ChileEncubrir abusos de menores: la cruz del arzobispo chileno Ricardo Ezzati

“Benedicto XVI designa a monseñor Ezzati como nuevo arzobispo de Santiago”. Corría diciembre de 2010 y los titulares de la prensa chilena se hicieron eco de la decisión del Papa Joseph Ratzinger: Ricardo Ezzati llegaba al eslabón más alto de la jerarquía de la Iglesia chilena. Hoy, ocho años después, tiene las horas contadas al frente de la Arquidiócesis de Santiago no (sólo) por su avanzada edad, sino porque su prestigio está por los suelos y su reputación quedó prácticamente hundida.

El próximo 21 de agosto, Ezzati declarará como imputado por encubrir abusos sexuales de religiosos a menores. Es un hecho histórico e inédito en Chile ya que es el único cardenal y arzobispo en la historia del país que ha sido llamado a declarar como imputado: “Reitero mi compromiso y el de la Iglesia de Santiago con las víctimas, con la búsqueda de la verdad y con el respeto a la justicia civil. Tengo la convicción de que nunca he encubierto ni he obstruido a la Justicia, y como ciudadano cumpliré con mi deber de aportar todos los antecedentes que contribuyan a esclarecer los hechos”, dijo en un comunicado tras conocer su imputación.

El fiscal regional de Rancagua Emiliano Arias ha sido el encargado de vincular a la autoridad religiosa con varios casos de encubrimiento después de tener en sus manos cerca de 90 investigaciones canónicas por pederastia realizadas desde 2007 hasta la fecha, que la institución había mantenido en secreto y sin informar a la justicia ordinaria. “No se dio la atención adecuada a las víctimas, no se les creyó, y no se dio curso a las investigaciones ni se enviaron a la Congregación de la Doctrina de la Fe del Vaticano”, declaró en una entrevista el fiscal hace unos días, convencido de que religiosos chilenos “destruyeron evidencias sobre abusos sexuales”.

La Fiscalía tiene, por ahora, 37 causas abiertas de abusos sexuales en la Iglesia. Además, son 68 las personas investigadas, entre ellas 58 religiosos, y hay 104 víctimas registradas, de las que al menos 52 eran menores de edad en el momento de los abusos. Sin embargo, las últimas incautaciones en las dependencias del Arzobispado de Santiago y en el Obispado Castrense podrán hacer aumentar esta cifra.

Tiempos de poder y autoridad 

Nacido en Italia, en la región de Vincenza, Ricardo Ezzati Andrello (76) llegó a Chile a los 17 años para ingresar al seminario. Lo hizo en el Noviciado de la Congregación Salesiana de Quilpué, a unos 30 kilómetros de Valparaíso. Cuentan que Don Bosco, el fundador de los salesianos, siempre enviaba a sus misioneros a Chile, por eso, para Ezzati, esta fue su primera opción. Estudió Filosofía y Pedagogía en Valparaíso, Teología en Roma y pasó también una temporada en Francia. En 1970 fue ordenado sacerdote y desde entonces, tuvo a cargo de varias comunidades de la congregación salesiana en distintas ciudades del sur del país como Valdivia o Concepción, donde además ocupó el cargo de arzobispo.

En 2006 y gracias a la aprobación unánime de la Cámara de Diputados, obtuvo la nacionaliad chilena por gracia especial "como un reconocimiento a la fructífera y valiosa labor que durante más de 30 años ha desarrollado en beneficio de los desposeídos, particularmente, en actividades académicas, públicas y privadas, contribuyendo al progreso de la educación y al desarrollo y formación de los más necesitados". Eran los tiempos en que Ezzati, además de poder, gozaba de plena autoridad. “A Ezzati se lo consideraba un intocable, se le veía como el jerarca por encima de los demás obispos, un pastorque dirigía su diócesis con firmeza y a quien tenían un respeto absoluto”, explica a Público el portavoz de la organización “Laicos y laicas de Osorno”, Mario Vargas.

Ezzati también destacó por su capacidad de construir acuerdos y facilitar el diálogo, como demostró en 2010 durante la mediación que llevó a cabo durante el conflicto entre el primer gobierno de Sebastián Piñera y varios representantes del pueblo mapuche, que iniciaron una huelga de hambre de casi 90 días para exigir el cese de la Ley Antiterrorista. También se le reconoció sus habilidades formativas, sobretodo con los jóvenes. “Un todo terreno”, decían de él. Sin embargo, aquellos tiempos hace rato que quedaron atrás. Hoy el nombre del cardenal está asociado a las investigaciones de la fiscalía.

Rojas, Araya, Karadima, Muñoz… 

Los casos que salpican a Ezzati se remontan a mediados de los años 80, cuando habría intervenido para acallar las denuncias de abuso que surgieron en Valdivia contra el sacerdote y ex director del Instituto Salesiano, Rimsky Rojas. Ante las graves acusaciones, Ezzati trasladó al párroco primero fuera del país y luego a Punta Arenas, la ciudad más austral de Chile, donde se instaló como rector de otro colegio de la congregación. Todo lo que pasó con él nunca podrá esclarecerse de verdad porque Rojas se suicidó en 2011.

Una de sus víctimas, a principios de año, entregó al arzobispo maltés Charles Scicluna, enviado por el Papa a Chile para ayudar en las investigaciones de los escándalos, varios antecedentes sobre el presunto encubrimiento de Ezzati. “Defendió la institucionalidad por encima de la criminalidad, encubrió e hizo todo lo posible para proteger a Rojas y evitar que el caso no llegase a los medios ni a la Justicia”, asegura Vargas.

Otro caso sonado se conoció en 2011, cuando familias de las víctimas de Audín Araya, rector de un colegio salesiano de Concepción, presentaron una denuncia ante la justicia penal por abuso de menores. La congregación, encabezada por Ezzati, nunca acompañó a las víctimas ni movió ficha al conocer de los hechos. Simplemente, decidió taparlo con un dedo y trasladar al sacerdote a Puerto Montt, otra ciudad más al sur, donde dirigió otro colegio de la orden hasta 2014, cuando fue condenado a dos años de cárcel e inhabilitación perpetua.

Pero el episodio que remeció los pilares del arzobispo hasta tumbar su considerada reputación fue, sin duda, el de Karadima, que se ha convertido en el más conocido en todo el país. A partir de 2013, ya a cargo del arzobispado de Santiago y al frente de la Conferencia Episcopal, empezaron las maniobras para desacreditar a las víctimas de Fernando Karadima, sacerdote de la Iglesia El Bosque, ubicada en el barrio de Providencia, y condenado en 2010 por la justicia canónica por abuso sexual, entre otros delitos. Un ejemplo de ello fueron los correos electrónicos que se intercambiaron Ezzati y su antecesor en el Arzobispado de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, entre 2013 y 2014, en los que trataban de mentiroso a Juan Carlos Cruz, una de las víctimas, y se coordinaban para impedir que fuese recibido en el Vaticano. Errázuriz –que hasta el jueves pasado formaba parte del consejo de cardenales del Papa (C9)– es otro de los religiosos que están bajo la lupa del fiscal Emiliano Arias.

El último golpe contra el arzobispo llegó a principios de julio, cuando encarcelaron al sacerdote Óscar Muñoz, cercano colaborador de Ezzati, por abuso sexual reiterado contra menores y estupro. La detención se produjo luego de que el párroco se autodenunciara, pero Ezzati nunca informó de los delitos a la justicia civil y fue la fiscalía la que decidió abrir una investigación en mayo. Muñoz fue hasta enero pasado Canciller de la Iglesia, y como miembro de la jerarquía tenía el deber de interrogar a los niños abusados y de preservar los archivos secretos del Arzobispado de Santiago, donde se hallan todas las investigaciones canónicas.

Según han planteado expertos penalistas, lo que más se ajustaría al encubrimiento son los traslados de ciudad a ciudad que durante años se hicieron con los sacerdotes en contra de quienes aparecían denuncias en su contra. “Es un hecho que los religiosos en este país no tienen la obligación de denunciar, ¿pero pueden ampararse en que no están obligados para no trabajar estrechamente con la autoridad civil denunciando los delitos contra los menores de edad? “, se preguntó el fiscal Arias.

¿Huele a final? 

La amenaza de pasar de ser el hombre más poderoso de la institución a tener que salir por la puerta trasera es real en el caso de Ezzati. Recientemente, incluso ha decidido evitar su exposición pública y dar un paso al costado en el liderazgo eclesiástico restándose de la ceremonia del Te Deum, una de las celebraciones ecuménicas más importantes que tiene lugar en la Catedral Metropolitana durante la fiesta nacional del 18 de septiembre.

Su decisión llegó tras las presiones que recibió la Iglesia Católica chilena de parte de líderes de partidos políticos, parlamentarios e incluso del propio presidente Piñera. De hecho, un grupo de parlamentarios quiere impulsar un proyecto para derogar la ley que le otorgó la nacionalidad chilena.

Según Mario Vargas, se logró cuestionar a Ezzati y quitarle “la categoria de ‘intocable’” gracias a las persistentes denuncias de las víctimas y al informe del arzobispo Scicluna, que hizo ver al Papa “la realidad del abuso sexual en la Iglesia chilena”.

A fines de noviembre de 2016 –dos meses antes de cumplir los 75 años–, Ezzati presentó su renuncia al Papa Francisco. Le dijo que “todo estaba en sus manos”. Francisco lo ratificó “indefinidamente”. Pero la indefinición va llegando a su fin, sobre todo, si el Pontífice espera que la justicia civil avance por su cuenta para dejar caer como un plomo al arzobispo chileno. Ezzati se convertiría, entonces, en el segundo miembro de la Iglesia Católica de mayor rango acusado por un delito de encubrimiento de abusos sexuales de menores. Su nombre podría aparecer al lado del arzobispo australiano Philip Wilson, mundialmente conocido por ser culpable de encubrir los casos de pederastia perpetrados por el sacerdote James Fletcher durante los 70. Ezzati se convertiría, así, en un Wilson en versión chilena.