Rozando la medianoche, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker explicaba que el acuerdo alcanzado en noviembre entre Theresa May y la Unión Europea no ha sufrido ningún cambio; que el texto que la primera ministra británica presentará este martes ante la Cámara de los Comunes para que sus miembros lo voten es exactamente el mismo que ya votaron el 15 de enero, cuando May cosechó la mayor derrota que un primer ministro británico ha encajado nunca en la historia de la democracia de este país.

Lo que ambas partes acordaron ayer contrarreloj, con viaje relámpago de May a Estrasburgo incluido y rueda de prensa conjunta, fue añadir varios documentos adjuntos. May, sacando pecho, aseguró que había logrado un “instrumento conjunto legalmente vinculante” que, según ella, atiende a lo que el parlamento le pidió en enero cuando echó por tierra su acuerdo con la UE y le dijo que volviera a Bruselas a conseguir algo mejor respecto a la frontera irlandesa

Atendiendo a lo conseguido, May habría hecho parte de sus deberes; habría logrado reducir -aunque no eliminar- el riesgo de que Reino Unido pueda verse atrapado permanentemente bajo el control de la UE como consecuencia de eso que se ha llamado la “salvaguarda” irlandesa y que, en realidad, es algo que sólo entraría en juego en un caso extremo: si para diciembre de 2020 -cuando finalizaría el período de transición- ambas partes no han establecido nuevos términos bajo los que quedaría la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda de Norte; la única frontera física que, tras la salida de Reino Unido de la UE, ambas partes mantendrían.

¿Cual es el temor respecto a la frontera con Irlanda?

Si el parlamento británico respaldara el acuerdo alcanzado entre May y la Unión Europea, los términos del mercado único y de la unión aduanera que actualmente unen a ambos territorios se mantendrían durante el período de transición (que finalizaría en diciembre 2020 pero podría ser prorrogado hasta 2022 su fuera necesario). El objetivo es dar ese tiempo a empresas y gobiernos de uno y otro lado para que puedan adaptarse a la futura situación de un Reino Unido fuera de la UE con acuerdos bilaterales, disposiciones legales y establecer los términos de control en las nuevas fronteras.

La primera ministra británica, Theresa May, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, a su llegada a la rueda de prensa en Estrasburgo en la que explicaron su último acuerdo sobre el brexit. REUTERS/Vincent Kessler

Que la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte es un asunto delicado es algo en lo que todos coinciden. Que hay que evitar que se establezca una frontera dura allí, también. Porque éste no es un territorio más y cualquier asunto relativo a esa línea de separación no implica sólo un tema económico o político; entran en juego cuestiones históricas e incluso sentimentales.

No olvidemos que esta frontera ha sido escenario de violentos conflictos hasta hace sólo unas décadas y que durante los 30 años que duró la situación, 3.600 personas perdieron la vida. Cuando los Acuerdos de Viernes Santo de 1998 establecieron las bases para la paz en la zona dejaron claro que no se podía volver a los checkpoints; el asunto es tan delicado que incluso se teme que restableciendo un frontera dura se pudiera reavivar la violencia.

Por eso se estableció que, aunque Irlanda del Norte siga siendo parte de Reino Unido, pueda tener un trato distinto al del resto del país cuando finalice el período de transición. Los términos deberán establecerlos Reino Unido y la UE durante el periodo de transición. Pero, en previsión de que no se pusieran de acuerdo, se estableció la denominada “salvaguarda”, que no es otra cosa que una red de seguridad por la que, si se acaba el período de transición sin haber alcanzado acuerdos que garanticen que se respetan los términos del acuerdo de Viernes Santo contrarios a una frontera dura, Irlanda del norte seguirá bajo los términos del mercado único y la unión aduanera. Lo que, de alguna manera, acabaría estableciendo la frontera no entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte sino en medio del Mar del Norte. Es decir, entre la isla de Gran Bretaña y la isla de Irlanda.

Por supuesto, la idea no gustaba ni al DUP (el Partido Unionista de Irlanda del Norte) ni a los brexiters más duros. Sostenían que implicaba que Bruselas seguía teniendo cierto control sobre Reino Unido y ponía en riesgo la soberanía de la isla. Y es más, temían que la aplicación de estos términos pudiera provocar que Reino Unido quedara atrapado bajo las normas de la UE de manera indefinida. Por eso, su petición a la UE era que, en caso de ver que está siendo así, pudieran poner fin a esta relación de manera unilateral.

Banderas del Reino Unido y de la UE, reflejadas en un charco de agua frente al Parlamento británico, en Westminster, en una manifestación conraria al brexit. REUTERS/Toby Melville

Pero Bruselas no ha pasado por ahí. La propia May explicaba anoche que lo que ha logrado es: “un instrumento conjunto que garantiza que la UE no podrá actuar con la intención de aplicar de modo permanente la salvaguarda. Si así fuera, el Reino Unido activaría el mecanismo de arbitraje para suspender la salvaguarda irlandesa”. A lo que sí se han comprometido ambas partes es a comenzar a negociar los términos de esa futura relación lo antes posible, para intentar llegar a un acuerdo lo más rápidamente posible y que nunca lleguen a tener que aplicarse los términos de esa “salvaguarda”.

La cuestión hoy es ver qué piensan ahora los miembros de la Cámara de los Comunes sobre lo logrado anoche por May y si consideran las novedades suficientemente significativas y garantistas como para cambiar su voto de hace dos meses y, ahora sí, respaldar el acuerdo de la Primera Ministra. Algunos conservador que entonces votaron en contra ya han asegurado que esta noche votarán a favor. Los laboristas han confirmado que a ellos no les ha convencido y volverán a votar en contra.

Veremos si las rotundas palabras de anoche de Juncker, cuando dijo que "no habrá más negociaciones; esto es lo que hay”, consiguen calar en el parlamento británico.