La Audiencia Nacional acuerda la extradición del creador del antivirus McAfee a Estados Unidos

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha resuelto extraditar a EEUU al multimillonario John David Mcafee, creador del antivirus que lleva su nombre, y ha denegado su puesta en libertad provisional mientras se produce este trámite, según fuentes jurídicas consultadas.

La decisión llega después de que el pasado 15 de junio tuviera lugar la vista de extradición contra el magnate, que fue detenido el pasado mes de octubre en el aeropuerto de El Prat (Barcelona) y que es reclamado por EEUU por delito fiscal. En la misma, McAfee alegó ser un perseguido político de Estados Unidos por sus denuncias contra la "corrupción" de la agencia tributaria de ese país. "En caso de ser extraditado es casi seguro de que pasaré el resto de mi vida en prisión porque Estados Unidos quiere usarme como un ejemplo", dijo.

En su informe previo a la vista, el Ministerio Público consideraba que es procedente su extradición pero sólo por los delitos fiscales relativos a los ejercicios de 2016, 2017 y 2018. Pero EEUU pedía su extradición por no haber presentado la pertinente declaración de la renta en ese país en cinco ejercicios, de 2014 a 2018.

Según el fundamento de la solicitud de extradición, todos los estadounidenses están obligados a presentar la declaración de la renta si los ingresos mínimos superan aproximadamente los 22.000 dólares anuales --cifra que varía ligeramente según el año--. Y alegan que McAfee en esos años residía en Lexington (Tennesee) y que ocultó sus ingresos al fisco "aparentando que carecía de ellos".

"Ha declarado en reiteradas ocasiones ser consciente de su obligación y ha presumido de su decisión de negarse al pago de impuestos", explicaban, para luego detallar que en 2014 tuvo ingresos por charlas y eventos por valor de 90.000 dólares y no solo no hizo la declaración sino que sus ganancias las transfirió a una tercera persona para no aparecer como beneficiario y compró un inmueble que puso también a nombre de otra persona.

Las charlas y las criptomonedas

En 2015 obtuvo unas ganancias de 100.000 dólares por charlas y por cesión de derechos para contar su historia de vida; en 2016 obtuvo 800.000 dólares --la mayoría por consultoría a MGT Capital Investments-- que le fueron abonados haciendo transferencias a terceras personas.

En 2017 el montante que obtuvo fue de 1,25 millones de dólares, y gran parte lo recibió en criptomonedas. Como entendía que esa moneda digital no podía ser rastreada por el fisco porque el pago no fue nominal, hizo abonar esa cantidad en una cartera de Ethereum por medio de diez transferencias y luego lo movió a otras carteras.

Pero el salto de ingresos se produce en 2018 cuando McAfee recibe 8 millones de dólares por consultoría y por promoción de varias ofertas iniciales de criptodivisas (hasta cinco distintas). Esos ingresos le llegaron en criptomoonedas que luego él transformaba en dólares. parte de las cantidades eran movidas a sociedades controladas por él y las gastó en comprar bienes inmuebles y un yate que puso a nombre de su esposa.

Solo por tres años

En la calificación jurídica, la Fiscalía recordaba que EEUU le persigue por cinco delitos graves de evasión de impuestos que acarrean pena de cárcel de no más de cinco años por ejercicio, y otros cinco delitos menores por la omisión de presentación de la declaración.

Pero el fiscal explica que en España, no presentar la declaración no es un delito sino una infracción administrativa, y apunta que de tener significación penal, únicamente lo tendría en el seno del delito fiscal. Y ahonda que respecto a 2014 y 2015 no hay delito fiscal puesto que en España la cuota tributaria defraudada está lejos de los 120.000 euros exigidos.

Por ese motivo, señalaban que sólo son constitutivos de tres delitos fiscales los hechos relativos a los ejercicios de 2016, 2017 y 2018. Y recordaban que los tratados de extradición establecen que la infracción debe estar castigada con más de un año de prisión, por lo que se cumple el mínimo punitivo exigido por ley.