Berlusconi se inventa otra ley para burlar a la Justicia

Silvio Berlusconi ha estado un mes ausente de la vida política italiana, pero no ha perdido el tiempo. Mientras los parlamentarios se iban de vacaciones y él se recuperaba en su mansión de Milán de la agresión que sufrió en diciembre, sus asesores preparaban a contrarreloj nuevas normas para blindar judicialmente al primer ministro, aunque sea a costa de amnistiar también a miles de imputados italianos.

Ya este mismo jueves, el Senado podría dar el primer aval a la norma conocida como proceso breve y que ha sido rebautizada como "ley mataprocesos" por los jueces. Con ella, podrían morir antes de llegar a juicio miles de causas judiciales, entre ellas las que Berlusconi tiene pendientes por el caso Mills (corrupción) y Mediaset (fraude fiscal y falsedad contable).

Los jueces están escandalizados por la ley que "pone a la Justicia de rodillas"

Los jueces se han escandalizado por una ley que, según denunció ayer el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Luca Palamara, pondrá "de rodillas" a la Justicia italiana y podría anular hasta el 40% de los procesos. Entre ellos, incluso algunos por delitos graves, como los relacionados con la mafia o el terrorismo.

El líder del principal partido de la oposición, el Demócrata, Pier Luigi Bersani, ha anunciado que su partido se "interpondrá" para impedir la aprobación de una norma "muy peligrosa". Pero Berlusconi cuenta con mayoría en ambas cámaras gracias a la coalición de su partido, el Pueblo de la Libertad, con la xenófoba Liga Norte. A cambio de esta reforma judicial, Berlusconi ofrece a la Liga una rebaja de impuestos dirigida especialmente a los italianos más ricos.

El primer ministro italiano tiene tanta prisa que, nada más poner el pie en Roma el lunes a mediodía, reunió a la plana mayor de su partido para examinar las reformas. Pocas horas después, un senador presentaba las enmiendas requeridas por su jefe a la norma del proceso breve ya en trámite, y ayer el Senado las discutió en el pleno.

A cambio, la Liga conseguirá la rebaja de impuestos a los italianos más ricos

Los cambios introducidos permiten ajustar un poco más el traje a la medida de Il Cavaliere, y minimizar el impacto en algunos otros miles de procesos, con la esperanza de que los miembros de la derecha más reacios a poner la Justicia patas arriba entre ellos, el presidente de la Cámara, Gianfranco Fini acepten sin más dilación la propuesta.

El proyecto inicial preveía que los imputados se librarían automáticamente de una condena en caso de que el tribunal de primera instancia tardara más de dos años en dictar sentencia, o bien la Corte de Apelación y la de Casación necesitasen más de dos años respectivamente. Estas disposiciones afectaban no sólo a los juicios futuros, sino a los que ya han empezado, entre ellos los casos Mediaset y Mills. Y todo esto, sin poner sobre la mesa ningún tipo de refuerzo a la Administración de Justicia para que sea capaz de agilizar su funcionamiento. En la actualidad, en Italia, los juicios duran una media de siete años, si se cuenta el paso por los tres tribunales.

Las enmiendas que se estudian ahora prevén que los juicios en primera instancia no prescriban al cabo de dos años, sino de tres, a partir del momento en que el fiscal pida al juez instructor la imputación de un ciudadano. En los delitos graves, el plazo sería de cuatro años, y para los de mafia y terrorismo, cinco, con posibilidad de ampliar la duración de estos procesos hasta un tercio de su duración inicial.

Berlusconi prepara un tercer decreto para paralizar durante tres meses

Sin embargo, en los delitos que afectan a Berlusconi los de corrupción o fraude fiscal que están ya en curso, el proceso sólo podría durar dos años, y el reloj empezaría a contar mucho antes, desde el momento en que el fiscal empezó a investigar y mandó una notificación del hecho al interesado: en este caso, Berlusconi y los miles de procesados en situación similar.

Il Cavaliere quedaría así libre de sus dos juicios pendientes. Como necesita protegerse también ante posibles causas futuras, el primer ministro espera que se apruebe el resto de leyes que ha enviado al Parlamento. El 25 de enero la derecha italiana espera poder tramitar una segunda norma que permitiría a los miembros del Gobierno esquivar la obligación de comparecer a juicio, alegando sus compromisos institucionales: la ley conocida como del "legítimo impedimento". Pero como ni aún así está tranquilo, Berlusconi prepara un tercer decreto para paralizar durante tres meses, hasta después de las elecciones regionales de marzo, los juicios similares a los que él tiene pendientes, alegando un defecto de forma.

Eso sin contar otras normas en su favor aún por llegar, como la aprobación mediante reforma constitucional de una nueva Ley Alfano, que lo blindaría definitivamente ante cualquier juicio mientras esté en el poder, y de otra para devolver a los parlamentarios la inmunidad abolida en 1993.

Las leyes ‘ad personam’
Así se conoce a las leyes y reformas que Berlusconi ha promovido para eludir a la Justicia u obtener beneficios económicos.

El lodo Schifani
El 22 de junio de 2003 entró en vigor el ‘Lodo Schifani’, una ley del Gobierno de Berlusconi que le otorgaba inmunidad penal con efectos retroactivos.

Objetivo: la prescripción
Aunque la norma fue declarada inconstitucional en enero de 2004, la suspensión del proceso SME durante el tiempo que estuvo en vigor contribuyó a que el cargo por soborno al juez Renato Schillante que pesaba contra el primer ministro prescribiera en diciembre de 2004. Berlusconi fue absuelto de otra acusación similar en el mismo proceso.

El lodo Alfano
Poco después de volver al poder en abril de 2008, el Gobierno de Berlusconi resucitó la Ley Schifani, con algunos retoques. La nueva norma de inmunidad penal para el primer ministro y otros tres altos cargos del Estado fue rebautizada como Lodo Alfano, en honor al ministro de Justicia, Angelino Alfano (foto), que la presentó al Consejo de Ministros. La Ley Alfano fue aprobada en junio de 2008

La historia se repite
Como sucedió con la Ley Schifani, el Tribunal Constitucional declaró ilegal esta norma el 7 de octubre de 2009. Berlusconi no logró blindarse, pero, de nuevo, había ganado tiempo.

Otras argucias
El primer ministro italiano ha recurrido en sucesivas ocasiones a argucias como recusar a los jueces, despenalizar en parte hechos por los que estaba siendo juzgado, como la falsedad en la contabilidad de sus empresas e, incluso, decretar amnistías para ciertos delitos de “cuello blanco”.