RÍO DE JANEIRO.- El Gobierno de Brasil decidió este viernes terminar el vínculo con una firma privada que había contratado para proveer de personal de seguridad a las sedes olímpicas y la reemplazó con la policía federal y estatal, a solo una semana de la inauguración de los Juegos Olímpicos 2016 en Río de Janeiro.

El ministro de Justicia, Alexandre Moraes, dijo que miembros de la Fuerza Nacional del gobierno federal, junto a policías activos y retirados de Río y otros estados, compondrán el cuerpo de 3.000 agentes para controlar aficionados y detectores de metales en las sedes olímpicas.

Hace apenas unas semanas que el Gobierno contrató a la relativamente poco conocida empresa de seguridad Artel para llevar a cabo esa tarea. La compañía desplegaría 3.400 guardias, pero Artel dijo al Gobierno días atrás que sólo había reclutado 500.

"La empresa será multada por su incompetencia", asegura el ministro de Justicia

"La compañía será multada por su incompetencia e irresponsabilidad, pero los Juegos no van a sufrir daño alguno", dijo Moraes. El funcionario añadió que la principal preocupación vinculada a la seguridad son los delitos contra los visitantes.

Pero el miedo por potenciales ataques terroristas creció después de que Brasil arrestara la semana pasada a varias personas que habrían jurado lealtad al Estado Islámico y supuestamente planeaban llevar a cabo ataques.

El cambio respecto al personal de seguridad de las sedes no tendrá ningún impacto sobre los 85.000 soldados, policías y otros funcionarios de las fuerzas de seguridad que estarán patrullando las calles de Río en un esfuerzo por mantener la paz durante los Juegos, que se extenderán hasta el 21 de agosto. El número representa el doble que los agentes dispuestos en los anteriores Juegos de Londres 2012.

En Brasil se registran más homicidios que en cualquier otro país, según un informe anual de Naciones Unidas, y Río de Janeiro ha sufrido recientemente un incremento del delito en medio de una recesión económica, un aumento del desempleo y del déficit en los presupuestos de seguridad pública.