Cristina Ibars y Cecilia Vera siguen con atención el debate sobre el proyecto de ley de matrimonio igualitario que estos días se tramita en el Congreso chileno. Ambas abrieron un pulso en la justicia internacional contra el Estado de Chile por negarse a reconocer su matrimonio, celebrado en España en 2012.

Las mujeres intentaron inscribir su unión en el Registro Civil cuando Cristina quedó embarazada después de un proceso de fertilización asistida, pero el organismo lo rechazó. También lo refutó el Tribunal Constitucional y luego la Corte Suprema lo que, en la práctica, supuso que además de desconocer el matrimonio, nunca llegaron a considerar a Cecilia como madre de su hijo. "Fue sumamente doloroso y humillante para nosotras, pero también para toda la comunidad LGTBI chilena. El fallo de la Corte Suprema confirmó que estábamos desprotegidas frente al sistema y que a nadie le importaba el bienestar y los derechos de nuestro hijo", recuerda la pareja.

El proyecto de ley de matrimonio igualitario fue propuesto en 2017, al final de mandato de la expresidenta Michelle Bachelet, pero quedó abandonado en los cajones del Parlamento hasta que, sorpresivamente, el presidente conservador Sebastián Piñera decidió darle curso hace unas semanas: "Debemos profundizar sobre el valor de la libertad, incluyendo la libertad de amar y formar familia con el ser amado. Y también en el valor de la dignidad de todas las relaciones de amor y afecto entre dos personas", anunció el mandatario durante la Cuenta Pública de hace un mes.

El nuevo texto legal que ahora se discute es una modificación del Código Civil que sustituye la expresión de que el matrimonio se celebra entre un hombre y una mujer para indicar que es entre dos personas. Uno de los puntos más controvertidos del proyecto y que parlamentarios de derecha intentaron eliminar del texto –sin éxito (por ahora)– ha sido los derechos de filiación, que unen a los hijos con sus progenitores. También se quiere resguardar el reconocimiento en Chile de los matrimonios igualitarios contraídos en el extranjero o la posibilidad de que las parejas del mismo sexo puedan decidir constituirse bajo un régimen de bienes separados o compartidos.

Derechos filiativos

Tres años pasó durmiendo el proyecto de matrimonio igualitario en el Senado hasta que en 2020 la cámara alta aprobó la idea de legislarlo. Desde entonces no había habido avances en su tramitación, sino más bien una férrea oposición de los sectores conservadores y de algunos demócrata-cristianos. El propio presidente Piñera había rechazado en 2019 dar urgencia al mismo proyecto.

Sin la posibilidad de reconocer su matrimonio, Cristina y Cecilia quedaron sujetas a un Acuerdo de Unión Civil (AUC), una fórmula similar a la "pareja de hecho" que regula aspectos patrimoniales y hereditarios entre otros, pero no contempla los derechos filiativos entre personas del mismo sexo. "Degradar nuestro matrimonio español a un AUC es sumamente discriminatorio", critican.

"La ley de matrimonio civil chilena reconoce los casamientos celebrados en el extranjero siempre que estos sean entre un hombre y una mujer, pero relega las nupcias igualitarias celebradas en otras partes del mundo a un AUC, lo que supone la pérdida de la presunción de filiación de nuestro hijo respecto de la madre no gestante", añaden. Una situación que califican de "surrealista" porque su hijo, que nació a principios de 2020 en Santiago, "hoy día tiene dos madres en España, pero es hijo de madre soltera en Chile".

La comunidad LGTBI llevaba años presionando para avanzar en la tramitación del proyecto, que se convirtió en una de las principales banderas para buena parte del movimiento. Sin embargo, para algunos colectivos la iniciativa queda corta: "Si bien el matrimonio igualitario es una gran oportunidad para aquellas parejas que quieren que su vínculo sea reconocido por el Estado, nuestra preocupación central es que el reconocimiento de los hijos e hijas de parejas del mismo sexo quede resguardado solo a través de un contrato matrimonial", apunta Érika Montecinos, fundadora y coordinadora de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio.

Junto con otras organizaciones, en 2016 impulsaron un proyecto para garantizar los derechos de filiación a todas las familias lesbomaternales y homoparentales "sin la obligación de que tengan que firmar un contrato matrimonial", una figura que califican de "patriarcal". En 2019 se aprobó la idea de legislar y para los próximos días se prevé el inicio de su discusión y se estudiará su correspondencia con el proyecto de matrimonio igualitario.

Acusado de “traición”

La apuesta de Piñera por acelerar la aprobación del matrimonio igualitario tomó por sorpresa a todo su sector político, pero también al resto del mundo político y social. Dentro de la coalición de derecha Chile Vamos, de la que el partido del mandatario forma parte, no hay acuerdo sobre esta materia y, aunque algunas fuerzas más liberales apoyan la propuesta, para el bloque más conservador fue interpretada como una "traición". La decisión del presidente impactó también en la campaña presidencial, en la que la derecha compite con cuatro candidatos que se medirán dentro de dos semanas en unas primarias.

"Si este proyecto culmina en ley, llega tarde para nosotras", aseguran Cristina y Cecilia, que decidieron regresar a Barcelona a principios de este año por la situación de "desprotección" en que quedaba su hijo, más aún con la llegada de la pandemia. "Nos alegramos por todas las personas que se beneficiarán de él –dicen–, pero deshacer el camino andado después de casi dos años de lucha porque políticamente para Piñera es el momento de retomar este proyecto y hacer como que no ha pasado nada es inconcebible para nosotras", consideran.

El cambio de opinión del presidente respecto al matrimonio igualitario ha sido interpretado como un intento del Gobierno por retomar una agenda política propia y salvar los últimos meses de un mandato en el que la desaprobación ciudadana hacia Piñera ha alcanzado cifras récord. Las últimas encuestas señalan que más del 70% de la población está a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Si, finalmente, el proyecto se aprueba, en las próximas semanas Chile se convertiría en el octavo país latinoamericano en legalizar el matrimonio igualitario, después de Argentina, Brasil, Colombia, México, Uruguay, Ecuador y Costa Rica.