La Administración Biden dio el pasado mes de agosto un giro inesperado para solventar una de las barreras más elevadas que deben superar los jóvenes estadounidenses a la hora de abordar el salto del mundo académico al ámbito profesional. Un balón de oxígeno de ayudas federales para los 40 millones de estadounidenses con deudas por haber recibido prestaciones crediticias para sufragar sus carreras universitarias. Por sorpresa, el inquilino de la Casa Blanca decidió coger por los cuernos a este peligroso toro de lidia al que no quisieron arrimarse ninguno de sus antecesores de los últimos cinco decenios, cuando el endeudamiento estudiantil empezó a dispararse.

La maniobra de Joe Biden cobra valor porque tratar de cancelar parte de esta losa es como destapar la caja de los truenos. En la arena política, con choques frontales con sus rivales republicanos. En las instituciones, donde las competencias federales y estatales han llegado a un Tribunal Supremo inclinado a posiciones conservadoras. Y en el orden económico, en una nación que navega en un océano de deuda soberana y sin fijar un nuevo techo de gasto para el Tesoro por la división de los congresistas.

En medio de esta tempestad, las empresas pueden ser una parte importante de su solución. No porque, de repente, les vaya a invadir un deseo altruista con el que dar carpetazo a un escollo financiero nacional que ha alcanzado los 1,7 billones de dólares, sino porque el planteamiento de que sufraguen una parte substancial de las obligaciones de sus trabajadores o potenciales profesionales de sus plantillas surge en un momento casi perfecto.

O, al menos, con vientos favorables. El fenómeno de la Gran Dimisión sigue latente en EEUU tras 45 millones de renuncias a puestos laborales desde el final de la gran pandemia por no atender las necesidades retributivas de sus protagonistas (a pesar de los tambores de recesión y el cada vez más difícil acceso a créditos).

Las redes de seguridad lanzadas desde la Casa Blanca

La Administración Biden aprobó en agosto un "alivio específico de la deuda en cumplimiento del compromiso electoral del presidente", explica el comunicado de la Casa Blanca. En la nota se avisa de que el Departamento de Educación "proporcionará hasta 20.000 dólares en cancelaciones de deudas a los beneficiarios de la llamada Beca Pell", surgida hace medio siglo para estudiantes con "necesidades financieras excepcionales". La mitad de esa cuantía (10.000 dólares) irá destinada para quienes no disfrutaran de esta ayuda de 6.895 dólares en el actual año académico. Estas ayudas han llegado a alrededor de 6,3 millones de universitarios desde el inicio de la actual década.

De acuerdo con la medida aprobada en agosto, podrán acceder a estas condonaciones las personas con unos ingresos anuales inferiores a 125.000 dólares. También podrán percibirlo las parejas que, en conjunto, no obtengan rentas superiores a los 250.000 dólares.

Con posterioridad, el Departamento de Educación ha impuesto otra exigencia. En esta ocasión, con acuse de recibo al sector privado. En concreto, a dueños y ejecutivos de centros académicos privados que, desde ahora, serán corresponsables financieros por deudas impagadas cuando sus instituciones entren en suspensiones de pagos o sean investigados por casos fraudulentos. Hasta ahora, eso no impedía que solicitaran nuevas ayudas o becas federales, ni elevaran las tasas de matriculación en futuros cursos, lo que acababa acumulando nuevas obligaciones a los estudiantes, a los contribuyentes y, por supuesto, a los gobiernos federales.

James Kvaal, el subsecretario de Educación de Biden, lo explicaba de forma elocuente, al valorar la guía ética que ha aprobado su departamento: "Hasta ahora, los responsables de universidades e institutos privados han escapado a cualquier tipo de responsabilidad, pero ahora se les exigirá sanciones personales por aumentos injustificados de las deudas estudiantiles". Este código de buena conducta requerirá "la asunción de culpas individuales o institucionales de grupos afiliados a la gestión y a la dirección de estos centros en supuestos de riesgos financieros". Así, se realizarán obligatoriamente auditorías que van a vigilar la evolución contable de los asientos relacionados con los préstamos estudiantiles y las becas. También a los centros públicos.

La iniciativa trata de impedir que los costes por el cierre de un centro académico no repercutan ni sobre el estudiante ni en los contribuyentes. Para recuperar el dinero invertido, los jueces dispondrán de un arsenal legal suficiente para su persecución por la vía civil y que se les cierre el grifo de las ayudas y programas financieros.

La tensión política enrarece el clima de crispación

Desde las filas republicanas han emprendido una cruzada judicial contra el plan de cancelación de deudas estudiantiles de Biden. Gobernadores del cinturón de esta formación del interior del país (en concreto, los de Arkansas, Nebraska, Iowa, Kansas, Missouri o Carolina del Sur) han dado alas a la politización de este asunto al presentar demandas en el Tribunal Supremo. A su juicio, supone un atentado contra las competencias estatales de ayudas estudiantiles.

Estas demandas podrían llegar a hacer encallar la masiva reclamación de las cancelaciones de deuda que, en su primer semestre en vigor, han solicitado más de 26 millones de personas. O, por el contrario, permitir el inicio de un periplo profesional sin unas mochilas que en ocasiones superan la totalidad de la vida laboral. Se calcula que unos 43 millones de deudores podrían acceder a un proceso de cancelación, lo que, de formalizarse en su totalidad, supondría un gasto de unos 400.000 millones de dólares.

El senador demócrata de Vermont, Bernie Sanders, ha salido en tromba a criticar a las voces republicanas contrarias a la condonación de la deuda estudiantil. Sanders ha recordado que su líder político se ha declarado seis veces en bancarrota, en alusión a Trump. Este último ha emprendido una gira por el país para revalidar su candidatura presidencial a pesar de su implicación, admitida por el Congreso, en el asalto al Capitolio.

Sanders ya propuso un impuesto a Wall Street para corregir la lápida financiera estudiantil en la carrera interna demócrata. Otras aspirantes, como Elizabeth Warren,senadora por Massachusetts, propusieron suprimir las deudas individuales superiores a 50.000 dólares. Ahora, junto a otros legisladores del partido como Chuck Schumer, quiere rescatarlo. Al calor de los datos, el propio Sanders ha dicho: "He escuchado a los republicanos su rechazo a perdonar hasta 20.000 dólares en deudas individuales a estudiantes, pero no los oigo arremeter contra los 287 millones que los grandes bancos han dejado de ingresar por los turbios negocios de Trump". Ni por "las masivas deducciones y exenciones fiscales a milmillonarios y corporaciones de su doble reforma fiscal", argumenta.

Una tesis que sustenta el Centro para el Progreso Estadounidense, think tank cercano al partido demócrata, y que cifra en más de 119.000 millones de dólares la deuda adicional contraída desde el ámbito educativo privado desde la crisis sanitaria. Es un sistema perverso, dice en un reciente informe, que afecta "a uno de cada tres jóvenes de entre 25 y 34 años que tienen en la actualidad un préstamo de estudios". Esto ha ocasionado que el 45% de ellos estén sometidos a una tasa de morosidad que supera en más de tres veces el promedio de los créditos otorgados.

Las empresas pueden ser parte de la solución

Paradójicamente, las compañías podrían hacer uso de un as en la manga con el que acabar en gran medida con este lastre. Y parece que estarían dispuestas a sufragar partes substanciales de estas obligaciones contraídas por sus trabajadores. Así lo avisa el Employee Benefit Research Institute en varios sondeos de opinión surgidos desde la pandemia de la covid-19 y, sobre todo, a raíz de la Gran Dimisión.

En una de estas encuestas, fechada en marzo de 2021, cuando se fraguaba las renuncias masivas a ofertas laborales en EEUU, se asegura que el 17% de los directivos encuestados, en empresas de más de 500 empleados, había ofrecido ya asistencia financiera a sus plantillas. De ellos, casi la tercera parte (un 30%) ofreció subsidios directos con hasta un 40% más de emolumentos al año durante dos ejercicios. Aduciendo que contribuía a "la adopción de un mejor ambiente laboral y de una fidelización del talento joven".

Según revela The New York Times, de los 1.600 empresarios encuestados de firmas con distintos tamaños y facturación, casi un tercio (29%) ofrecían ya contribuciones individuales para el pago de deudas estudiantiles. Además, estos prometían su contribución a cualquier iniciativa federal o estatal que ayuda a expirar las obligaciones contraídas por sus empleados durante sus periplo universitario.

Robert Hildreth, fundador y presidente de Families United in Educational Leadership (FUEL), una organización que afirma dedicarse a la búsqueda de soluciones financieras educativas a familias de bajos recursos, precisa que la aportación de la empresa a esta causa sería una decisión inteligente por dos cuestiones. Por un lado, "nos olvidaríamos de la deuda estudiantil" y, por otro lado, porque se inyectarían recursos a la excelencia académica. Pero, sobre todo, la contribución de las empresas es una exigencia moral porque la inversión de estudiantes en su educación redunda directamente en los beneficios empresariales, razón por la que los directivos no pueden permanecer de brazos cruzados. Aportar pagos a sus empleados con alta deuda estudiantil es parte de su responsabilidad por amasar beneficios gracias al talento laboral.

Mike Fenlon, responsable de Recursos Humanos en PwC. también coincide, en un artículo en la Harvard Business Review, que "los empresarios no solo pueden, sino que deben ayudar a pagar a sus empleados sus deudas estudiantiles". Las brechas financieras que crean tienen unas "enormes repercusiones" en decisiones como la creación de una familia, la compra de viviendas o los gastos de consumo. Pero también en los planes de jubilación, los costes de seguros privados de salud o inversiones personales. Y, según cálculos de su firma de servicios profesionales, ocho de cada diez directivos admiten que la estabilidad financiera de sus empleados repercute en sus rendimientos laborales.