El subsecretario de Aviación de Chile, Raúl Vergara, se mostró a favor de incluir a militares condenados por violaciones a los derechos humanos en un indulto propuesto por la Iglesia católica con motivo del Bicentenario de la independencia del país, en 2010.

'Creo que no debiera excluirse del indulto a uniformados por la sola razón de serlo', declaró el alto funcionario del Ministerio de Defensa en una entrevista que publica hoy el diario El Mercurio. 'La compasión debiera impulsarnos a perdonar', dijo. Planteó que el beneficio 'socialmente nos hará bien. ¡No debemos dejar que el resentimiento nos envenene el alma y enferme el cuerpo!', aseveró.

Vergara, que en 1973 era capitán de la Fuerza Aérea (FACH), se opuso al golpe de Estado que Augusto Pinochet encabezó ese año y fue sometido a un consejo de guerra, junto a otros oficiales de la institución. En esa época, estuvo preso junto al padre de la actual presidenta, Michelle Bachelet, el general de la FACH Alberto Bachelet, y fue una de las últimas personas en verlo morir a causa de las torturas, en marzo de 1974.

Preguntado por la oposición de los familiares de detenidos desaparecidos a beneficiar con un indulto a los represores, el subsecretario propuso establecer distinciones entre mandos y subordinados. 'No puede juzgarse con el mismo criterio ante un delito una posición de mando y una posición de subordinación', dijo. 'La propia doctrina militar centra toda la responsabilidad en el mando', recalcó el subsecretario, quien puntualizó que el rechazo a la 'obediencia debida' como eximente de responsabilidad penal se ha logrado 'hoy, después de un largo y doloroso aprendizaje'.

Además, Vergara negó que beneficiar a ex uniformados supusiera dar respaldo a la impunidad. 'El indulto implica que previamente ha habido una sanción. Por lo tanto, no sería una señal de impunidad', dijo.

Este debate se inició el pasado 11 de julio, cuando la Conferencia Episcopal planteó una propuesta para indultar en 2010 a los presos mayores de 70 años, los enfermos terminales, a las madres con hijos pequeños y a los condenados por delitos menores.

La Alianza de derecha propuso entonces extender ese beneficio a ex militares condenados por delitos de lesa humanidad, una medida que primero la presidenta Michelle Bachelet se abrió a estudiar, pero que luego desestimó.

El ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, explicó el jueves que el criterio del Gobierno es beneficiar a reos condenados por delitos leves, mayores de 70 años y que hayan cumplido una parte sustancial de la pena, pero 'no a militares condenados por delitos de lesa humanidad'.

En la actualidad, hay en Chile unos 60 antiguos represores condenados y alrededor de 700 procesados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar, en el que según cifras oficiales 2.279 personas fueron asesinadas.