el mango, como antes del estallido social. Mientras negocia con los sectores conservadores, Boric tendrá que reordenar también sus propias filas. La coalición Apruebo Dignidad (compuesta por el Frente Amplio y el Partido Comunista) ocupa ahora el núcleo duro de La Moneda. Es muy probable que tras el resultado del referéndum el sector socialista que apoya al gobierno exija un mayor protagonismo en la toma de decisiones.

Aunque Boric ha tratado de diferenciar el rumbo de su gobierno de la suerte de la nueva Constitución, su agenda política caminaba en paralelo con el proceso constituyente. La derrota del "apruebo" no le impide seguir adelante con sus promesas electorales, como la reforma tributaria, pero lo deja muy debilitado políticamente. Seis meses después de llegar al poder, tendrá que acometer su primera crisis de gobierno con algunos cambios ministeriales.

Campaña de desinformación

En el triunfo del "rechazo" ha tenido mucho que ver la campaña de desinformación sobre el texto constitucional. Se llegó a decir que la norma ponía en peligro la propiedad privada y que rompía el país por el hecho de reconocer y otorgar derechos a los pueblos originarios. Ya antes de la campaña se habían amplificado en los medios de comunicación las conductas inapropiadas de algunos miembros de la Convención Constitucional. Y el consenso social que emergió a finales de 2020 en la consulta por una nueva Constitución (superior al 78%) fue diluyéndose poco a poco.

Los miembros de la Convención, elegidos en las urnas en mayo de 2021, representaban en buena parte a los colectivos que habían exigido un país menos desigual en las protestas de octubre de 2019. Chile vivía un proceso inédito, una asamblea constituyente paritaria, con representantes de los pueblos originarios y una gran cantidad de independientes al margen de los grandes partidos, como los que conformaron la Lista del Pueblo. La evolución de esa plataforma popular, que finalmente abandonaron casi todos sus miembros, sintetiza los tropiezos y errores que se cometieron por inexperiencia o prepotencia. El caso de Rodrigo Rojas fue especialmente doloroso. Icono de las protestas de 2019, el activista utilizó un supuesto diagnóstico de leucemia como bandera de lucha contra el sistema hasta que se descubrió que todo era una farsa. Su dimisión fue un duro golpe para la Convención. Pero no emborrona el trabajo realizado durante un año por la gran mayoría de los constituyentes, un puñado de hombres y mujeres que quisieron acabar con 30 años de injusticia social redactando una Constitución feminista, ecológica e intercultural que ya no verá la luz en Chile.