Legislación europeaBruselas expedienta a España por el retraso en la aprobación de la nueva ley europea de telecomunicaciones

España se comprometió a incorporar al ordenamiento jurídico nacional el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas antes del 21 de diciembre de 2020. Sin embargo, el anteproyecto ni siquiera ha entrado en el Parlamento. Por ello, la Comisión de Ursula von der Leyen ha decidio expedientar al Gobierno de Pedro Sánchez.

El Ejecutivo comunitario ha enviado una carta de emplazamiento a España, primer paso de la sanción, en la que le pide que adopte con carácter urgente y notifique a Bruselas las medidas necesarias para aplicar el Código Europeo de Telecomunicaciones. El Gobierno dispone ahora de dos meses para responder. En caso de persistir el retraso, la Comisión podría denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), según informa El Español. 

Fuentes del Gobierno han declarado al medio que la crisis sanitaria ha sido la causante de los retrasos en los procedimientos administrativos, retrasos tales como el de la ley por la que la UE le ha expedientado, pero de la que España no es la única damnificada. Hasta 24 de 27 países se han visto afectados. Además, recuerdan que el  anteproyecto de ley ya está avanzando: ya se ha realizado la audiencia pública del Anteproyecto de Ley y se está trabajando en el Proyecto de Ley para iniciar la tramitación parlamentaria", han indicado a dicho diario. 

Solo Grecia, Hungría y Finlandia han notificado a la Comisión haber adoptado medidas para incorporar las nuevas prerrogativas a sus respectivos ordenamientos. 

El nuevo código prevé modificaciones sustanciales 

La nueva ley modernizará la regulación en comunicaciones electrónicas, incrementando los derechos de los consumidores mediante procedimientos y contratos más claros y competitivos. La UE considera que se trata de un "acto legislativo fundamental" para acelerar la transición digital en la UE y garantizar "una participación plena de todos los ciudadanos de la UE en la economía y la sociedad digitales".

Para ayudar a los Estados miembros, la UE ha supervisado el proceso de transposición y les ha proporcionado "amplias orientaciones y asistencia". Por su parte, el Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (ORECE) ha elaborado y publicado directrices para facilitar la aplicación de las nuevas normas.