Bien entrada la noche del 4 de mayo, víspera de las celebraciones del Día de la Independencia en Israel, el Tribunal Supremo aprobó la expulsión de más de un millar de palestinos de una amplia zona del sur de la Cisjordania ocupada, tras una batalla judicial que se ha prolongado durante dos décadas y con una decisión que ya no se puede apelar.

La sentencia establece que la región de Masafer Yatta, en el área de Hebrón, se convertirá en un Campo de Tiro del que podrá disponer el Ejército sin restricciones para sus maniobras, y que los palestinos que hasta ahora residían allí tendrán que abandonarla sin demora. Más de un millar de palestinos vivían allí temporalmente, en función de la estación del año, o permanentemente desde tiempo inmemorial.

Israel dispone de espacio más que suficiente en el desierto del Neguev para habilitar una zona de tiro, pero el ejército ha decidido que Cisjordania es ideal para estos menesteres, y el Tribunal Supremo le ha dado la razón, una indicación de que todos los estamentos del estado trabajan al unísono y en sincronía para robar tierra violando la ley internacional, bien sea para el establecimiento de colonias judías, para habilitar una zona de tiro o con cualquier otro pretexto.

Y este abuso se hace respetando el exquisito "juego democrático" que aplica Israel, que incluye al Tribunal Supremo y que avala la ocupación a diario y de mil maneras distintas mientras la comunidad internacional se lava las manos y se mantiene a una prudente distancia, incapaz de adoptar medidas que frenen el continuado expolio que sufren los palestinos.

La única manera con que podría revertirse la decisión del Supremo es mediante una enérgica intervención de la comunidad internacional, algo que con toda seguridad no va a ocurrir debido al miedo que los mandatarios occidentales muestran en todo lo tocante al estado judío, lo que provoca una parálisis que Israel aprovecha en todo momento y en todos los frentes.

Solo una semana después de la decisión del Supremo, la llamada Administración Civil, que en realidad es el ejército israelí, procedió a desmantelar y demoler las primeras 19 estructuras que los palestinos habían construido, dando el pistoletazo de salida a la expulsión de la población que reside en las colinas afectadas. De este modo se destruirán ocho pueblos cuya población ha vivido allí durante generaciones.

Igualmente, el Tribunal Supremo abre la vía para confiscar otros territorios de Cisjordania que el Ejército ya ha declarado campos de tiro. El expolio es permanente y se lleva a cabo a plena luz del día desde el norte hasta el sur de Cisjordania sin que los palestinos puedan hacer nada para evitarlo, y mientras los mandatarios de EEUU, Francia y Alemania permanecen con los brazos cruzados.

El diario Haaretz ironiza con que "milagrosamente" ninguno de los cientos de colonos judíos que viven en el Campo de Tiro 918, que en su mayor parte llegaron después que los palestinos, se ha visto afectado por la decisión del Tribunal Supremo, con lo que el alto tribunal confirma una vez más el "apartheid" sistemático que reina en Cisjordania.

El más del millar de palestinos expulsados nació y se crió en esa zona donde abundan cuevas naturales que los residentes han utilizado para cuidar estrechas porciones de campo cultivable y como punto de encuentro de sus rebaños de cabras y ovejas, en un espacio particularmente hostil, casi desértico, en condiciones climáticas adversas, sin electricidad y sin agua corriente. Muchos tienen una edad avanzada y hay mujeres y niños que lo han perdido todo.

Los magistrados rechazaron por unanimidad el argumento de los residentes de que el derecho internacional prohíbe la expulsión forzosa de la población de la zona ocupada por Israel en la guerra de 1967, una práctica que el estado judío aplica continuamente. Uno de los magistrados, David Mintz, que es a su vez un colono en el asentamiento de Dolev, cerca de Ramala, considera que el derecho internacional no es aplicable a un solo estado del mundo, Israel, si Israel no lo consiente, según recogen los medios hebreos.

El artículo 49 de la Convención de Ginebra establece claramente que "el desplazamiento individual o en grupo, así como las deportaciones de personas protegidas del territorio ocupado al territorio de la potencia ocupante o a cualquier otro país, ocupado o no, están prohibidas con independencia de su motivo". Pero los magistrados israelíes han rechazado los argumentos basados en la Convención de Ginebra.

Además de Mintz, los otros dos magistrados son Isaac Amit y Ofer Grosskopf. Con la rapidez con que los mandatarios occidentales imponen sanciones a quienes no respetan la ley internacional en los casos que les interesa, esta vez los tres magistrados pueden estar seguros de que no habrá sanciones contra ellos ni contra Israel, pues así es como funciona el mundo.