La Audiencia Nacional aprueba la orden de detención contra el hijo de Obiang y otros dos altos cargos de Guinea Ecuatorial

El régimen de Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial desde hace más de 44 años, ha sufrido un duro revés. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dado luz verde este jueves a las órdenes de detención nacional e internacional de uno de sus hijos, Carmelo Ovono, actual viceministro de Seguridad Exterior de Guinea Ecuatorial, por su presunta implicación en los secuestros y torturas de cuatro opositores del gobierno de su padre. Dos de ellos, Feliciano Efa Mangue y Julio Obama Mefuman, eran de nacionalidad española.

La decisión de la Sala supone, de facto, la aprobación de las órdenes de detención que anteriormente había rechazado el juez Santiago Pedraz, titular del juzgado de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional y encargado de investigar el caso. En su auto, al que ha tenido acceso Público, la Sala insta a Pedraz a revocar aquella decisión a que dicte las órdenes de detención.

La Sala considera que el Instructor no llegó a exponer de forma razonada el motivo por el no libró inicialmente las órdenes y contradice el argumento que entonces esgrimió, como la falta de indicios serios de la implicación de los investigados en los hechos investigados y la falta de acreditación de que hubieran tenido lugar en España. Al contrario, la Sala cree que la investigación en curso ha aportado bastantes datos que apuntan a una posible implicación de los investigados en los hechos.

Además, recuerda a Pedraz que en su propio auto de incoación de las diligencias previas y otros escritos posteriores, citaba que los hechos a estudiar podían constituir un presunto delito de terrorismo, de lesa humanidad o de secuestro con finalidad terrorista. 

La orden de detención también afectarían a Nicolás Obama, ministro de Seguridad Nacional, e Isaac Nguema, director general de la Seguridad Presidencial de Guinea Ecuatorial, quienes también estuvieron presuntamente implicados en los casos, según la investigación judicial.

La instrucción, iniciada en 2020, trata de reconstruir los pasos que llevaron a los cuatro opositores, residentes en España, a viajar a Juba (Sudán del Sur) engañados. Allí habrían sido secuestrados y conducidos a la fuerza a Guinea Ecuatorial, donde fueron juzgados y condenados por la Justicia del país africano a penas de hasta 90 años por su supuesta implicación en el intento de golpe de Estado contra Obiang en 2017. Uno de ellos, el español Julio Obama, murió en prisión en enero de 2023. Del resto de los detenidos no se sabe nada desde hace meses.

Aprobación de las detenciones nueve meses después

La orden de detención fue solicitada por primera vez por la acusación y por el fiscal de caso, Vicente González Mota, en abril, cuando los investigados se negaron a declarar por videoconferencia ante Pedraz. Sin embargo, esta quedó en el aire cuando, días después de esta petición, la Justicia ecuatoguineana informó al Instructor de que había iniciado una investigación contra los acusados en el país africano. Ello ponía en peligro la continuidad del proceso abierto en la Audiencia Nacional, ya que Guinea Ecuatorial solicitó a la Justicia española que abandonara la instrucción y le cediera la jurisdicción del caso.

Para poder llevar a cabo este traspaso, la Justicia española debía asegurarse de que la causa abierta en Guinea Ecuatorial era real, para lo que cursó una comisión rogatoria internacional (CRI). Esto es, una solicitud de auxilio judicial para que la Justicia del país africano aportara pruebas de que estaba desarrollando la investigación.

La acusación sospechaba que la apertura de la causa en el país africano era una mera estrategia para alejar a España de la investigación y absolver al hijo del presidente de los presuntos delitos cometidos, que de confirmarse podrían destapar el modus operandi utilizado por el régimen de Obiang para perseguir a la oposición más allá de sus fronteras.

En julio, la nueva defensa de los acusados, en manos del exjuez de la Audiencia Nacional y ahora letrado del bufete Ramón y Cajal Abogados, Javier Gómez Bermúdez, aportó cuatro documentos de la Corte Suprema de Justicia de Guinea Ecuatorial con la intención de acreditar la existencia de una investigación en dicho país contra el hijo del presidente y los dos altos cargos de la seguridad nacional. A ellas sumó en septiembre una copia de la CRI que habría sido entregada por la Justicia ecuatoguineana al Consulado General de España en Bata. Sin embargo, en octubre, el Ministerio de Justicia español –último interlocutor válido de la Justicia ecuatoguineana– dijo que no había recibido tal comunicación, según informó El País.

En septiembre, la acusación realizó un recurso de apelación para solicitar que se aprobaran de nuevo las órdenes internacionales de detención. La Fiscalía hizo lo propio en diciembre. Esta vez, los recursos se elevaron a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que se emplazó a deliberar sobre este asunto el pasado viernes 12 de enero. Este jueves, los magistrados de la sección segunda de la Sala, presidida por Fernando Andreu Merelles, dan por válidas las argumentaciones de la acusación particular y la Fiscalía y pide a Pedraz la detención de los acusados.

Esta resolución no resuelve si la investigación del caso debe ser finalmente competencia de Guinea Ecuatorial, aclara la Sala, que aún debe abordar esta cuestión. Así, la decisión de aprobar las órdenes se ha tomado teniendo en cuenta el actual estado del procedimiento en España.

Un mes convulso en la Audiencia Nacional

A pesar de las precarias evidencias sobre la existencia de una causa real abierta por parte de Guinea Ecuatorial, el pasado 8 de enero el juez Pedraz dio luz verde a la solicitud del país africano y le cedió la jurisdicción de la investigación. Pedraz pudo hacer esto porque la instrucción en España se encontraba en fase de diligencias previas. Este procedimiento abreviado estudia hechos que pueden ser castigados con penas de cárcel menores a nueve años.

En estos casos el juez instructor tiene potestad para cerrar la investigación. Pero los delitos que se estudian en esta ocasión son graves, y superan los nueve años. Por esta razón, la acusación pidió al juez que transformara las diligencias previas en un procedimiento sumario ordinario. Este tipo de procedimiento sólo puede ser cerrado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Sin embargo, Pedraz rechazó estas solicitudes, por lo que en septiembre la acusación elevó un recurso a la Sala de lo Penal. El mismo día que Pedraz aprobaba la cesión del caso a Guinea Ecuatorial, la Sala transformaba las diligencias en sumario, bloqueando la potestad de Pedraz para ceder la diligencias, que ya no tendría competencias para cerrar el caso ni dejarlo en manos de la justicia africana. Ahora, es la Sala de lo Penal de la AN la que deberá decidir sobre el destino que tendrá esta cesión.

A pesar de que la cesión está lejos de ser aprobada, el informativo de la televisión pública de Guinea Ecuatorial se hizo eco de la decisión de Pedraz y reprodujo los argumentos del juez español en el auto de cesión, celebrando que: "la justicia de Guinea Ecuatorial vence nuevamente a la verdad ante las acusaciones infundadas por enemigos externos e internos que consideran a Guinea Ecuatorial, su ciudadanía y su gobierno como un trozo de pastel para satisfacer sus ambiciones personales".

No es la primera vez que la televisión pública del país africano difunde información confusa respecto a este caso. Como ya contó Público en julio del año pasado, el informativo de este canal divulgó falsamente que la Audiencia Nacional había cerrado el caso en España. También el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), fundado por el presidente del Gobierno Teodoro Obiang, emitió un comunicado ratificando esta información.

Nada más lejos de la realidad. Dos días después del intento de cesión por parte de Pedraz, la Fiscalía pidió al juez que continuara con la investigación en España. En su escrito recordaba al instructor la importancia de llevar a término las diligencias policiales pendientes, que podrían sacar a la luz la manera en la que los acusados financiaron el espionaje de los opositores en España. También, cómo operaron en nuestro país para engañar a las víctimas con el objetivo de que viajaran a Juba (Sudán del Sur).

El pasado 23 de enero, Pedraz respondió duramente a la Fiscalía, recordando que la transformación de las diligencias previas en sumario no suponían dejar sin efecto el auto de cesión –que ahora debe ser evaluada y aprobada o rechazada por la Sala–, y negando que las actuaciones y movimientos de dinero de los investigados en España que rastrea la Policía Nacional tuvieran vinculación al caso. Ello a pesar de que las diligencias policiales aún no han terminado).

Tampoco, que exista ninguna base "para entender que Guinea Ecuatorial no esté dispuesta a llevar a cabo la investigación o no tenga capacidad para realizarla". El juez considera que "no basta decir que el régimen de Guinea Ecuatorial y su poder judicial es "corrupto" o "que no coopere".

Con el auto publicado este jueves, la de la Sala ordena a Pedraz cursar las órdenes con las que si Ovono, Obama, o Nguema ponen un pie fuera de Guinea Ecuatorial, podrán ser detenidos y obligados a responder frente a la Justicia española. Se trata de una pequeña victoria para la acusación, el Movimiento por la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLG3R), al que pertenecían las víctimas.