La Guardia Civil considera que los dos detenidos en Benavente (Zamora) y Cullera (Valencia) estaban implicados en la "mayor estructura yihadista conocida en España" en el ámbito de la captación de jóvenes y menores de edad a través de la difusión en redes sociales de contenidos del Dáesh que ellos mismos traducían al español.

Los detenidos, Salim H.S. y Hugo C.M., fueron puestos este viernes a disposición de la jueza de la Audiencia Nacional en funciones de guardia, María Tardón, que decretó su ingreso en prisión provisional a petición de la Fiscalía por presuntos delitos de integración en organización terrorista, adoctrinamiento activo y captación de jóvenes y menores de edad.

La operación se ha desarrollado conjuntamente entre el Servicio de Información de la Guardia Civil y la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST) marroquí, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción 6, el Juzgado Central de Instrucción 3 (en funciones de Guardia) y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ha informado este sábado la Guardia Civil en una nota de prensa.

En el marco de las labores de detección temprana de potenciales amenazas de índole terrorista a la Seguridad Nacional, el Servicio de Información de la Guardia Civil inició en 2022 la investigación sobre dos personas que, si bien estaban ubicadas en provincias diferentes, actuaban concertada y coordinadamente en el ámbito virtual para captar y adoctrinar en los postulados del terrorismo yihadista a otros usuarios de redes sociales.

Ambos elaboraban y divulgaban de manera pública contenido terrorista que les permitía identificar y seleccionar a aquellos usuarios más proclives a la radicalización.

Posteriormente, pasaban a formar parte de un grupo privado, administrado por los dos detenidos, en el que se ha identificado a decenas de usuarios en toda España, con más de diez provincias afectadas hasta la fecha.

Las investigaciones han constatado cómo las actividades de proselitismo de los detenidos trascendían el ámbito virtual, habiéndose detectado pintadas en vías públicas en la que éstos exponían los lemas de la organización terrorista Dáesh tales como Dawlat al islam baquiyah, que significa: Estado Islámico permanece y se expande.

Los investigados focalizaban sus actividades de adoctrinamiento terrorista mayoritariamente en jóvenes de 18 años y menores de edad, lo que, según la Guardia Civil, indica una clara voluntad de alcanzar a un público especialmente vulnerable a los procesos de radicalización.

Con ese objetivo empleaban una estrategia multiplataforma, basada en un uso combinado de las principales redes sociales usadas en ese rango de edad.

De este modo, las decenas de usuarios presentes en el grupo privado administrado por ambos, han sido receptores de contenidos audiovisuales, así como mensajes y consignas idóneas para captar y radicalizar nuevos adeptos a la causa terrorista.

Los investigados llevaron a cabo la edición propia y la traducción de contenidos originales en otros idiomas del ámbito mediático de la organización terrorista Dáesh al español, lo que indica una clara intención de dirigirse a la comunidad joven hispanohablante, facilitando el acceso a contenidos terroristas a los que, en su versión original, se dificultaría su plena compresión.

La actuación sobre las potenciales víctimas que han podido ser identificadas se ha diseñado contando con la participación de personal especialista en la atención e intervención con víctimas menores de edad en un contexto de vulnerabilidad.

Para el éxito de la operación, desarrollada desde mediados de 2022 por el Servicio de Información de la Guardia Civil, ha resultado fundamental la colaboración de la DGST de Marruecos, lo que pone de manifiesto la importancia de la cooperación internacional entre Servicios antiterroristas para poder hacer frente a esta amenaza y en anticipar el paso a la acción de los terroristas.

Las detenciones se han producido en el marco de unas diligencias previas que permanecen secretas y que se iniciaron en noviembre de 2022 en el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional por medio de un atestado de la Guardia Civil de intervención de comunicaciones.