La Justicia británica ha decidido mantener en vigor la orden de detención que pesa sobre el activista australiano Julian Assange, refugiado en la embajada de Ecuador en Londres. La sentencia de la Corte de Magistrados de Westminster, que se puede apelar ante instancias superiores, rechaza un recurso presentado por el fundador de Wikileaks para impugnar la orden de arresto que pesa sobre él desde 2012, por lo que aún se arriesga a ser detenido si abandona la Embajada de Ecuador en Londres.

Assange lleva recluido más de cinco años en la legación diplomática ecuatoriana, en la que entró para esquivar una extradición a Suecia, donde estaba siendo investigado por presuntos delitos sexuales. El fundador de Wilieaks argumentó que no existían garantías de que luego no fuese extraditado a Estados Unidos y juzgado por la filtración de decenas de miles de documentos secretos.

Pese a que el caso sueco ha quedado archivado, las autoridades británicas han seguido argumentando que Assange violó en 2012 las condiciones de la libertad provisional dictada en Reino Unido y, por tanto, la orden de arresto contra él sigue en vigor. En un intento por romper el impasse, Assange ha recurrido a la Justicia británica para tratar de eliminar dicha orden. Sus abogados han argumentado ante el Tribunal de Westminster que dicha medida "había perdido su objetivo", pero los jueces no lo han entendido así, según la cadena BBC.

"La juez ha fallado en contra del primer punto técnico", ha matizado Assange en Twitter, desde donde ha apuntado que ahora quedarían "otros puntos" por resolver. En este sentido, ha descartado que hubiese perdido la apelación de forma definitiva, como sí han asegurado los medios británicos ─"la vista todavía sigue"─.

El anterior Ejecutivo ecuatoriano, presidido por Rafael Correa, concedió a Assange asilo político en 2012 pero Reino Unido, donde se encontraba en esos momentos, se negó a concederle un salvoconducto para que viajara a Ecuador alegando que debía ejecutar la orden de detención. El actual Gobierno de Ecuador, encabezado por Lenín Moreno, no ha ocultado su molestia por la situación "heredada", que ha llegado a calificar de "insostenible". Quito, que en enero concedió la nacionalidad a Assange para intentar desbloquear la situación, ha apelado sin éxito a la mediación internacional.