Si ecologismo e intereses económicos chocan en la mayoría de los países, esas contradicciones se exacerban en Brasil, un país donde casi la mitad de sus ocho millones y medio de kilómetros cuadrados está cubierta por la mayor selva del mundo, el Amazonas. El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se ha erguido como defensor del control de los incendios en la selva. Pero, a menudo, ante la disyuntiva entre ecologismo y desarrollo, Lula ha optado por este último.

El Congreso ha aprobado una propuesta de ley del Ejecutivo para legalizar tierras que no tienen propietario legal. La Medida Provisional 458 regularizará 674.000 kilómetros cuadrados del Amazonas (la superficie de Italia y Alemania juntas) que actualmente ocupan los posseiros: campesinos o empresarios que se adueñan de las tierras sin dueño de la selva, a menudo después de provocar un incendio para deforestar la zona.

Los ecologistas temen que la medida estimule más ocupaciones

El Gobierno argumenta que pretende así aumentar el control en la selva y prevenir la deforestación. Pero los ecologistas temen que la medida, que podría beneficiar a 300.000 familias, se traduzca en un efecto llamada para nuevas ocupaciones. Y ello pese a que Lula vetó los aspectos más polémicos de la ley, como incluir a las empresas entre los beneficiarios de la medida.

La cuestión más polémica sigue siendo la definición de los límites a la deforestación. En 2007, Lula prometió frenar la expansión del cultivo de caña de azúcar en el Amazonas y el Pantanal, un proyecto retrasado desde entonces por falta de consenso. Sólo en algo están de acuerdo Lula, sus ministros y los brasileños: la selva pertenece a Brasil y ningún país debe inmiscuirse en su gestión. 'La Amazonia es nuestra', insiste el presidente.

La deforestación es sólo un aspecto, si bien el más notorio, de la tensión constante que atraviesa al Gobierno brasileño en materia de ecologismo. Además, la batalla política se juega en el campo del federalismo desde que el estado de Santa Catarina, al sur del país, aprobó en abril un código ambiental con reglas más permisivas que las federales. Los ecologistas temen que esa lógica pueda llevar a que los estados compitan por atraer empresas mediante leyes más laxas con el medio ambiente.