'Benallagate': Macron contra las cuerdas

París 15 de julio, 19h. Miles de franceses reciben en las calles de París al equipo que acaba de situarse en la cima del fútbol mundial. Millones de espectadores enganchados a su televisor ven como un autobús (donde descubriremos que también está Benalla) circula por los Champs Élysées. Las televisiones enseñan cómo el presidente acoge a los jugadores en los jardines del palacio del Elíseo y cómo, durante horas de programa en prime time, parece verse únicamente al presidente francés exultante en medio de niños y futbolistas a los que abraza como amigos. ¿Qué mejor operación de comunicación? ¿Qué más podría pedir un Macron que ya disfruta de todas las palancas del poder, en el sistema hiperpresidencialista francés, y de una mayoría absoluta que reduce los debates parlamentarios a meros trámites?

Siempre hay que desconfiar de la certeza en política. Desde el 18 de julio y un video revelado por el periódico Le Monde, Macron se encuentra en una situación muy delicada por culpa del caso Benalla, el responsable de seguridad del presidente. Un escándalo político con mayúsculas, al que dedican desde hace días retransmisiones, tertulias y titulares hasta los medios de comunicación mainstream más afines al poder. Un caso que ha puesto al gobierno liberal galo contra las cuerdas de manera insólita. ¿Estamos al borde de un Watergate francés?

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Benalla, de “segurata" personal a jefecillo ilegal de policía

¿Quién es Benalla? Es un adepto de la seguridad privada que ha construido su ascensión profesional dentro del mundillo del partido socialista, hasta acabar como hombre de confianza y guardaespaldas de Macron en su campaña presidencial. Parece que ha conseguido, de esa manera, construirse un pequeño imperio dentro del palacio del Elíseo, donde está alojado y donde goza de privilegios llamativos como un coche de policía digno de un ministro. Es oficialmente el encargado de la seguridad de Macron bajo la responsabilidad del jefe de gabinete presidencial, aunque existan ya servicios oficiales de policía y gendarmería (la guardia civil francesa) dedicados a la protección del presidente.

Todo iba sobre ruedas en el mundo de Macron hasta que una periodista de Le Monde, Ariane Chemin, ha revelado un video amateur donde se identifica a Alexandre Benalla, disfrazado de policía en plena manifestación del 1 de mayo. Este vídeo, tomado por un militante de la Francia Insumisa, había circulado en las redes para denunciar la violencia policial que se utilizó en contra de algunos manifestantes del 1 de mayo, día muy complicado para la policía por la presencia de jóvenes violentos ajenos al desfile oficial.

En el video, se ve una interminable escena de violencia contra dos jóvenes manifestantes que son golpeados en el suelo. El video viral, se ha vuelto todavía más insoportable al desvelar que los autores de esta violencia son agentes de seguridad del Elíseo, colaborando con la policía en sus misiones oscuras de represión de un pequeño grupo en la plaza de la Contrescarpe, al margen del desfile del 1 de mayo.

Las imágenes muestran a Benalla, responsable de la seguridad presidencial, vestido de policía sin serlo, enfrentándose con una violencia injustificada a dos manifestantes en medio de los policías, con total impunidad y como si fuera el jefe de orquesta de este dispositivo. Resulta que no está sólo, lo acompaña Vincent Crase, un guardia civil reservista que es empleado de seguridad del partido del presidente, LREM, también muy violento en las imágenes y portando una pistola.

Desde ese momento, más allá de los delitos evidentes (violencia injustificada, usurpación de función oficial…) uno se pregunta, ¿qué hacen los hombres de confianza del presidente en medio del dispositivo oficial de la prefectura de policía, como si de un cliché de alguna dictadura tropical se tratara?

El caso Benalla no es un problema de elección equivocada de un colaborador presidencial, en cambio, sí es un asunto de Estado al plantear la posibilidad de que existan dispositivos operativos extraoficiales y extrapoliciales pilotados desde la presidencia. El caso Benalla monopoliza la actualidad porque entra también en total contradicción con la voluntad explícita del nuevo presidente de conducirse con transparencia y nuevos métodos políticos. El propio Benalla, reclutado por los servicios de seguridad de los partidos tradicionales, parece salido del viejo mundo de las cloacas políticas, recordando a la policía paralela del SAC creada para proteger a de Gaulle o el escándalo del Rainbow Warrior, el barco de Greenpeace hundido por los servicios secretos en épocas de Mitterrand.

Del video viral al Benallagate

El problema fundamental, por otra parte, desde que salió esta información, ha sido la pésima gestión del gobierno de esta situación de crisis: un Macron silencioso contentándose con la información aproximativa proporcionada por su equipo gubernamental. Se quiso hacer creer que se habían tomado sanciones contra Benalla después de los hechos, pero quedó limitado a una simple suspensión de sueldo durante 15 días y a una mentira, según la cual se hubiera apartado a Benalla desde el 1 de mayo de sus funciones principales, cuando los periodistas continúan sacando, hora tras hora, nuevos datos sobre el papel central de este recluta del presidente.

Se le pudo encontrar entre los principales dispositivos de seguridad del país, desde la fiesta nacional hasta la llegada del autobús del equipo de fútbol de Francia, mientras algunos reprochan que el recorrido fue acortado para llegar más rápido al palacio presidencial olvidándose, por ejemplo, de los miles de manifestantes que esperaban, como en 1998, delante del hotel Crillon… Se descubrió también que Benalla obtuvo, de manera ilegal, de parte de altos cargos de la policía las imágenes de las cámaras de vigilancia de las ciudad de Paris, situadas en la plaza donde ocurrieron los hechos en cuestión.

Este desastre de comunicación se ha trasladado a la Asamblea Nacional donde esta semana los diputados tenían la tarea de aprobar la nueva reforma constitucional lanzada por el gobierno. Los debates parlamentarios, desde esta revelación, han sido completamente paralizados por la diferentes oposiciones de izquierda y derecha. Desde aquel momento, el gobierno y su mayoría han perdido terreno y tenido que abandonar su prepotencia habitual cediendo en todos los terrenos. No solamente se ha abierto una instrucción penal en contra de Benalla y de su cómplice Crase, sino que los diputados han obtenido también, la creación de una comisión parlamentaria de investigación con debates públicos.

Se ha conseguido que comparezca el ministro del interior, Gérard Collomb, al que muchos diputados piden ya la dimisión. Hoy mismo, el gobierno finalmente ha suspendido los trabajos sobre el proyecto de ley constitucional, temiendo seguramente que tengan que comparecer los ministros para defenderlo en este ambiente enfurecido, donde los diputados solo hacen preguntas sobre lo que consideran ser un asunto de Estado.

¿El verticalismo macroniano en jaque?

Al mismo tiempo que se estaba estudiando un proyecto de ley constitucional que iba a reforzar los poderes presidenciales y reducir el número de diputados, y sin que nadie se lo esperara, parece que se ha puesto en cuestión toda una forma de gobernabilidad que ha querido impulsar Macron desde sus comienzos. Gozando de una mayoría absoluta inédita en el parlamento, de una gran popularidad en sus comienzos, Macron ha puesto en escena y, en el centro de su agenda comunicativa, su voluntad de proceder a cambios neoliberales profundos y “efectivos” en un país, según él, mermado por legislaciones (sociales) y hábitos anticuados e inadaptados al nuevo mundo de la globalización.

Esto ha supuesto una forma de gobernar muy vertical con decretos ley que permiten obviar el debate parlamentario y decisiones autoritarias (recortes, reforma laboral, reforma de la sociedad pública de ferrocarril y del acceso a la universidad) adoptadas a gran velocidad y sin diálogo social. Una suerte de “Blitzkrieg social” tal como lo había teorizado el candidato perdedor de la derecha, Fillon, en su campaña.

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Por eso, quizás, era fundamental evitar que cuajara cualquier tipo de movimiento social duradero y evitar que las manifestaciones produjeran puntos de fijación. El gobierno ha reprimido, como en este primero de mayo, todos los intentos de contestación en particular en las universidades con una violencia sistemática y brutal.

El caso Benalla, la impunidad de la que parece haber gozado él y sus conexiones (el empleado del partido Crase, las complicidades y protecciones policiales, la presencia del suboficial Mizerski ayudando a Benalla…), parecen inscribirse en este sistema general de arrogancia y prepotencia del poder Macroniano, tal vez haciéndole vacilar. El presidente sigue encerrado en su silencio desde entonces.